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ARAGÓN

ENTREVISTA: Objeción fiscal

"Calculamos que el gasto militar por habitante supera este año los 700 euros"

Jesús Paz es integrante del Colectivo Antimilitarista Mambrú

"En el 94% de los casos, Hacienda ni siquiera se da por enterada de la objeción fiscal al gasto militar"

"Sólo con el dinero que Defensa ha gastado por encima de lo presupuestado en 2015, podríamos pagar el salario mínimo de 296.000 refugiados durante un año"

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Jesús Paz, del Colectivo Antimilitarista Mambrú

Jesús Paz, del Colectivo Antimilitarista Mambrú JUAN MANZANARA / ZARAGOZA

Una antigua canción infantil contaba que cuando Mambrú se fue a la guerra, dejó “dolor, dolor y pena”. Lo que no decía es qué parte de los ahorros se llevó. Ni tampoco si la familia estaba o no de acuerdo. Hoy en día, las asociaciones antimilitaristas invitan a los ciudadanos a negarse a financiar con sus impuestos el gasto militar. Nos lo cuenta Jesús Paz (Cádiz, 1963), integrante del Colectivo Mambrú, que impulsa el proyecto social recomendado este año como alternativa por objetores fiscales de toda España.

¿En qué consiste la objeción fiscal?

No es una pauta regulada por Hacienda, sino una campaña de desobediencia civil que se practica desde hace más de treinta años en países como España, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Francia o Italia. Simplemente, se trata de utilizar la declaración de la renta como una herramienta para conseguir destinar a un fin socialmente útil la parte del gasto militar de cada ciudadano. Alternativa Antimilitarista coordina una campaña a nivel estatal para facilitar al máximo que la gente participe. Recopilamos datos de varios centros de investigación para la paz y hacemos un estudio sumando al presupuesto del Ministerio de Defensa el gasto que suponen otros cuerpos armados y también otro tipo de partidas que están distribuidas por distintos ministerios, como los créditos a las empresas de armamento para supuesta investigación y desarrollo de carácter militar. Estos créditos, en realidad, han terminado financiando la industria del armamento, generando además 27.000 millones de deuda. Incluimos también el gasto que, desde nuestra concepción, tiende a una sociedad más militarizada: por ejemplo, una gran parte de la población carcelaria lo es porque el sistema no facilita la integración social. Entonces, con todo el gasto militar global y el gasto represivo del estado y de control social, calculamos que el gasto militar por habitante supera este año los 700 euros. De todas formas, dejamos bien claro que el objetivo no es objetar una cantidad determinada, sino que la gente dé ese paso de desobediencia y manifieste que no está de acuerdo. Desde la conciencia, actuando colectivamente, es una campaña política organizada de desobediencia. También dejamos muy claro que esto no es una campaña para pagar menos a Hacienda: la persona objetora fiscal paga exactamente lo mismo que le pide Hacienda, pero una parte de su dinero no lo destina a gasto militar, sino a un proyecto social.

¿Cómo recomendáis llevar a cabo esa objeción?

El mecanismo sería no hacer la declaración a través de internet, sino de forma presencial a partir del 10 de mayo, porque lo que queremos es dejar constancia por escrito de nuestra acción, que sea pública. Entonces, en las casillas de retenciones y demás pagos a cuenta, este año recomendamos modificar la casilla 543. Entregamos la declaración con esa cantidad corregida, aclarando que es por objeción fiscal al gasto militar. Adjuntamos el recibo del ingreso al proyecto alternativo y una carta que explica nuestras razones. Cualquier persona puede hacerlo, tanto si la declaración sale a pagar, a devolver o con cuota líquida cero.

¿Qué castigo puede conllevar este acto de desobediencia?

No es un delito fiscal, en todo caso sería una infracción administrativa. En un gran porcentaje de casos, Hacienda ni siquiera se da por enterada de que hemos realizado el desvío. Cuando envía una declaración paralela, recomendamos hacer un recurso de reposición y habitualmente Hacienda se conforma con el abono de la cantidad que ha sido objetada. En algunas ocasiones pueden reclamarnos los intereses de demora, que es un porcentaje relativamente asumible. Sólo muy excepcionalmente, Hacienda ha llegado a multar. De las cerca de 230 objeciones de las que tenemos noticia en Aragón en los últimos cinco años, apenas el 6% ha recibido simplemente una declaración paralela. Y en los últimos diez años, que sepamos, Hacienda solo ha intentado multar a una persona en Aragón; esa sanción está recurrida en el Tribunal Económico-Administrativo.

¿Ha llegado algún caso de objeción fiscal al gasto militar a los tribunales ordinarios?

Nosotros no damos trascendencia al trámite jurídico; el reconocimiento del derecho a la objeción fiscal ya ha sido rechazado en dos o tres ocasiones por distintas instancias. La filosofía de la inmensa mayoría de los grupos de la campaña no es buscar que un organismo jurídico nos dé la razón legal; es fundamentalmente una campaña de denuncia. Con todo, hay una sentencia peculiar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la objeción fiscal del diputado Joan Surroca, del PSC: aunque el Tribunal rechazó el derecho a la objeción fiscal, también consideraba ilícito que Hacienda multara a Surroca por algo que no se podía considerar que tuviera dolo, es decir, intención de ocultar dinero. Consideramos un pequeño éxito que el Tribunal reconociese que no era simplemente una cuestión particular ni una engañifa para pagar menos. Hay una laguna cuando alguien no hace lo que ordena Hacienda, pero lo hace de forma pública, sin ocultación.

