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Felipe VI de Borbón debe ganarse el puesto

Tiene en contra llamarse Felipe VI de Borbón, un nombre anacrónico y discutido, vista la nefasta experiencia de los antecesores familiares expulsados durante los dos últimos siglos (Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII) y la degradación vivida por el mandato de su padre. Tiene a favor la necesidad de legitimarse, como hizo su padre, con alguna aportación socialmente más persuasiva que el simple hecho dinástico. Si se tratase de un cargo electivo, no es nada seguro que en estos momentos lo ganase, menos aun en Cataluña.

Criado en los círculos de la plutocracia del dinero, la primera decisión individual que tomó Felipe VI fue seguramente la casarse con una periodista divorciada y nieta de un  taxista. Ahora necesita sintonizar con su propia generación, tener algo qué decir sobre el 55% de paro que la afecta y sobre el conjunto de agravios vividos por los ciudadanos a raíz de la injusta gestión de la crisis en curso.

En Cataluña, forzado por la movilización ciudadana del momento de la transición democrática, su padre abandonó el consolidado centralismo borbónico y abrió paso al Estado de las autonomías, al restablecimiento de la Generalitat. El hijo se encuentra hoy en la misma disyuntiva. Necesita representar algo distinto frente a aquel reciente comunicado oficial de la Casa Real, que en setiembre de 2012 decía a propósito de la situación en Cataluña: “Lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas”.

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Felipe VI y el reto de Catalunya

Felipe VI tiene dos grandes retos. El primero es la regeneración de España. El segundo, es Catalunya. Y los dos desafíos están absolutamente entrelazados. Si su ascenso al trono es sólo una medida para salvar la corona, para mantener intacto el reparto del poder en España, para que todo siga igual, su reinado fracasará. A diferencia de su padre, no tiene los resortes políticos del Rey en 1978, ni el reconocimiento alcanzado al frenar el golpe de Estado del 23-F, pero puede convertirse en la pieza maestra de los cambios urgentes que precisa el país.

Felipe VI tiene la oportunidad de convertir su llegada al trono en el inicio de una segunda transición que sea la oportunidad para profundizar en la democracia y la libertad. Para salvar la desafección de los españoles respecto a sus instituciones. Para abrir una vía de diálogo con Catalunya. No tiene la fuerza de los votos, pero si los gestos y las palabras que pueden romper el inmovilismo de las estructuras de poder en España.

Catalunya se implicó a fondo en la primera transición, tal como ha recordado el President de la Generalitat. Más del 90% de los catalanes votaron la Constitución porque entendían que era el inicio de un camino de libertad y democracia compartido con el resto de pueblos de España. Hoy buena parte de los catalanes sienten la Constitución como todo lo contrario, como un freno a sus aspiraciones. Tanto, que amplios sectores de la sociedad sólo ven la independencia como salida.

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La Rosa de Fuego, un siglo después

La calle de Sants durante las protestas en apoyo a Can Vies / Enric Català

Hobsbawm escribió: “Barcelona ha sido la ciudad europea que ha más luchas obreras y rebeliones populares ha vivido a lo largo de los siglos XIX y XX. Los anarquistas de otros países la denominaron La Rosa de fuego y el término se difundió con ocasión de la “Semana trágica” (1909), un gran insurrección popular para impedir que se llevaran a los jóvenes reclutas, casi todos procedentes de las clases trabajadoras a combatir a África y que derivó en una revuelta anticlerical y una quema de iglesias y conventos. La represión fue violenta y arbitraria. [1] Y además nos infligió posteriormente la construcción de un “templo expiatorio” de los supuestos pecados populares en la cima del Tibidabo, el monte que domina la ciudad. Una burda imitación del Sacré Coeur de Paris. Un pastiche de otro pastiche.

Esta semana la ciudad ha vuelto a ser una Rosa de fuego [2]. A inicios de semana la policía catalana, por demanda de la empresa municipal de transportes y por iniciativa del Ayuntamiento, desaloja una finca del barrio de Sants e inician la demolición. Se trata de Can Vies, uno de los referentes principales de la gran diversidad de colectivos jóvenes alternativos presentes en Barcelona. La finca había sido tomada por okupas de cultura anarquista, pacíficos, alternativos e integrados en el tejido barrial social hace 17 años. Han desarrollado una actividad social y cultural que les ha merecido el apoyo de la población de la zona, en su mayoría trabajadora, incluidos profesionales y pequeños comerciantes. Sants además es uno de los barrios, por su historia y su realidad presente, con una fuerte tradición de organizaciones y grupos informales cooperativos y combativos, donde se forjan iniciativas innovadoras y opuestas a la lógica mercantilista y especulativa dominante.

