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Los agentes locales de promoción del empleo cumplen un año esperando su readmisión

El Tribunal Supremo comenzó en febrero de 2014 a dictar sentencias en las que declaraba nulos sus despidos. 

La Junta de Andalucía ha creado una mesa técnica, pero sostiene que el Gobierno de la Nación debe aportar el dinero.

El presidente del PP-A se compromete a readmitirlos "lo antes posible" si gana y acusa a Susana Díaz de "marearlos".

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Juan Manuel Moreno con los alpes.

El presidente del PP-A y otros cargos del partido, con el colectivo, este jueves.

En 2012 la Junta de Andalucía despidió a 787 agentes locales de promoción del empleo como resultado del plan de reorganización de sus entes instrumentales, impuesto por el Gobierno de la Nación y que ha conllevado la supresión de las 95 unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico (utedlt) donde trabajaban. Se cumple un año desde que el Tribunal Supremo (TS) emitió la primera sentencia declarando la nulidad de los despidos a la que han seguido otra veintena del alto tribunal y medio centenar del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). La Junta de Andalucía ha constituido una mesa técnica para estudiar el cumplimiento de las sentencias, para lo que necesita que la Administración General del Estado (AGE) aporte el dinero, pero los alpes -como se les conoce- están cansados de esperar. 

El presidente del PP-A y candidato a la presidencia, Juan Manuel Moreno, se ha reunido este jueves con ellos y ha reiterado su compromiso de reincorporarlos "lo antes posible" si es presidente. Entiende el líder del PP-A que no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de "acatar la ley", y en su opinión, corresponde toda la responsabilidad a la presidenta, Susana Díaz. La ha acusado de hacer "caso omiso" y de "marearlos con mesas de trabajo, lo que indigna todavía más a este colectivo". 

Ha dicho que este caso "es un ejemplo más de los graves errores de gestión de Susana Díaz", que lleva ya acumulado un coste de "61 millones de euros más los intereses" en las indemnizaciones que deberían percibir, pero sobre todo ha incidido en que detrás de este colectivo hay "personas con familias que se ven en una grave situación para poder subsistir". 

En esto ha coincidido el portavoz el colectivo, Javier Urbano: "No es de recibo mandar a la calle a los alpes con los problemas de paro que hay en Andalucía (...). No somos enchufados, somos licenciados y diplomados que hemos pasado un proceso selectivo y ahora nos vemos obligados a mendigar nuestro puesto de trabajo y que se cumplan las sentencias". En este sentido, no ha querido ir contra otros colectivos afectados por el plan de reorganización de la Junta de Andalucía, pero sí ha remarcado que la mayoría han sido recolocados mientras que ellos son los únicos que se han quedado "todos fuera".

La Junta de Andalucía ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de cumplir las sentencias -que por ahora han completado hasta el final unos 150 afectados- pero también ha argumentado que no dispone de presupuesto para ello -insiste en que debe aportarlo la AGE- ni se siente responsable en origen de la situación. De hecho, se escuda en los recortes impuestos por el Gobierno de la Nación, que obligó a racionalizar la administración paralela con la fusión y extinción de entes instrumentales. Lo cierto es que los primeros contactos de la mesa técnica ya se han mantenido sin que los alpes hayan percibido "ningún avance".

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