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El Defensor del Pueblo promueve cambiar la calificación de las VPO para evitar desahucios

Está recabando entre las administraciones número y régimen de los inmuebles disponibles en localidades andaluzas de más de 20.000 habitantes para cruzarlos con los demandantes de vivienda y facilitar el acceso a personas con menos recursos.

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Maeztu

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, está recabando información entre las distintas administraciones para comprobar el número de viviendas de proteccion que tienen disponibles y el régimen de titularidad de las mismas a fin de cruzar los datos con el número de personas demandantes de vivienda. El objetivo es conseguir el compromiso de ayuntamientos de localidades andaluzas de más de 20.000 habitantes y de la Junta de Andalucía para que modifiquen si es necesario las calificaciones de las viviendas de venta o compraventa a alquiler y facilitar en todo caso el acceso a las personas con menos recursos, evitando desahucios.

Maeztu pone sensatez a cuestiones lógicas, pero faltas de soluciones reales. No hay más que ver el gran número de desahucios en los últimos años y las dificultades de miles de familias por asegurarse un techo. Durante un almuerzo informativo en el restaurante La Raza de Sevilla, Maeztu se mostró en general sensible para tratar de dar "una respuesta cercana a la ciudadanía" y combatir en la medida de sus posibilidades "las consecuencias de la crisis". "La pobreza es transversal", apunta, aunque afirma que su mayor preocupación es "el desmantelamiento del Estado del Bienestar". Asegura que no quiere ser catastrofista, pero que a él le llega "lo que no funciona", y lamentó, como Defensor del Mneor, que los menores " carguen muchas veces con el peso" de la crisis de sus mayores.

Como ocurre con el caso de la vivienda y de los desahucios. No es la primera vez que aborda estas cuestiones Maeztu, que ya  instó al Ayuntamiento de Sevilla a dar salida a sus VPO vacías y que, en su informe anual,  advirtió de "la necesidad urgente y, en muchos casos, de emergencia, de muchas familias andaluzas de acceder a viviendas protegidas por la administración". Ahora, con una visión global pero con pretensión de atajar problemas concretas, ha remitido cuestionarios a los consistorios para conocer sus disponibilidades. Una aplicación informática hará el resto, cruzará los datos y se podrían empezar a dar soluciones a muchas situaciones de necesidad. "Me preocupa la patada en la parte", ha resumido. "Entren y vayan pagando de acuerdo a sus posibilidades", señala.

Si el sistema de adjudicación no funciona o se eterniza (un año y medio es la media del proceso en Sevilla), habrá que cambiarlo, ha venido a decir Maeztu, que aboga por la coordinación entre las administraciones, en el tema de la vivienda y en otras cuestiones. Cambiar la dinámica y cambiar la calificación de los inmuebles si ese es el problema. En Sevilla al menos, asegura haber obtenido el compromiso del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento para dicha modificación si así se estima necesario. na reunión con la empresa municipal Emvisesa podría aclarar aún más este asunto, anuncia Maeztu. Y también llevaría a entidades bancarias tal posibilidad. Lo ha conseguido con 337 viviendas de La Caixa y está en conversaciones con otras tres entidades con idéntico fin.

El acceso a los suministros básicos, la obtención de los ingresos mínimos (la renta básica, "no universal") y el empleo decente son otras de las cuestiones abordadas por Maeztu en el encuentro con la prensa. "¿Estamos construyendo una sociedad inclusiva para vivir mejor que antes?", pregunta al aire mientras denuncia que se ha agudizado la pobreza y se han bajado los salarios, haciendo referencias al reciente informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía de la Fundación FOESSA, que alertaba de que la integración social plena se corresponde con  "una estricta minoría" en la comunidad autónoma.

Los casos de corrupción tampoco pasan desapercibidos para Maeztu. "Irritado" como la mayor parte de la sociedad ("indignado ya suena a poco"), denuncia "un déficit de cultura de la ética de la cosa pública en España". Y relata cómo conoció una vez a un concejal muy comprometido con el tema de la prostitución y que no dejaba pasar la oportunidad de pagar con dinero público una visita a un club de alterne en otra ciudad. Aboga el Defensor por una "reeducación" en general, por promover el diálogo y por saber "distinguir la picaresca de la necesidad". "Si se cumpliera sólo el 50% de las leyes de este país, España sería Heidi". Palabra de Defensor.

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