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¿Para quién trabaja Tejerina? Un pozo negro de subvenciones y maltrato animal

La ministra reconoció que no había visto el programa, pero, aún así, sentenció tajante que el reportaje "no hace justicia al sector"

Justo antes de ser ministra, Tejerina ocupó un alto cargo en la principal empresa de fertilizantes agrícolas en España, Fertiberia: un ilustrativo caso de puerta giratoria y de la influencia del lobby agroindustrial

La industria porcina española, asociada en Interporc, recibió en 2016 más de un millón de euros de Europa para publicidad y otras promociones del consumo de carne de cerdo. El Pozo y Cefusa habrían llegado a recibir otros 5 millones de euros

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Cerdos de la granja Hermanos Carrasco en Alhama, proveedora de El Pozo, investigada por el programa Salvados/ Igualdad Animal

Cerdos de la granja Hermanos Carrasco en Alhama, proveedora de El Pozo, investigada por el programa Salvados/ Igualdad Animal

Cerdos con malformaciones y arrastrando tumores sangrantes. Animales agonizando. Cerdos comiéndose a otros. Animales muertos en contenedores, que no lograron llegar vivos al matadero. Esas fueron algunas de las imágenes que mostró el pasado domingo el programa Salvados de La Sexta.

Las imágenes fueron obtenidas tras una visita clandestina de Jordi Évole e investigadores de la ONG Igualdad Animal a una granja de Alhama, Murcia. Las instalaciones proveen a Cefusa, empresa que a su vez abastece de cerdos y vacas a la famosa El Pozo. Ambas empresas pertenecen al Grupo Fuertes. El área agroalimentaria del grupo también congrega a Agrifusa (agricultura), Fripozo (ultracongelados), Aquadeus (embotelladora de agua), Bodegas Luzón (vinícola) y Palancares Alimentación (quesos y lácteos), entre otras sociedades. A su vez, poseen inversiones hoteleras (Vis Hoteles), inmobiliarias (Profusa), petroquímicas (Aemedsa), azulejeras (Todagrés), parques temáticos (Terra Natura), acciones en Sacyr y firmas de capital riesgo (Infu Capital).

A pesar de las evidentes condiciones de descuido, maltrato y sufrimiento en que se encontraban los animales, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no tardó en defender a la empresa en cuestión. Tejerina reconoció que no había visto el programa, pero, aún así, sentenció tajante que el reportaje "no hace justicia al sector". Jordi Évole replicó en Twitter que “la MINISTRA de TODOS: Hace suya la versión de ELPOZO. NO exige investigar lo que enseñamos. Y todo, SIN ver el programa. ¿Para quién trabaja?".

¿Para quién trabaja Tejerina? Al menos justo antes de ser ministra, ocupó un alto cargo en la principal empresa de fertilizantes agrícolas en España, Fertiberia. Según Veterinarios Sin Fronteras, se trata de “un ilustrativo caso de puerta giratoria y de la influencia del lobby [agroindustrial]”.

Para comprender cómo el poder público hace suya la versión de una empresa privada y cómo los medios de comunicación han silenciado las fundadas denuncias de Igualdad Animal, es imprescindible tener en perspectiva quién les financia. Por una parte, tanto El Pozo como el sector porcino en general han invertido millones en medios de comunicación, contratando abundante publicidad en diferentes medios. Sin ir más lejos, el pasado martes la industria porcina dedicó una buena cantidad de dinero para que diversos periódicos publicaran páginas completas sobre el  “liderazgo, sostenibilidad y compromiso social” del sector. La iniciativa estuvo promovida por Interporc, la asociación gremial de la explotación de cerdos en España.

¿De dónde sale ese dinero? En parte, de nosotros. Todas las personas que somos contribuyentes en Europa le regalamos más de un millón de euros a la industria porcina española para este tipo de publicidad y otras promociones del consumo de carne de cerdo. Por ejemplo, en 2016, 1.366.348,20 euros de nuestros bolsillos se entregaron a Interporc para financiar su campaña 'Pork Lovers Tour', tal y como informó en 2016 la Comisión Europea. Ese casi 1,4 millones de euros no es un coste marginal. Por el contrario, se trata de alrededor del 70% del coste total de la campaña (1.9514.916,00 euros). Es decir, si los empresarios de la explotación de cerdos no hubiesen recibido nuestro dinero, probablemente la campaña no se habría llevado a cabo.

