“Luces y sombras” en la progresiva recuperación de los servicios sociales

Los servicios sociales de Castilla-La Mancha fueron una de las áreas más recortadas durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Con ello se creó la Marea Naranja que llegó a estimar un ‘tijeretazo’ de casi un millón de euros diarios. Cuando cambió el Gobierno en la comunidad autónoma, el área de Bienestar Social se separó de Sanidad, y la nueva consejera, Aurelia Sánchez, anunció un bloque de medidas destinadas básicamente a la recuperación. Durante el año y medio de legislatura, ha habido avances pero no los suficientes, tal y como comentan desde la Junta y desde los colectivos profesionales afectados.

Fuentes del Gobierno consultadas por eldiarioclm.es inciden ante todo en la recuperación de los servicios sociales de Atención Primaria, fortaleciendo económicamente a los ayuntamientos. “Es vital que el carácter municipalista de la atención social más cercana no esté soportado en solitario durante todo un año por la Administración local, como ocurría hasta 2015”, subrayan.

Es un tema en el que consejera ha incidido en varias ocasiones: se está “tejiendo” un sistema para fortalecer y agilizar la atención social más cercana al ciudadano, puesto que la “puerta de entrada” a los servicios sociales debe tener el máximo apoyo por parte de las Administraciones regional y estatal. Pero no es un trabajo en solitario, por lo que la Junta considera necesario que el Gobierno de España vaya recuperando la financiación de atención primaria a través del Plan Concertado, que en estos cuatro últimos años se ha recortado en un 60%. Con ello, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tenido que “soportar” la financiación del mismo. Calculan que actualmente apenas aporta el 12%, cuando su contribución debería estar cerca del 30%.

Es el motivo por el que se ha creado un nuevo sistema de financiación y agilización para la tramitación de los convenios, que ha propiciado que actualmente la situación haya mejorado. Así, en los 97 ayuntamientos de la región de más 3.500 habitantes que tienen Planes Concertados y en los 52 ayuntamientos de menos de 3.500 habitantes, que tienen Convenios Supramunicipales para financiar la Red de Servicios Sociales de atención primaria, se ha pagado el 90,5% (un total de 8.809.707,00 euros pagados), frente al 18,8% de 2015 (1.831.131,15 euros).

De forma paralela, las mismas fuentes indican que el Gobierno regional ha recuperado al cien por cien de los profesionales de la red de Servicios Sociales de atención primaria, concretamente en zonas rurales de la región, ya que a primeros de este año se han cubierto 14 plazas vacantes de trabajadores sociales, algunas sin cubrir desde 2013.

Mejorar la solvencia económica de los ayuntamientos

El balance que hace Bienestar Social apunta también al esfuerzo durante este año por “mejorar la solvencia económica” de los ayuntamientos. Concretamente, los pagos efectuados a 30 de noviembre para el Servicio de Ayuda a Domicilio muestran que los 674 ayuntamientos y el Consorcio provincial que se han acogido en 2016 a este servicio mediante convenios, con un presupuesto total de 35.951.077,05 euros, han cobrado el 84% de las subvenciones, un porcentaje “abrumadoramente” superior al 6,3% cobrado por estas fechas en 2015

Entre las previsiones más importantes para el año que viene se encuentra la aprobación de un marco de concertación único para los servicios sociales de atención primaria con los ayuntamientos de la región. En general, el Gobierno regional quiere “seguir avanzando” en la mejora y fortalecimiento de la financiación a los ayuntamientos en este sentido. Eso supondrá financiar a través de un único convenio: el Plan Concertado, los planes y proyectos locales de integración (PRIS y PLIS), el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Convenio Supramunicipal.

Para ello, se unificarán los porcentajes de financiación, se simplificarán procedimientos y trámites con los ayuntamientos, y se propiciará que el 90 % de los municipios del plan concertado vean cómo mejora la financiación entre un 10 y un 15%, ya que en el caso de los Convenios Supramunicipales (Agrupaciones de Ayuntamientos menores de 3.500 habitantes) se financia el 99,8%.