La reacción fue inmediata. El mismo día del desalojo, lunes, acuden miles de jóvenes de toda la ciudad. La noche será larga y algunos grupos queman contenedores y rompen vidrieras de tiendas y oficinas. Los días siguientes las manifestaciones y acciones de protesta aumentan de intensidad. Asociaciones y comerciantes de la zona reclaman diálogo, que cese la demolición y cualquier forma de violencia y que se restaure la situación anterior. El Ayuntamiento hace marcha atrás el viernes y acepta en principio las propuestas de la sociedad civil de la zona. Los colectivos jóvenes recuperan el sábado la finca medio demolida, inician su reconstrucción, exigen que se les reconozca el uso y la gestión de la finca y la “desmilitarización”, o sea el fin de la ocupación policial, del barrio. La noche del sábado vuelve a ser larga y roja de fuego. Y es posible que el conflicto se mantenga y se generalice.

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La salud, el negocio de la vida

“Cuando los mecanismos de tutela de los derechos han fallado, cuando los mecanismos que los poderes públicos deberían haber establecido han fallado, cuando los mecanismos de respuesta secundarios que deberían haber ofrecido tribunales y jueces han fallado, es la propia sociedad, son las afectadas y afectados quienes establecen mecanismos de autotutela de derechos, acción fundamental de garantía de derechos, especialmente en un momento como el que vivimos”. Marco Aparicio, profesor de Derecho Constitucional en el documental ‘La Plataforma’.

Derechos fundamentales y derechos constitucionales

Marco Aparicio se refiere al derecho a la vivienda pero no tengamos ninguna duda que la sentencia es aplicable al derecho a la salud, derecho reconocido en la Constitución pero que no se considera derecho fundamental, como tampoco lo es la vivienda. ¿Deben ser o no un derecho fundamental el trabajo, la alimentación, el medio ambiente, la educación, la sanidad, la vivienda…? Y qué decir de la información, el agua, las necesidades básicas… Ahora mismo no lo son. Son tan solo derechos reconocidos en la Constitución pero considerados en la práctica como secundarios, no obligatorios.

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BCN World y los 150.000 catalanes con problemas de adicción al juego

Terrenys on s'ubicarà el macrocomplex d'oci.

En Catalunya hay 156.000 personas que tienen problemas de adicción al juego, de las cuales 116.000 son "jugadores de riesgo", 29.000 "jugadores problemáticos" (mienten para jugar) y 11.500 "jugadores patológicos" (no pueden parar de jugar). Estas fueron las conclusiones del estudio más importante que se ha hecho nunca en Catalunya y España sobre ludopatía, a cargo del departamento de Salud en tiempos de Marina Geli. El presentaron en marzo de 2009 sus directoras, las doctoras Ángeles González y Rachel Volberg, y estaba hecho en base a datos y encuestas realizadas durante los dos años anteriores (2007 y 2008). Sabemos, pues, que en tiempos de bonanza económica al volante de un 2,5% de la población tenía problemas con el juego y podemos intuir, por tanto, que durante la larga crisis que se inició entonces este porcentaje sólo puede haber ido al alza.

La ludopatía es un drama para quien la padece y aún más para su entorno, y es un drama que se arrastra de forma más oculta y vergonzante que otras adicciones. El estudio de las doctoras González y Volberg señala que "el impacto producido por los problemas relacionados con el juego puede ser alto, no sólo para los individuos, sino también para los familiares y para la comunidad. Los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico y muestran índices importantes de depresión, dependencia del alcohol y otras drogas e ideación suicida. Las familias de los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico, así como acoso y amenazas por parte de los acreedores y prestamistas. Otro impacto significativo incluye los costes para los trabajadores, los bancos, las compañías de seguros, los servicios sociales y el sistema judicial y civil".

Este estudio costó mucho de hacer, y no precisamente por su presupuesto. Hacía quizá diez o quince años que tanto los especialistas como las asociaciones dedicadas a apoyar a los adictos al juego lo reclamaban, para tener una idea clara de la dimensión del fenómeno. Pero siempre la administración catalana ha sentido aversión a aceptar la ludopatía como un problema de salud pública, tal vez porque una parte considerable de sus ingresos han venido y vienen de los tributos sobre el juego, o quizás porque familias muy influyentes y adineradas son empresarios del sector, y hablar de ludopatía les da mala imagen. Los Suqué (Casinos) y los Lao (tragaperras y casinos) son los ejemplos más destacados, pero ni mucho menos los únicos.

