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Imputados 13 cargos del Ayuntamiento de Jerez, entre ellos cuatro concejales del PP

El juzgado amplía la querella de la sociedad que fuera concesionaria del servicio de autobuses urbanos del municipio.

Entre las personas imputadas por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, prevaricación y administración desleal está el secretario provincial popular, Antonio Saldaña.

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El Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha admitido a trámite la ampliación de la querella de la sociedad Urbanos Amarillos, la que fuera concesionaria del servicio de los autobuses urbanos en el municipio, contra el gobierno local de Jerez. Así, ha citado a declarar a 13 personas en calidad de imputados, entre los que se encuentran cuatro concejales del PP.

En el auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 cita a delegados municipales y altos cargos por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, prevaricación y adminstración desleal por el caso de rescate de la concesión del servicio de transporte urbano a la sociedad denunciante en junio de 2012. Entre los 13 citados se encuentran el primer teniente de Alcaldía, portavoz municipal y secretario provincial del PP, Antonio Saldaña; el delegado de Recursos y Seguridad, Javier Durá; el de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz; y el de Economía, Enrique Espinosa.

Tanto Saldaña como el resto de acusados tendrán que acudir a los juzgados de instrucción entre los días 14 y 16 de abril tras haber sido admitida a trámite la ampliación demanda de la empresa sevillana por la decisión municipal de "secuestrar el servicio" en vísperas de la Feria del Caballo de 2012 ante los "reiterados incumplimientos" de la entonces concesionaria alegados por el gobierno municipal del PP.

Sobre la actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), que ya declaró de forma voluntaria en el mes de noviembre -antes de la ampliación de la querella- el juez considera que "procede inadmitir a trámite la querella respecto de María José García-Pelayo, al ostentar ésta la condición de senadora según se ha acreditado en la causa, y estar aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), por lo que invita a Urbanos Amarillos a "dirigir la acción penal" ante la Sala de lo Penal del TS.

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