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CATALUNYA

Diversos colectivos se unen contra la tortura, el maltrato institucional y la impunidad

Convocan una manifestación esta tarde en la Rambla del Raval y denuncian hechos de diversa índole, desde torturas en las cárceles hasta la violencia institucional hacia las personas más vulnerables.

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Una de les taules de l'acte unitari que va tenir lloc el passat dijous a la UB Raval / João França

Una de las mesas del acto unitario que tuvo lugar el pasado jueves en la UB Raval / João França

Por pocas iniciativas dan la cara gente tan variada como Esther Quintana, Ada Colau, un ex-preso de Quatre Camins y un migrante que vive ocupando una nave industrial en Poblenou. Este es el caso de la manifestación contra la tortura, el maltrato institucional y la impunidad, convocada para esta tarde, a las 17:30, en la rambla del Raval de Barcelona. El jueves, en un acto unitario en la Universidad de Barcelona, ​​estas personas y unas cuantas más exponían los motivos de la convocatoria.

Torturas en Quatre Camins

El próximo 6 de mayo comienza el juicio en el que nueve funcionarios de prisiones están acusados ​​de cometer graves torturas a un grupo de unos cuarenta presos tras los incidentes que tuvieron lugar en la prisión de Quatre Camins el 30 de abril de 2004. Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, asegura que, aunque otros casos de torturas salen a la luz, en el debate público casi nunca se oye hablar de torturas en prisiones, "es algo que el Estado español ha querido silenciar desde el inicio de la democracia". "El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha comprobado varios casos en tal sólo 15 días, mientras que las han instituciones españolas nunca los han reconocido", denuncia.

Jose Solís, que fue portavoz de los presos amotinados, daba su testimonio el pasado jueves. "Se suele decir que un motín en una cárcel es algo planificado, pero es totalmente falso. Se da cuando un preso, acorralado en un callejón sin salida, debe proteger su vida de los abusos de funcionarios", asegura. Solís, víctima de estos abusos, dice que, con su experiencia, no cree en la justicia, pero en cambio sí que cree "en los colectivos sociales, que hay que salir a la calle y decir lo que está pasando ".

"Las denuncias de los presos no son nunca o casi nunca investigadas, como mucho se piden informes a la propia dirección del centro, y también existe el riesgo de que reciban contradenuncias por atentado a las instituciones o de las torturas en consecuencia de las denuncias" , lamenta Del Cura.

Iñaki Rivera, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), explica que en el caso de Quatre Camins, "después de cada visita que hacíamos los presos, eran nuevamente golpeados como consecuencia". Solís, que agradece el apoyo de Rivera mientras estaba en prisión, asegura que "la tortura tiene un objetivo, que es hacerte prestar una declaración que a ellos les interese". "Tuvieron ante mí durante una semana un documento para que lo firmara declarando que el OSPDH me daba asesoramiento legal gratuito a cambio de que alegara torturas falsamente", denuncia.

La criminalización de la protesta

En la mesa sobre la criminalización de los movimientos sociales en el acto del jueves había dos personas con parches en el ojo. Eran Carles Guillot y Esther Quintana, dos de las ocho que han perdido un ojo por el impacto de una bala de goma en los últimos ocho años. La denuncia de Guillot se archivó, como todas hasta ahora, porque no se pudo identificar a ningún agente. La de Quintana, en cambio, sigue adelante y, mientras tanto, la Audiencia de Barcelona ha hecho reabrir la del italiano Nicola Tanno.

Mientras una comisión parlamentaria estudia su uso, Guillot considera que no se deben sustituir por ningún material semejante, ni siquiera las escopetas de foam que utilizan los Mossos. "Las foam se están utilizando en Francia y ya hay dos personas que han perdido un ojo por este material", asegura. Recordaba también que las balas de goma han ocasionado muertes, como la de Iñigo Cabacas el País Vasco, u otros siete muertos en Irlanda del Norte, y que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha condenado su uso.