Finalmente, en materia de ayuda social, el Gobierno acaba de aprobar las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) en la región para el año 2017, a las que destinará 10,4 millones de euros y que se enmarcan en el Plan de Mejora de Renta Mínima de Castilla-La Mancha. Según cálculos del Ejecutivo autonómico, estas ayudas llegarán a unas 3.000 familias, y estarán ahora vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, en lugar de al IPREM. Asimismo, las Ayudas de Emergencia Social, a las que el Ejecutivo regional destinará el próximo año dos millones de euros más, hasta un total de 3,5 millones, “van a permitir seguir tejiendo una parte de la red de protección para casi 6.000 familias desfavorecidas de la región”, ha afirmado el Gobierno castellano-manchego.

Para el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, la situación de los servicios sociales “tiene sus luces y sus sombras”. Este colectivo destaca el “cambio radical de actitud” de la Consejería y de las direcciones provinciales y defiende esa mejora de la atención primaria. “El acceso y la interlocución con los responsables en materia de bienestar social es sencillo y rápido; percibiendo al menos una actitud de escucha hacia las demandas de los actores que tienen algo que decir en este campo”, consideran.

También valoran positivamente el aumento de la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) de 373 a 420 euros, así como su resolución más inmediata, pero esta cuantía “sigue siendo insuficiente”. Su demanda se basa en caminar hacia una Renta Básica/Universal más alta, gestionada por los servicios de empleo o hacienda y no vinculada a la intervención social.

Y de la misma forma elogian que en el caso de las Ayudas de Emergencia, sea la prescripción del trabajador social el primer requisito para el acceso a las ayudas. Pero consideran que por ello se hace necesario el desarrollo normativo sobre la “Urgencia Social”; la implantación de la Tarjeta Social y establecer un profesional de referencia para el ciudadano. Es más, apuestan por el reconocimiento legal en Castilla la Mancha a los profesionales de servicios sociales como “Autoridad Pública” como lo son los profesores y los sanitarios.

Más desarrollo de la Ley regional de Servicios Sociales

Las ‘sombras’ llegan en el terreno del desarrollo completo de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Para ello piden reforzar aún más la atención primaria, contratando a más profesionales que supongan la creación y consolidación de Equipos Interdisciplinares; crear un único órgano de gestión; crear un Mapa de Servicios Sociales para su estructura y orden territorial; definir reglamentariamente las condiciones mínimas, requisitos, estructura física, y equipamientos de los Centros Sociales de Atención Primaria; desarrollar y aprobar el Catálogo de prestaciones de Atención Primaria; y descentralizar el presupuesto, evitando a toda costa la burocratización.

Los trabajadores sociales valoran en este sentido los pasos que se han dado con el Decreto por el que se unifica el “marco de concertación” del Gobierno regional para la prestación de los servicios sociales básicos con las entidades locales de la región, aunque “aún queda mucho camino por recorrer, ya que los equipos de atención primaria han de ser reforzados y fortalecidos”, insisten.

Respecto a la atención a las familias, el Colegio Oficial pone en valor el “Programa Cuida” y sus cuatro proyectos dirigidos al acoso y ciberacoso de menores, para los que pide una continuidad en el tiempo con una “financiación digna”, estableciendo “pautas claras de coordinación” con los equipos de Atención Primaria.

Algo similar sucede con respecto a la futura Ley del Tercer Sector que actualmente elabora la Junta: quieren que la nueva normativa “deje clara la importancia de este sector pero complementario, y no sustituto de la acción pública, ya que a veces lo que se ha buscado ha sido una externalización de competencias que han de ser públicas, en beneficio de un bajo coste que no hace sino crear precarización laboral en dicho campo.

Finalmente, los trabajadores sociales consideran que ninguna de estos avances y peticiones tiene sentido si no se deroga “desde ya” la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales que aprobó el Gobierno de Cospedal en febrero de 2012, “todo un ataque a la línea de flotación de todo el sistema público de servicios sociales”. En esta ley “se le da un mero papel secundario, que no busca otra cosa que desmontarlo, eliminar garantías y derechos sociales, para conducirlo al camino de la caridad y la beneficencia”.