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Pensar la seguridad con #EfecteCanVies

Durante los últimos días la actualidad política catalana ha estado muy pendiente del #EfecteCanVies. Se suceden las portadas, las tertulias y las columnas de opinión sobre el desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies en el barrio del barrio de Sants (Barcelona), y parece ser que el denominador común de los discursos es el concepto de conflicto. Cuando hablamos de Can Vies, efectivamente, hay que hablar de conflicto, pero éste no puede reducirse a las destrozas y los altercados: son necesarios análisis que superen el eterno debate sobre los contenedores.

La gestión del Ayuntamiento de Barcelona está siendo nefasta: el desalojo de un espacio clave de los movimientos sociales del barrio de Sants y de la ciudad, la ruptura de las negociaciones alegando presiones por parte de TMB -las cuales, al parecer, se  retomaron esta misma noche-; el despliegue desproporcionado de un operativo del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al que se suman unas prácticas policiales exageradamente contundentes en el marco de la manifestación de protesta; y como colofón, el derribo del edificio del Centro Social.

Pero no se acaba aquí: el Alcalde Trias, con un discurso que abre la posibilidad de dialogar, repite hasta la saciedad que no negociará mientras haya altercados; el regidor del Distrito Jordi Martí, del cual hace días que se pide la dimisión, recorre los platós de las televisiones públicas condenando la violencia y, cuando baja el nivel de tensión, aprovecha para anunciar el Plan Paral·lel y la iluminación modo “smart city” que pondrá en la avenida y que costará a la ciudadanía más dinero que todos los contenedores quemados en la última década en Barcelona.

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Claro que podemos, pero solo si sabemos establecer alianzas

Dentro de las infinitas interpretaciones de cualquier resultado electoral, algo nuevo quedó claro a raíz del último: un grupo político de la izquierda alternativa nacido apenas cuatro meses atrás consiguió 1,2 millones de votos en toda España (7,97%), de los cuales 117.096 en Cataluña (4,66%). El nuevo grupo Podemos fue la tercera fuerza más votada a Madrid, Aragón, Cantabria, Asturias y Baleares. En cambio Cataluña es donde recibió proporcionalmente menos sufragios.

La sorpresa de la irrupción de Podemos confirma las posibilidades de futuro de una izquierda alternativa valiente y argumentada, frente a la gestión de la crisis conducida por los dos grandes partidos de derecha e izquierda, los flagrantes abusos en el reparto del peso de la situación económica y los recortes de servicios sociales básicos de los últimos años. Ahora bien, la euforia que puede despertar entre el nuevo “precariado” la aparición de Podemos en el panorama electoral no deja de plantear igualmente que se trata de votos restados a otras fuerzas de izquierda.

La izquierda en general y la izquierda alternativa en particular necesitan para subsistir la misma grosse coalition de gobierno del bipartidismo que propugna la canciller Angela Merkel con los socialistas, también en España. Frente a esa opción conservadora, la única capacidad de gobierno, la única posibilidad de influencia de la izquierda es su propia gran coalición, por encima de la fragmentación y las diferencias entre partidos que se reclaman de este espacio ideológico.

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Can Vies o la crisis del modelo Barcelona

El alcalde Xavier Trias cometió, posiblemente, el mayor error de su mandato el pasado lunes cuando ordenó el desalojo de Can Vies. Y, con toda probabilidad, es ya muy consciente de la equivocación. La suya como máximo responsable de Barcelona y la de su equipo de Gobierno, de CiU, por tomar una decisión que rompe los complejos equilibrios sociales de la ciudad. Can Vies no era un edificio municipal okupado, era un símbolo de los llamados movimientos alternativos, un laboratorio de ideas, utopías y también de proyectos con voluntad de transformar la realidad. Un centro que llevaba diecisiete años en el corazón de Sants, uno de los barrios de Barcelona con mayor tejido asociativo y referencia del potente cooperativismo de Catalunya. Un centro que había sido escuela de participación ciudadana de varias generaciones.