¿Hay datos de cuánta gente suele hacer objeción fiscal cada año?

Desde hace diez años, el grupo de Alternativa Antimilitarista Tortuga impulsa un balance por comunidades autónomas y por provincias, con el detalle de los proyectos que se han apoyado. En la campaña 2014, se hicieron 773 objeciones por un importe de más de 91.000 euros; fueron 143 objeciones menos que el año anterior.

¿Qué tipo de proyectos suelen financiarse con la objeción fiscal?

Cada persona elige libremente el proyecto que quiere respaldar, pero los grupos promotores de la campaña seleccionan un proyecto y lo recomiendan. Intentamos desviar el dinero hacia proyectos que sabemos que no van a tener respaldo institucional con facilidad y que sean de grupos que se auto-gestionan. Este año, el Colectivo Antimilitarista Mambrú nos hemos integrado en el grupo promotor de un proyecto documental sobre la campaña de insumisión al servicio militar obligatorio, quince años después de su supresión. Editaremos un libro-dvd, con entrevistas y otros materiales, que se titulará Las trece puertas. El título viene de un comentario de uno de los insumisos entrevistados, que dice que es el número de puertas que tenía que atravesar desde su celda hasta salir a la calle en la cárcel de Torrero. Alternativa Antimilitarista también respalda este proyecto en todo el estado.

Quince años después del servicio militar obligatorio, ¿ha decaído el activismo anti-militarista?

Sí, claro, se ha notado, influye mucho cuando tu propia situación vital te empuja a reflexionar. Ahora, esa situación de empuje vital la tienen, por ejemplo, la gente que está sufriendo los desahucios. Ese movimiento, como el de las plazas del 15-M, es heredero de las formas de actuar y de la filosofía de transformación social que planteó la insumisión en su momento. La objeción al servicio militar ha contaminado la mayoría de las luchas sociales, con la percepción de la importancia de la desobediencia civil, de que los cauces reglados tienen muchas limitaciones y que es importante que la gente tome sus propias decisiones y se organice e intente transformar socialmente, no solo ni necesariamente a través del voto.

¿Tenéis la impresión de que la gente ya casi no se acuerda de la mili obligatoria, a pesar de que sólo han pasado quince años?

Sí, esa es una de las razones para hacer el documental. En una de las entrevistas, un compañero de Zaragoza comenta que no nos podemos confiar alegremente, que hay que estar siempre defendiendo los éxitos que se logran en las luchas. La confianza en que los derechos conquistados a lo largo de décadas van a permanecer siempre es una debilidad de la sociedad porque eso no es así en absoluto: o la gente está detrás del avance de las sociedades o la regresión siempre puede darse.

¿Os preocupa que la imagen del ejército haya mejorado mucho en las encuestas?

Según nos vamos alejando históricamente del franquismo, parece que lo más feo de los ejércitos ya no existiera. Con todo, lo cierto es que cuando preguntamos a la gente en qué quiere gastar los presupuestos del estado, cuáles son sus prioridades, el gasto militar siempre aparece en las últimas posiciones. Desde nuestra óptica, está bastante claro que la mejora de la imagen ha sido forzada a base de marquetin y que, aun así, hay una resistencia poderosa de la gente a ver como útil o incluso como necesario el gasto militar. Sobre todo, porque también se ve constantemente en todos los conflictos internacionales que lo que cuenta el estado sobre el ejército es una utopía, nunca funciona así en la realidad. Nos dicen que los ejércitos están para defender nuestros derechos y libertades, pero vemos que no benefician al conjunto de la sociedad de los países en conflicto y también que no son defensivos; son ofensivos, se actúa militarmente en base a los intereses geoestratégicos y no a supuestos principios de igualdad o de justicia social. Por eso, hay algo ahí que no termina de calar y que se refleja en la contradicción entre las encuestas del CIS que valoran muy positivamente al ejército y el rechazo al gasto militar. Esa valoración positiva a veces tiene que ver con el contacto humano, con si te caen simpáticos los militares, mientras que el rechazo al gasto en Defensa es un concepto más político de la cuestión.

¿Os gustaría dejar a cero el gasto militar desde ya, desde 2016?

Evidentemente, nuestro gasto militar ideal es el cero, pero de la noche a la mañana estas cosas no se consiguen. Sin embargo, es curioso comprobar para qué tiene dinero el estado y para qué no. Ahora, que toda la población está muy sensibilizada con los refugiados, podemos fijarnos sólo en el dinero que sistemáticamente el Ministerio de Defensa se gasta por encima de lo que se había presupuestado en 2015: con esos 2.334 millones, podríamos financiar el salario mínimo interprofesional durante un año para 296.000 refugiados, más de un tercio de toda la población de Zaragoza. Un estudio demuestra que en los últimos diez años, como media, el Ministerio de Defensa ha gastado un 18% por encima del dinero que se había asignado. No podemos cambiarlo todo de golpe, pero que tampoco nos engañen, que no nos digan que es imposible acudir a otras partidas.

Evidentemente, ese desfase presupuestario continuado no es habitual en otros ministerios...

No, qué va. Además, está demostrado que en los periodos expansivos el presupuesto que más crece siempre es el del Ministerio de Defensa. Y en los periodos de recortes, el presupuesto que menos se ha recortado es el del Ministerio de Defensa.

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