Quintana lamentaba "el maltrato institucional que sufrimos cuando salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos" y al terminar su intervención la firmaba esperanzada: "Esther, la última víctima". Un activista del colectivo antirepresivo Rereguarda en Moviment aseguraba que "la represión sigue a pesar de la operación de maquillaje de la policía". "Han aumentado las detenciones post manifestaciones o post acciones, se va a buscar la gente en casa", remachaba.

Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, habló de la criminalización de la protesta, pero también de otro tipo de violencia. "Nuestro colectivo pretende luchar contra una violencia invisibilizada pero con unos efectos devastadores", explica. "La violencia institucional está poniendo los recursos públicos al servicio de la violencia bancaria, y las familias quedan en una situación de indefensión absoluta", asegura en relación a los desahucios, que considera que son "lo peor que se puede hacer en un núcleo de convivencia ".

"Cuando hemos pasado de señalar los responsables financieros a señalar los responsables políticos ha comenzado una fuerte campaña de criminalización", dice en referencia a las acusaciones de todo tipo (desde etarras hasta nazis) que han recibido después de comenzar la campaña de escraches. La respuesta, sin embargo, la tiene clara: "lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que les ha molestado tanto que les ha llevado a censurarnos, reprimirnos o estigmatizar-nos".

El abogado Jaume Asens dice que "en 1929 eran los banqueros quienes se suicidaban, ahora son los desahuciados. Esto es una prueba de que no estamos en una crisis cualquiera". Asens asegura que "estamos luchando contra un capitalismo desenfrenado que no tiene límites y avanza a golpes de porra, aspirando a mercantilizarlo todo". El abogado considera que estamos pasando "del Welfare State al War State, el estado de guerra, el estado del malestar" y en alusión a las fuerzas represivas añade que "la bestia ladra indignada tanto contra un piquete sindical como contra un escrache que pone pegatinas en casa de los políticos".

"La impunidad que había en las cárceles, sale de los muros de las prisiones e invade toda la ciudad, convierte la ciudad en un gran panóptico donde todos somos reclusos y guardianes, guardianes de los vecinos, convertidos en amenazas potenciales", con una criminalización de los más vulnerables, concluye.

Colectivos en riesgo de exclusión

"Estamos viviendo un verdadero proceso de limpieza étnica del centro de Barcelona", asegura el también abogado Andrés García Berrio. "La marca Barcelona no necesita gente que no se adapte a los criterios étnicos europeos ni que no se adapten al comercio de la marca Barcelona". El abogado denuncia un "acoso sistemático por parte de la policía" a aquellas personas que se dedican a la venta ambulante –"a pesar de que ya hace dos o tres años que no es delito"– o a las trabajadoras sexuales. Esta persecución pone en una situación especialmente difícil a las personas extranjeras, que tienen dificultades para regularizar su situación, añade.

El testimonio de Ibrahima Seydi, que vive ocupando una nave industrial de la calle Puigcerdà, en Poblenou, revindicaba la solidaridad. "En nuestros países nunca hemos ocupado casas, allí vivíamos con la solidaridad, pero aquí estamos afrontando cosas muy dolorosas", lamenta. De hecho, comenzaba la intervención pidiendo un minuto de silencio por cosas que, decía, los africanos nunca olvidarán: "El pasado 3 de enero de 2012 tuvimos el asesinato de un ciudadano senegalés. Tres días después, sufrimos un acto de tortura mortal en el CIE de la Zona Franca ", en alusión a la muerte de Idrissa Diallo.

Precisamente sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros versaba la última intervención de la noche, de Cristina Fernández, de la campaña Tanquem els CIEs y el OSPDH. Fernández recordaba las últimas muertes en centros de internamiento, y las condiciones precarias en las que viven las personas internas que, por otra parte, sólo han cometido una falta administrativa. "Las cárceles gastaban 90 euros al día por interno, ahora con los recortes, 60. Los CIE gastan 17 euros", explicaba Fernández para ilustrar esta situación.

La coordinadora del área de migraciones del OSPDH considera que los CIE son "espacios que facilitan la impunidad, porque cuando ha habido casos de denuncias aceleran las expulsiones de los testigos". Y esta impunidad, asegura, no se da sólo en el centro: "Especialmente preocupantes son las agresiones durante las deportaciones y traslados", remarca.

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