El ‘hachazo’ a las pensiones: una decisión injusta, torpe y falaz
Artículo en colaboración con Líneas RojasLíneas Rojas
El fracaso de la aplicación de una política de austeridad a ultranza se ha cobrado nuevas víctimas: los pensionistas. El “caprichoso” calendario electoral ha querido que gallegos, vascos y catalanes hayan ido a votar sin conocer cuál iba a ser finalmente la suerte de las pensiones en 2012. Esto es, si el Gobierno compensaría la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año como consecuencia de una revalorización inicial de las pensiones en enero pasado del 1% muy inferior al IPC interanual del 2,9% en el mes de noviembre, que es el que se toma como referencia según la Ley. Pese a que apenas cuatro días antes de tomar la decisión el Gobierno, por boca de su Secretario de Estado de Seguridad Social, todavía defendía que había margen para compensar esta desviación, el enésimo Decreto-ley aprobado por los populares ha dejado sin efecto este mecanismo legal de compensación, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de casi dos puntos (1,9%).
Ante todo, se trata de una decisión injusta. Todos los pensionistas, incluidos los perceptores de pensiones mínimas, sufren ese perjuicio en 2012: el pensionista medio (833 euros mensuales) habrá perdido sólo este año 222 euros. Y a ello hay que añadir el perjuicio que supondrá la suspensión del mecanismo de revalorización en 2013. Me explico. Las pensiones se incrementarán el próximo año en un 1 ó 2% en función de su cuantía; pero para los pensionistas (casi) tan relevante como esto es que tal será la subida cualquiera que sea la inflación en noviembre de 2013. Si tenemos en cuenta que en los quince últimos años –con la única excepción de 2009– el IPC se ha situado en noviembre siempre por encima del 2%, parece previsible que los pensionistas vuelvan a perder poder adquisitivo en 2013.
Por si no fuera poco, esta doble congelación parcial de las pensiones viene a añadirse a otras decisiones del Gobierno del PP que han recortado la renta disponible de los pensionistas con consecuencias directas en su calidad de vida y en la del resto de miembros de las unidades familiares en las que se integran cuyos ingresos dependen cada vez más de aquéllos. Se hace referencia a las subidas de impuestos (IVA, IRPF) pero, sobre todo, al recorte de las prestaciones por dependencia y al copago farmacéutico.
La decisión del Gobierno de Rajoy también es torpe, en la medida en que puede haber vulnerado la Constitución. Desde un punto de vista jurídico, la actualización de las pensiones por desviación de la inflación no es una mera expectativa, sino un derecho que al final del mes de noviembre ya se ha devengado conforme a lo que establece la Ley General de Seguridad Social. Por eso es razonable considerar que su inaplicación sobrevenida es, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, contraria a dos principios consagrados en el artículo 9.3 de nuestra Norma Fundamental: el de seguridad jurídica y el de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.
En tercer lugar, no menos grave es que pueda calificarse la decisión de falaz. No sólo por esas reafirmaciones sobre la voluntad del Gobierno de cumplir el mandato legal, por el incumplimiento de su programa electoral y de mandatos parlamentarios recientes o por la incoherencia de utilizar para justificar su actuación los mismos argumentos que tan fieramente criticaron desde la oposición. Sino, en particular, por la deliberada confusión con la que se aplica la medida: con tal de evitar el término “congelación” –y así seguir vinculando este estigma al PSOE– los populares optan por una fórmula que, respaldada por una potente política comunicativa, pretende ocultar que sólo en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas ha sido mayor que la que experimentaron durante el Gobierno de Zapatero.
Dos apuntes para finalizar. De un lado, esta reducción de las pensiones marca seguramente el inicio de un proceso agresivo de recortes en materia de Seguridad Social que, no se olvide, es el corazón de nuestro Estado de bienestar. De otro, el desgaste que previsiblemente va a sufrir el Gobierno de Rajoy como consecuencia de esta medida no va a poder a ser capitalizada por el PSOE si no es capaz antes de reconocer que congelar las pensiones en 2011 fue un error político mayúsculo.
