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El Ayuntamiento de Barcelona dobló la atención contra los desahucios en el primer semestre de 2016

El gobierno Colau hace balance del nuevo servicio de atención ante procesos de ejecución hipotecaria un día después de un desahucio por la fuerza que el Ayuntamiento no pudo parar

La alcaldesa reclama a Govern y Tribunal Superior de Justicia que mejoren los protocolos, y culpa al Gobierno de Rajoy por haber suspendido la ley antidesahucios catalana

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, en el primer semestre de 2016 han atendido los mismos desahucios que en todo 2015, parando hasta un 59% de ellos

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Colau saluda a representantes de la PAH mientras Collboni espera

Colau saluda a representantes de la PAH mientras Collboni espera Ajuntament de Barcelona

Un día después del desahucio de Hiba Kimakhe y sus tres hijos en el barrio barcelonés de Sants, que provocó un choque entre Ada Colau y el Govern por la participación de los Mossos, el gobierno municipal han querido mostrar que se toman muy en serio el problema de la vivienda en la ciudad. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de vivienda, Josep Maria Muntaner, han comparecido para hacer balance de las medidas aplicadas hasta ahora en materia de lucha contra los desahucios y presentar la nueva web que centralizará toda la información sobre vivienda.

Según los datos presentados por Muntaner, en los primeros seis meses de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona dobló los casos de desahucio atendidos respecto al mismo periodo de 2015 mediante la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el servicio creado para tal efecto en enero pasado. Según los registros del consistorio, entre enero y junio de 2015 el Ayuntamiento, gobernado entonces por el convergente Xavier Trias, atendió 522 casos en riesgo de desahucio, mientras que en el mismo periodo de este año se han atendido 1.278. Además, la cifra hasta junio de 2016 ya supera los 1.092 casos atendidos en todo 2015.

Según ha lucido Muntaner, la cifra de 2016 representa a 4.241 personas, ninguna de las cuales se ha quedado en la calle tras la intervención de los servicios de la UCER. De los 1.092 casos atendidos, en el 59% se logró parar o aplazar la ejecución hipotecaria, mientras que el 38% se resolvieron mediante la mesa de emergencia, con alquileres sociales o con ayudas al alquiler. El ayuntamiento calcula que su atención a través de la UCER cubre ya el 98% de los desahucios totales que se producen.

Respecto a las sancione contra grandes propietarios que tienen viviendas vacías, la alcaldesa ha explicado que son ya 250 el total de expedientes abiertos o previstos, aunque de esos 118 están pendientes de inspección. La PAH considera que estas sanciones son urgentes porque permitirían poner en movimiento estas casas vacías, lo que contribuiría a rebajar la burbuja que sufre el mercado del alquiler en Barcelona.

Además de presentar estos datos, desde el gobierno municipal se ha vuelto a lanzar reproches contra otras administraciones por el caso del desahucio por la fuerza de la familia Kimakhe, ocurrido este miércoles. Colau ha perseverado en señalar al gobierno de Rajoy y el Tribunal Constitucional como responsable directo de los desahucios por haber suspendido la ley catalana contra la emergencia habitacional. Pero, igual que ocurriera el miércoles en el choque vía twitter mantenido con los Mossos y el Govern, Colau ha considerado que el Govern podía haber hecho más para evitar un desahucio realizado por la fuerza policial.

"Alguna cosa falló ayer, porque la Generalitat estaba al corriente de este desahucio", ha considerado, tras lo cual ha reclamado al gobierno autonómico que revise los protocolos que deberían activarse cuando a la administración le entra el aviso de que se va a producir un desahucio. Según ha indicado, no sabe por qué los Mossos procedieron el miércoles a facilitar el desalojo de los habitantes del piso por la fuerza, arrastrando a los manifestantes de la PAH, una actuación que no se producía en Barcelona desde hace varios años, pero sí ha indicado que el Govern debería haberse coordinado mejor internamente y con el Ayuntamiento para que no ocurriera.

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