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El CIE de Barcelona, entre la tragedia y la farsa

Los CIE no solo son incompatibles con un modelo avanzado de derechos y libertades, también son tendencialmente inútiles

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Inmediatamente después de las elecciones del pasado 26J, el Ministerio del Interior anunció la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, en una muestra más de que el Gobierno central da por terminada –ahora sí- la interinidad política. Lo que ha venido después, con la negativa del Ministerio a reconocer la competencia municipal relativa a licencias de establecimientos públicos, es una triste muestra de que, con frecuencia, en la política española pesa más la gestualidad patriarcal que el respeto institucional.

El CIE de Barcelona ha estado ocho meses cerrado. La mala nueva de su reapertura, acto de autismo ministerial ante las demandas de cierre de los CIE aprobadas por el Parlament catalán en julio de 2015 y por el valenciano en octubre de 2015, es una buena ocasión para reflexionar sobre los CIE y su rol, tanto en la gestión de las migraciones como en la construcción de un paradigma de gobierno basado en derechos y libertades.

Ocho meses no es un periodo insignificante. De hecho, lo primero que sorprende es que la clausura de uno de los sietes CIE existentes en el estado, y no precisamente uno de los más pequeños, no ha causado ningún perjuicio conocido a la ejecución de las expulsiones. La política española de control migratorio puede perfectamente seguir prescindiendo del CIE de Barcelona. Lo más relevante, empero, es que esa política podría renunciar, sin mayor menoscabo, al uso de todos los CIE que existen en el territorio estatal. Un simple razonamiento utilitarista nos diría que los beneficios de esa decisión política son seguramente muy superiores a los perjuicios.

Los CIE, lugares de reclusión en los que se priva de libertad a una persona por haber nacido “del lado equivocado” de la frontera, son espacios de discriminación racializada, resabios (post)coloniales de una Unión Europea que, como se ha venido demostrando en la crisis de los refugiados, se muestra inane en la construcción de una identidad europea no-xenófoba. Son una pieza central de un modelo de gestión migratoria que, desde que entró en vigor el Acuerdo de Schengen, ha hecho que en el Mediterráneo mueran más de mil personas al año.

La privación de libertad en un CIE se configura legalmente como medida cautelar para asegurar la expulsión. Están pensados para encerrar a personas que no han cometido delitos, sin embargo, las condiciones de los CIE son, en muchos extremos, peores que las de las propias prisiones. La opacidad ante la ciudadanía y la impermeabilidad ante las organizaciones sociales, las condiciones de visita o los escollos para el ejercicio normalizado del derecho de defensa están ahí para testimoniarlo. Todo ello es bien conocido.

Quizás no lo es tanto el hecho de que, en 2016 los CIE son la mejor evidencia de la irrealidad de la libertad de circulación de los ciudadanos comunitarios. Como se ha documentado por asociaciones e instancias oficiales, en el CIE de Barcelona, así como en los demás del territorio estatal, se recluye, camino de su deportación, a nacionales de una amplia pluralidad de países de la UE, incluidos los dos que disputaron hace unos días la final de la Eurocopa de fútbol.

A pesar de todo ello, cabe reconocer que treinta años después de que los CIE fuesen creados por la Ley de Extranjería de 1985, antesala del ingreso en la entonces CEE, los argumentos de derechos humanos no han tenido un eco suficiente para que desde algunos sectores políticos se cuestione la existencia de los CIE. Por ello, es necesario reparar en otra cuestión de no menor importancia, que desliza el sentido de los CIE de la tragedia a otro género dramático: la farsa. Los CIE son ineficaces. Lo son en tal medida que su cierre no solo podría basarse en consideraciones de derechos y libertades, sino también en un saludable paradigma de gobierno atento a la eficiencia y a la gestión prudente de los recursos públicos.

Desde hace muchos años, el Ministerio del Interior no ejecuta la deportación de la mitad de las personas recluidas en los CIE (en 2014, el 52 %, de acuerdo con los datos del Defensor del Pueblo). Dicho de otro modo, para la mitad de las personas la privación de libertad en los CIE carece de “utilidad formal” (y, por lo tanto, de justificación) y opera como una sanción por la condición de extranjería que carece de base legal. Una vez más, no es nada novedoso: se trata de la forma ritual de funcionamiento de la política de control migratorio. Sin embargo, hay un elemento mucho más relevante, que ha cobrado trascendencia con la readaptación llevada a cabo por el gobierno del PP. A lo largo de los últimos años, el Ministerio, animado por la asesoría técnica, logística y financiera de la agencia europea Frontex, ha promocionado las denominadas “expulsiones exprés”, en las que se busca a personas migrantes de determinada nacionalidad para deportarlas en el plazo de tres días desde su detención, aprovechando la disponibilidad de un transporte colectivo a su país de origen (los conocidos como vuelos de la vergüenza). En el nuevo esquema del dispositivo de deportación, los CIE no son ya un instrumento clave (por excesivamente costoso, en términos políticos tanto como económicos): el espacio fundamental para preparar las expulsiones son las comisarías. Solo así puede entenderse la Circular 6/2014 del Cuerpo Nacional de Policía, que recomienda no pedir mecánicamente el internamiento para preparar la expulsión. El resultado es que el número de expulsiones realizadas desde CIE ha descendido en los últimos años, hasta el punto de que hoy la mayor parte de las deportaciones (55% en 2014, según Defensoría del Pueblo) ya se realizan desde lugares diferentes a los CIE.

En suma, los CIE no solo son incompatibles con un modelo avanzado de derechos y libertades. También son tendencialmente inútiles, como muestra la experiencia reciente de las expulsiones exprés. Mal que nos pese, incluso un modelo de gestión migratoria centrado en la expulsión (que no era el modelo original de la actual Ley de Extranjería, aprobado en febrero de 2000, en el otro momento en que el PP no tenía mayoría absoluta) podría subsistir sin cataclismo a su cierre. En un momento de cambio como el presente haríamos bien en anhelar, por lo menos, un modelo político más respetuoso de los derechos, que deje atrás una institución que en algún momento –ojalá más pronto que tarde- veremos como un episodio vergonzante de nuestra Historia colectiva.

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