Can Vies, en definitiva, no era un problema para Sants, ni para Barcelona. Era todo lo contrario. Una alternativa a la frustración que anida en numerosos barrios de Barcelona por sentirse excluidos de un modelo de ciudad que, perciben, injusto. Un modelo que, a ojos de crecientes sectores de la sociedad, prima la desigualdad frente a la cohesión social. No es nuevo en la historia de Barcelona, sometida históricamente a múltiples tensiones sociales. Tensiones que hasta ahora la democracia había gestionado con inteligencia. Cuando Barcelona logró la designación olímpica en 1986, la obsesión de los gobiernos municipales de la época fue transformar Ciutat Vella, Nou Barris… la ciudad más vulnerable. Era la gran excusa para recoser las costuras de Barcelona, para reducir las inmensas distancias en calidad de vida que había entre los barrios de Barcelona.

El modelo de la Barcelona del 92 fue inclusivo. Pero ya es historia. Y el riesgo ahora es que el nuevo modelo sea dual. Que exista una Barcelona próspera, impulsada por el excelente atractivo turístico de la ciudad, y unos barrios empobrecidos, con la sensación de sentirse expulsados del progreso que vive su propia ciudad. Y Can Vies era, precisamente, una válvula para que esta presión social se transformara en rebeldía y creatividad, y no en desaliento. Era, sin saberlo el Ayuntamiento, una de las múltiples piezas que mantienen el engranaje de la convivencia, del pacto, que hacen de Barcelona una ciudad tan plural y diversa y, a la vez, con tanta conciencia de pertenencia por parte de sus habitantes. Es la ciudad que no puede ser gobernada desde los prejuicios ideológicos o la fuerza de los Mossos, si no desde el acuerdo constante entre la política y la ciudadanía.

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La responsabilidad criminal por los contenidos publicados en Twitter

En las últimas semanas, varias personas han sido detenidas por la sospecha de haber difundido ciertos mensajes a través de Twitter -opiniones o canciones-. A menudo el uso de las redes sociales se concibe como un mundo aparte, un espacio donde las posibilidades son infinitas y los límites se los pone cada uno. En las redes hacemos infinidad de cosas que nunca llevaríamos a cabo en el mundo real -nunca colgaríamos fotos en la puerta de casa o avisaríamos que nos vamos de vacaciones; quizás tampoco se derramarían según qué opiniones delante de desconocidos-. El caso es que en el mundo cibernético, cuando se profieren expresiones calumniosas, injuriosas o bien se ensalzan ciertos hechos delictivos, como en la realidad, estos también pueden ser penados.

El Código Penal incluso agrava determinadas infracciones como las calumnias o delitos de incitación al odio si se hacen a través de medios de difusión. Prevé la obligación de publicar las sentencias de condena que se dicten y prevé la responsabilidad penal escalonada del autor del contenido del programa o medio de comunicación y de la empresa que lo gestiona, así como la responsabilidad de estos de indemnizar en caso de que no lo haga el autor de la información u opinión. Esta regulación prevista para los medios de comunicación convencionales encuentra pero dificultades de encaje en la nueva era digital en la que la difusión de contenidos se multiplica exponencialmente en miles de foros, webs, blogs, cuentas de Facebook y cuentas de Twitter.

En el caso de Twitter, es extremadamente fácil encontrar estos tweets mediante un hashtag, tan fácil como buscar #putoscatalanes o bien perfiles como @muerenpocas. Los autores de contenidos expresados o difundidos por Twitter pueden cometer delitos y ciertamente no se puede despreciar el daño que puede causar la difusión viral de este medio, que incorpora los 140 caracteres, imágenes, enlaces a audios y otras webs, y puede multiplicar sin límites la difusión de informaciones sin atender franjas de edad ni fronteras de ningún tipo con el agravante de la imposibilidad práctica de controlar e incluso eliminar un contenido una vez difundido.

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Salvar al soldado Mas

Artur Mas se ha embarcado en una guerra que no era la suya y ahora necesita que alguien acuda a salvarlo. Más o menos, como en la película de Steven Spielberg “Salvar al soldado Ryan” ambientada en el año 1944. El soldat Ryan desapa re ce a raíz de la invasión de Normandía y Tom Hanks lidera un comando militar de los Estados Unidos que va en su busca. La misión es muy difícil porque no se tiene ninguna información de su paradero.

Salvar al soldado Mas se presenta casi tan difícil como localizar al soldado Ryan y devolverlo a casa.

La cuestión radica ahora en saber si Mas quiere que le salven o no. El actual presidente de CiU está llevando está coalición hacia su inmolación. Todo apunta a que todos los cargos que hoy están en manos de representantes de CiU pasarán, pronto o tarde, a las de miembros de otro partidos; principalmente “Esquerra Republicana de Catalunya”.

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