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La Junta prevé ahorrar 55 millones en comisiones de los ERE con el nuevo procedimiento


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   El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado este miércoles que la Junta prevé ahorrar en torno a 55 millones de euros en comisiones de expedientes de regulación de empleo (ERE) gracias a la entrada en vigor en 2012 del Decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores afectados por la reestructuración de empresas y sectores en crisis, el cual, ha "reorganizado y mejorado" el procedimiento de gestión y control de dichas ayudas.

   Así lo ha dicho Sánchez Maldonado en el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha celebrado que dicho decreto esté "cumpliendo sus objetivos" y "teniendo como efecto" para este 2013 la novación de 7 pólizas de seguro colectivo de rentas --cuyos gastos se han reducido ajustando al valor medio de mercado al 2,6% las comisiones que ya fueron fijadas y abonadas en su día y eliminando las comisiones desde la entrada en vigor del decreto-- y un ahorro sólo por este concepto de 7,9 millones de euros.

   A estos casi ocho millones habrá que sumar otro ahorro de "cerca de 22 millones" que se producirá a lo largo de 2014 teniendo en cuenta que, durante ese ejercicio, el Gobierno andaluz prevé hacer efectivas 34 novaciones más de pólizas. Según ha explicado el consejero, a esto también habrá que sumar que la Junta va a dejar de pagar, "a futuro", un total de 25 millones de euros "al haber eliminado las comisiones tras la aprobación del decreto", lo que eleva el ahorro de la Administración autonómica hasta 55 millones de euros.

   Es por eso por lo que Sánchez Maldonado ha ensalzado el trabajo de la Junta para "recuperar el dinero" y para que "esto no vuelva a suceder" en Andalucía, ya que "el interés del Gobierno es esclarecer los hechos y recuperar el dinero usado de forma debida", ha insistido ante las acusaciones del portavoz del PP-A Rafael Carmona de que la Junta no está poniendo todos los mecanismos posibles para el reintegro de los fondos públicos "defraudados".

   El consejero, además, ha querido dejar claro durante su comparecencia que "hay que deslindar el uso eficaz y eficiente del instrumento" de los ERE con su "utilización fraudulenta, y sobre todo, con elevar a la máxima potencia el volumen del fraude porque son muchos los trabajadores, 6.400, los que se han beneficiado de estas ayudas". Así, ha recordado que son sólo 235 trabajadores "los que presentan alguna irregularidad en la percepción de ayudas" y que, de ellos, "sólo 71 tienen condición de intrusos".

   Tras aclarar que no es que estas cifras justifiquen nada porque él "condenaría que hubiera un sólo intruso", Sánchez Maldonado sí ha insistido en que "los datos son los que son" y que los 'intrusos' representan sólo al 1,1 por ciento de los beneficiaros.

   "Son una barbaridad y pido perdón a los andaluces por ello, no me duelen prendas en hacerlo; pero son un 1,1 por ciento y no podemos cuestionar por ellos todo el proceso", ha apostillado tras negar igualmente que el dinero indebidamente otorgado sea de 1.500 millones como cifra el PP-A porque, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, "los importes de los créditos definitivos y pagos de ayudas sociolaborales con cargo a la partida 31L --también conocida como fondo de reptiles-- entre 2001 y 2010 asciende a 784,2 millones".

   En esta línea, el consejero ha defendido que fue el Gobierno andaluz el que "denunció" el caso ante la Fiscalía al advertir un presunto delito de estafa en Mercasevilla y que, desde ese momento, ha mantenido "una colaboración activa" con el único objetivo de "esclarecer los hechos" pese a que los 'populares' andaluces no quieran escuchar las aclaraciones de la Junta y tengan "el guión escrito, el juicio hecho y la sentencia dictada de antemano".

   Por ello, ha vuelto a recordar que para recuperar el dinero percibido indebidamente por prejubilaciones (un total de 17,7 millones), la Junta ha abierto 103 expedientes de reintegros, por los cuales, ya se han solicitado devoluciones por valor de 11,2 millones, de los que han entrado en vía de apremio solicitudes por un total de 6,1 millones. El consejero ha explicado que el resto de requerimientos de reintegro de las cantidades han sido recurridos judicialmente, lo que condiciona el ritmo de las devoluciones a las decisiones judiciales en cada caso. Ante este escenario, ha asegurado que "la Junta de Andalucía agotará todas las vías disponibles para la restitución de las cantidades indebidamente percibidas".

   A su juicio, esto pone "claramente de manifiesto que el Gobierno andaluz ha colaborado desde el primer momento sin ningún tipo de reservas" para el reintegro de este dinero y para el esclarecimiento de los hechos en sede judicial, algo que Carmona ha rechazado porque, según ha argumentado, de ser así la "investigación policial y judicial" no se hubiera "extendido a casi todas las consejerías y empresas públicas de la Junta" en los últimos 15 días y, además, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, habría acudido a este debate parlamentario para "dar la cara" y "contestar a la gran pregunta: ¿cuántos fondos de reptiles hay en la Junta?".

LO DE DÍAZ ES "PURO TEATRO"

   Esta ausencia, por tanto, ha sido interpretada por el PP-A como otro ejemplo de "complicidad" con la corrupción, de "incompatibilidad  con su discurso de la transparencia" y, sobre todo, como "teatro, puro teatro".

   Carmona, que ha advertido de que el PP-A no pone en duda el procedimiento administrativo sino "cómo se han repartido las ayudas para dilapidar los miles de millones de euros que se han dilapidado", ha tachado de "patéticos" los argumentos esgrimidos por Sánchez Maldonado y ha dicho que la posición que mantiene es un "imposible" porque el Gobierno andaluz ni asume responsabilidades políticas por este "fraude" ni reconoce "que este sistema se creó ex profeso para evitar la intervención y el control" del dinero que repartieron "entre los trabajadores de las empresas que ellos quisieron".

   Ante ello, ha retado a Díaz a abandonar el discurso de que el caso de los ERE es sólo de "tres o cuatro golfos" y a "subir todos los peldaños de la escalera" para señalar también a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Pero no lo hará porque algún tramo de esa escalera de responsabilidad política le corresponde también a la presidenta, concretamente, el tramo de la sierra norte de Sevilla. Porque nadie sabe mejor lo que ha ocurrido con este fraude que el PSOE, y más el de Sevilla", ha apostillado Carmona.

   El 'popular' también ha considerado "un chiste malo" que la Junta diga que ha sido la primera en denunciar el caso y ha acusado al consejero de "mentir" cuando cifra en algo más de 700 millones los 1.500 que, a juicio del PP-A, "se han dilapidado en este caso". También le ha afeado que la Junta defienda a los altos cargos que están imputados en la causa y demuestre así que hay "una connivencia clarísima con ellos".

   Asimismo, Carmona ha lamentado que la Junta siga "usando y utilizando como escudo" a los 6.400 extrabajadores de empresas en crisis y ha advertido de que, por mucho que se intente justificar la Administración autonómica, no puede negar que en este caso "se han llevado el dinero comisionistas, intermediarios y despachos de abogados". "Claro que a los trabajadores hay que ayudarlos, pero los han utilizado para robar y han buscado un procedimiento absolutamente ilegal y fuera de la ley para ello: las transferencias de financiación. El problema es que los hemos pillado", ha argumentado al respecto.

   Finalmente, el dirigente 'popular' ha lamentado el "papelón que le ha tocado hacer" a Sánchez Maldonado y ha advertido a los miembros de IULV-CA de que "también son responsables" de este "fraude" porque son "colaboradores necesarios para que no se sepa toda la verdad".

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