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El Govern pide al Parlament esperar a la sentencia del Supremo para decidir sobre ATLL

Pere Aragonès mantiene que devolver Aigües Ter-Llobregat a manos públicas si el Supremo sigue la sentencia del TSJC costará 330 millones

Los grupos de izquierda afean al Govern que calcule el lucro cesante que Acciona puede pedir si el Supremo tumba la privatización

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Dessalitzadora del Llobregat. ATLL

Instalaciones de ATLL SANDRA LÁZARO / ARCHIVO

La mayor (y fracasada) privatización de la historia de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL), se mantiene como uno de los principales quebraderos de cabeza del Govern. A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que la Generalitat y Acciona presentaron a la sentencia del TSJC que anulaba la privatización, el Govern, por boca del secretario de Economía, Pere Aragonès, ha pedido "prudencia" al Parlament. No es un mensaje casual: Aragonès ha comparecido en la comisión parlamentaria que desde el pasado marzo debate una proposición de ley del PSC para devolver la gestión de ATLL a la Generalitat. Toda la oposición, incluida la CUP, se unió para tramitar la ley, en contra de la intención del Govern y de Junts pel Sí. Si el texto sale adelante tal y como quieren las fuerzas de izquierda, el coste para las finanzas públicas de recuperar ATLL sería mucho mayor que el de esperar a que el Supremo dicte sentencia, el escenario preferido por el Ejecutivo.

Aragonès ha esbozado en su comparecencia parlamentaria varios escenarios distintos sobre el futuro de ATLL. Según lo que diga el Alto Tribunal, el Govern tendría que adjudicar directamente ATLL a Agbar (el operador privado que competía contra Acciona por ATLL) o, si el Supremo sigue la doctrina del TSJC, asumir que hizo mal la privatización, que el contrato es nulo y, en última instancia, pagar unos 330 millones de euros. Esta cifra se asemeja a los 326 millones con los que el exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cifró la reversión de la privatización el año pasado.

Estos 330 millones corresponden al importe inicial que abonó el consorcio encabezado por Acciona (298 millones), las cantidades que ha pagado en 2013, 2014 y 2015 y las obras que ha efectuado en la infraestructura de ATLL. Aragonès ha dejado claro que este escenario de nulidad del contrato no permite reclamar daños y perjuicios.

Aragonès ha elevado a 400 millones el coste si Acciona reclama lucro cesante, lo que le ha valido el reproche de las fuerzas de izquierda. "Le está haciendo el trabajo a Acciona", le ha afeado la diputada de la CUP, Mireia Boya. "Discrepo. El Govern tiene que trabajar con todos los escenarios posibles", le ha respondido Aragonès.

El peor escenario para las finanzas catalanas, según Aragonès, sería que el Govern no esperara al Supremo y resolviera el contrato de Acciona. En este caso, el coste para la Generalitat podría ascender hasta los 1.150 millones de euros.

Con todo, aunque el coste sea de 330 o 400 millones, Aragonès ha reconocido que la resolución del conflicto por ATLL tendrá "un impacto muy grande" en las finanzas de la Generalitat. Pese a la insistencia de los grupos, Aragonès ha indicado que no incluirá ninguna previsión de gasto para recuperar ATLL en el proyecto de presupuesto para 2017 que presentará en septiembre, sino que se abordará durante la ejecución de las cuentas.

En este sentido, ha esbozado tres posibles respuestas de la Generalitat a una sentencia del Supremo que siga la línea del TSJC: que el coste corra a cargo de los presupuestos, que lo asuma endeudándose, o mediante una nueva privatización No ha tomado partido por ninguna. Sí ha insistido en recomendar "prudencia" al Parlament, esperar a que resuelva al Supremo y luego "hacer un gran acuerdo de país sobre la gestión del agua".

Y es que pese a que ERC es partidaria de la gestión pública del agua, su compañera de Junts pel Sí, Convergència, privatizó ATLL en 2012 para cuadrar las cuentas. En este sentido, Aragonès ha advertido que está en juego medio punto de déficit, todo un reto para una Generalitat intervenida por el ministerio de Hacienda y sometida a los criterios de austeridad, los mismos que en 2012 hicieron que el Ejecutivo de Mas en funciones consumara la privatización. Agbar litigó y hasta ahora los tribunales de todas las instancias han censurado la actuación del Ejecutivo. Sólo falta por pronunciarse el Supremo.

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