No obstante, el casi 1,4 millones de euros que hemos obsequiado a Interporc es realmente una minucia. Con la entrada de  Phil Hogan a dirigir la Comisión de Agricultura en la Unión Europea, el presupuesto para promover el consumo de carne de cerdo y de lácteos no ha hecho más que aumentar, elevándose en 2016 hasta 30 millones de euros. Algo así como 21 veces más de lo que le dimos en 2016 a Interporc.

El Pozo, en particular, también se ha llevado sendas sumas de nuestro dinero para sufragar el horror que destapó Salvados el pasado domingo. Ya en 2008, la Comisión Europea ordenó una investigación sobre las ayudas que habría recibido El Pozo de parte de las autoridades españolas. Según el órgano europeo, en el año 2007 el Gobierno de España habría entregado 15,1 millones de euros para la ampliación y modernización de algunas de las fábricas de la empresa, según un estudio de 2008 de la Comisión Europea.

Durante los últimos años, El Pozo y Cefusa habrían llegado a recibir otros 5 millones de euros (exactamente, 4.976.443,52) de los contribuyentes europeos para engrosar sus márgenes de beneficio, según datos recopilados por FarmSubsudy.org. Estas cifras no consideran subvenciones para la producción de granos para forraje, actividad que también lleva a cabo el Grupo Fuertes. Tampoco incluyen otras intervenciones estatales a favor de la comercialización de productos porcinos.

Es sabido que las ayudas públicas al sector agropecuario benefician, especialmente, a las principales ganaderas y compañías agroalimentarias de mayor envergadura, así como a grandes terratenientes. Ése es el caso de El Pozo: recibe dinero público a pesar de que, junto con Campofrío,  controla el 41% del sector cárnico español. Con el Grupo Fuertes, ha logrado unos  ingresos de 1.535,00 millones de euros en 2016, y declara un beneficio atribuido de 81,25 millones, según el Registro Mercantil.

El Pozo y otras grandes empresas del sector ganadero han utilizado el dinero público para rentabilizar el uso de animales en su beneficio. Los subsidios concedidos han contribuido a la disponibilidad de piensos asequibles y a la intensificación de la ganadería, sumiendo a los animales en vidas de miseria. Así, nuestro dinero se ha empleado para enriquecer a unos, mientras vivimos a expensas del sufrimiento de otros.

Considerando, además, la probada relación de la ganadería con el cambio climático ( El Pozo, en particular, es responsable de 4,2 millones de emisiones de CO2 en España) y las negativas consecuencias de los productos de origen animal para la salud humana[1], la defensa a ciegas de El Pozo por parte de la ministra Tejerina resulta, por lo menos, insultante e irresponsable. Por el contrario, quienes se están enriqueciendo con el dinero de los contribuyentes, quienes son los mayores responsables de la crisis climática actual, quienes esclavizan a trabajadores “autónomos” en mataderos, quienes someten a los animales a condiciones de extremo sufrimiento, son quienes merecen una condena contundente por parte del Gobierno y de los medios de comunicación.

Enriquecer a grandes poderes privados con dinero público con total opacidad y que el Gobierno haga propia la versión de El Pozo ante pruebas patentes de maltrato animal, da cuenta de la omnipresencia de los intereses económicos de grandes corporaciones agroganaderas. Así, la influencia directa de intereses privados en decisiones y posiciones políticas y en lo que merece o no atención en los medios de comunicación, los ha vuelto usurpadores del interés público.

Ante estas actuaciones, y cuando  la práctica totalidad (94%) de los europeos considera que es importante proteger el bienestar de los animales en granjas y cuando no hemos consentido que nuestro dinero enriquezca a grandes corporaciones, es urgente un contrapoder digno. El Gobierno de España no lo está haciendo. Con la campaña ElSecretoDeElPozo.com, liderada por Igualdad Animal, es la sociedad civil quien está exigiendo acabar con las condiciones más extremas de abuso de los demás animales: con El Pozo negro de sufrimiento, un pozo también oscuro de colusión entre intereses privados y poder político e impunidad.

[1] El sector ganadero denuncia haberse visto especialmente afectado por los hallazgos de la  International Agency for Research on Cancer sobre la relación de las carnes rojas y procesadas con el cáncer.

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