Maeztu pide una nueva regulación del salario social mientras se articula la renta básica andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido una nueva regulación del Ingreso Mínimo de Solidarid (IMS), más conocido como salario social, porque considera que el sistema “está obsoleto”, mientras se articula la renta básica prevista en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este martes tras presentar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el informe especial '25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz', elaborado tras las 905 quejas y 1.949 consultas recibidas en la Defensoría entre 1991, cuando se puso en marcha el primer decreto del Programa de Solidaridad --el también llamada salario social--, y 2016, es decir, en total 2.854 actuaciones. Los años que han acumulado mayor número de quejas han sido 2014, con 145, 2015, con 206 y 2016, con 170. También señala que en 2017 la institución lleva recibidas cuatro quejas y 74 consultas, por lo que el total ya se acerca a los 3.000 actuaciones.

Además, El Defensor ha señalado que en la página web de la institución se ha creado una especie de foro en el que hay 1.143 comentarios al hilo del salario social y 75.018 visitas en los años 2015 y 2016. “Sólo en 2017 ya se han recibido más de 600 comentarios, debidos a los tradicionales retrasos en el pago de primeros de año”, señala Maeztu.

Entre las deficiencias en la aplicación del programa de solidaridad, que “se dan desde el primer decreto en 1990 y que lamentablemente perduran hasta la actualidad”, apunta Maeztu, está “la excesiva lentitud en el procedimiento administrativo y desigualdades territoriales en la gestión, las dificultades presupuestarias o la temporalidad de seis meses de la ayuda”. “Resulta por tanto evidente que la inmediatez de la intervención social ha quedado sepultada por el marasmo de la lentitud burocrática y por la imposibilidad de resolver los procedimientos en unos plazos aceptables”, subraya.

Asimismo, destaca que la crisis económica “viene a suponer a partir de 2008 un importante crecimiento de peticiones”, y añade que “al perfil clásico de solicitantes, cuyas condiciones se deterioran aún más, se les unen familias jóvenes, lastradas por un historial de pérdidas acumuladas de empleos; mujeres solas con cargas familiares; jóvenes desempleados; familias normalizadas arrastradas por la vorágine del desempleo, la acumulación de deudas, la pérdida de la vivienda y la aparición de problemas mentales, alcoholismo o drogadicción”.

EL PAGO DEL SALARIO SOCIAL EN 2015 “SE RETRASÓ” UNOS 12 MESES

En este sentido, lamenta que pese a que el Decreto-ley 7/2013 de exclusión social de 30 de abril preveía reducir el tiempo de tramitación del salario social de tres a dos meses para “solventar la lentitud administrativa”, los resultado “han sido muy pobres a partir de 2013” y en 2014 y 2015 la institución “ha seguido recibiendo un importantísimo número de quejas de la ciudadanía sobre el retaso en el reconocimiento y el pago del salario social”, así como “sobre la interrupción de su cobro en enero y febrero”, asegura. Al respecto, critica que en 2015 la media de retraso de una ayuda desde su solicitud “era de diez o doce meses”.

De este modo, entre las conclusiones que presenta este informe, y “a la luz de las carencias que se siguen detectando en la aplicación del salario social”, el Defensor se muestra convencido de lo “inaplazable de la derogación del programa actual y sus sustitución por una nueva regulación” en relación a la renta básica, que debería formularse como un derecho subjetivo igual para todos los ciudadanos del Estado en situación de necesidad, si bien hasta tanto la misma se apruebe, la reforma del salario social “no puede aplazarse por más tiempo”, asegura.

“Estamos seguros de que gracias al Programa de Solidaridad muchos miles de familias andaluzas han visto paliadas sus circunstancias de pobreza. En Andalucía, con las situaciones de pobreza y marginación que existían y siguen existiendo, es una necesidad ineludible un programa de estas características”, destaca Maeztu, que celebra que el Plan Anual Normativo, aprobado el pasado 14 de febrero por el Consejo de Gobierno, recoja entre sus iniciativas legislativa para 2017 este decreto 2/1999, por lo que “parece que hay una voluntad de cambiarlo”.

Al respecto, el Defensor del Pueblo Andaluz espera que en un futuro la norma prevista recoja las más de 20 propuestas de la institución, enviadas el pasado 30 de enero a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y entre las que la “primera y esencial”, reitera Maeztu, “sería la derogación de este programa y su sustitución por otro”. “Sería deseable que la nueva norma que se apruebe garantice esta prestación como derecho subjetivo ante la Administración competente para las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso, y como prestación que va a

quedar garantizada en el futuro Catálogo de Prestaciones que se contempla en la recién aprobada Ley de Servicios Sociales“, incide.

Igualmente a esta propuestas se suman otras como aclarar el concepto de unidad familiar adaptado a las actuales circunstancias sociales; armonizar la ley orgánica 4/2000 y Ley de Servicios Sociales de Andalucía para el reconocimiento de personas extranjeras no comunitarias; reconsiderar la previsión de medidas adicionales al salario social; analizar la pervivencia del compromiso de inserción; valorar la existencia de comisiones de valoración; aclarar si el salario social es una subvención u otro tipo de prestación económica; estudiar la posibilidad de que Tesorería lo pagase como si se tratase de una nómina; o ampliar anualmente el crédito presupuestario hasta la cuantía necesaria según demanda