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Pendientes del desalojo de su casa tras el suspenso de la ley andaluza antidesahucios

Una pareja y sus dos hijos llegan al juicio por la ocupación de su propia casa que hubieran podido suspender acogiéndose a la ley andaluza ahora en suspenso tras el recurso del Gobierno.

La familia fue desahuciada por sorpresa en octubre de 2012 por impago de un préstamo y volvieron a su casa a los pocos días, donde un juez les dejó vivir hasta la celebración del juicio.

“Si el PP no hubiera recurrido la ley de la función social de la vivienda de Andalucía, seguramente se hubiera suspendido este juicio”, alegan desde la plataforma Stop Desahucios.

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Lourdes Castro, antes del juicio, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Córdoba.

Lourdes Castro, antes del juicio, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Córdoba.

Lourdes, su marido y sus dos hijos menores viven desde este martes pendientes de lo que dictamine un juez por ocupar su propia vivienda cuando habían sido desahuciados de ella. Sin trabajo ni otros recursos, señalan que el juicio al que se enfrenta Lourdes por un delito de ocupación se hubiera podido suspender acogiéndose a la ley andaluza antidesahucios, ahora en suspenso tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno central contra ella.

"Si el PP no hubiera recurrido la ley de la función social de la vivienda de Andalucía, seguramente se hubiera suspendido este juicio", alegan desde la plataforma Stop Desahucios en Córdoba, cuyos integrantes han acompañado y apoyado a Lourdes ante las puertas de los juzgados, después de haber intentado negociar estos meses atrás con la firma propietaria de la vivienda, con quien no se ha llegado a ningún acuerdo.

Y es que, en efecto, la primera estrategia prevista por la defensa de Lourdes en el juicio celebrado este martes había sido solicitar la suspensión del mismo acogiéndose a la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios. Pero sólo una semana antes, el Tribunal Constitucional habías dejado en suspenso la ley andaluza.

Petición de desalojo inmediato

Desechada hoy esta petición por el juez, Lourdes y su familia esperan ahora conocer si tendrán que desalojar su casa. "Estoy dispuesta a luchar por mí y por mis niños. A resistir", señala para explicar que, sin ingresos, no tienen otra alternativa para que sus hijos tengan un techo donde vivir.

Por eso, espera que el juez permita la opción de la dación en pago o un alquiler social, frente a la petición de la firma actual, propietaria de la vivienda, que pide el desalojo inmediato y una multa de 3.000 euros. La Fiscalía, por su parte, no ha pedido el desalojo sino sólo el abono de una multa menor, mientras que la defensa de Lourdes ha puesto sobre la mesa que el desahucio deja sin alternativa de vivienda a los menores hijos de la pareja, ahora además sin poder acogerse a la ley antidesahucios de Andalucía.

Así las cosas, aún quedan unos días de incertidumbre hasta que el juez resuelva en qué termina una situación que comenzó en octubre de 2012 cuando, sin previo aviso, Lourdes y su familia fueron desalojados de su vivienda al quedarse sin trabajo y no poder hacer frente al pago de un préstamo que solicitaron para hacer obras de mejora. En ese momento, Lourdes, que se encontraba sola en casa, se vio obligada a recoger en unas bolsas lo poco que pudo y a salir de su hogar. Justo después, se procedió a cambiar la cerradura de la vivienda.

Okupas en su propia casa

La familia se vio en la calle pero, a los pocos días y tras el aviso de un vecino que había encontrado abierta la puerta de la casa, Lourdes y su marido decidieron volver allí ante el temor de que otras personas entraran y les robaran todo lo que tenían y que habían tenido que dejar allí tras el desahucio exprés. Desde entonces, más de un año después, Lourdes y su familia han vivido de okupas de su propia casa. Un juez les permitió hacerlo al atender la petición de la pareja para permanecer en la casa al menos, hasta la celebración del juicio. 

La pareja se quedó sin trabajo en 2009 y fue entonces cuando empezaron a no poder hacer frente a un préstamo de 72.000 euros del Banco Santander para realizar una reforma en la vivienda. Siguieron pagando todos los recibos de servicios de la casa y los gastos del día a día de la familia, pero dejaron de abonar las cuotas del préstamo que ascendían a unos 500 euros al mes. Pese a los intentos de llegar a un acuerdo con el banco para ver el modo de pago de los 60.000 euros que les restaban por abonar e incluso de realizar un esfuerzo para ingresar 1.500 euros, finalmente se quedaron sin su casa y ésta fue a parar, tras una subasta, a manos de la firma Propiedades Residenciales, con sede en Luxemburgo.

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