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“Tenemos que construir con los escombros de cuatro años de recortes”

La consejera de Bienestar Social afirma que la renta mínima regional se desarrollará “en un sentido u otro” dependiendo de lo que apruebe el nuevo Gobierno central y que pedirán a las eléctricas más colaboración contra la pobreza energética

En una entrevista con eldiario.es/clm, Aurelia Sánchez adelanta un procedimiento interno para revisar qué casos no serán excepcionales en las prestaciones por cuidados familiares a dependientes

“No va a ser una legislatura de grandes proyectos en infraestructuras; los presupuestos van a ser muy cercanos a las personas y sus necesidades básicas”

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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

Licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga clínica, Aurelia Sánchez ha sido la apuesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para reflotar uno de los sectores más castigados durante la legislatura anterior. La consejera de Bienestar Social es de los rostros con perfil más técnico del Ejecutivo castellano-manchego, ya que toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en este ámbito, primero en la Dirección General de Universidades del Gobierno central, y después en servicios periféricos y gerencias del Gobierno regional. Tras cuatro meses en la Junta, tiene por delante la “reconstrucción” del sistema de bienestar social de la región y el desarrollo pleno de la ‘olvidada’ Ley de Servicios Sociales, con Castilla-La Mancha liderando las tasas de pobreza y exclusión social.

La aprobación de una renta mínima garantizada en Castilla-La Mancha, según la última resolución aprobada en las Cortes, ¿está condicionada a que se apruebe una renta estatal?

Está relacionado. Hay elecciones generales y se abrirá un nuevo periodo de sesiones. Está el programa electoral del PSOE, que habla de un ingreso mínimo vital, y también hay iniciativas de sindicatos que proponen prestaciones de ingresos mínimos. El Gobierno regional lo que hace a este respecto es instar al Gobierno central a un Pacto de Estado para una renta básica destinada a todos los españoles en igualdad de condiciones, porque de esa manera se podrían desarrollar rentas complementarias en las comunidades autónomas. Ahora hay una diversidad de medidas y hace falta unificar las prestaciones. Detodas formas, en la Ley regional de Servicios Sociales de 2010, es verdad que aparece la renta básica y nos comprometemos a desarrollarla. Se habla de una renta básica y de una renta garantizada, por lo que, dependiendo de lo que apruebe el nuevo gobierno, así se desarrollará en un sentido o en otro en Castilla-La Mancha.

Entonces, ¿hasta después de las elecciones generales no se aprobará una renta de este tipo en Castilla-La Mancha,  dentro de sus competencias en servicios sociales?

Ya se han hecho acciones. Ahora mismo hay unas prestaciones en la comunidad autónoma que son el Ingreso Mínimo de Solidaridad y las ayudas de emergencia social. Estas últimas han tenido un incremento presupuestario de un millón y medio de euros desde que entró el nuevo gobierno. Esas prestaciones van a continuar hasta final de año. Además, algunas de estas ayudas tardaban en algunas provincias hasta siete meses en tramitarse y lo que hemos hecho es agilizar la tramitación. Todas vienen a paliar las situaciones de pobreza extrema de las familias que se encuentran en situación crítica.

Según los trabajadores sociales, cada día de legislatura de Cospedal supuso un millón de euros menos en servicios sociales, ¿cómo es posible recuperar eso?

Destruir es mucho más fácil que construir. Vamos a tener que construir con los escombros de los recortes de estos últimos cuatro años. En primer lugar, la mayor pérdida que se produjo en el desmantelamiento de los servicios sociales tuvo que ver mucho con la pérdida de personal en atención primaria, junto con la totalidad de animadores socioculturales, psicólogos o educadores sociales. Ni siquiera se podían diagnosticar los problemas de las familias. En segundo lugar, esa ralentización en las prestaciones hacía que en muchos casos no se tramitaran ni fueran efectivas. Si nos ponemos a sumar todas esas pérdidas podemos llegar a las cifras que los trabajadores sociales han hecho públicas, sin duda.

¿Y qué plazos hay para el Plan de Recuperación de Servicios Sociales teniendo en cuenta que son situaciones urgentes?

En relación a los servicios sociales, en la Consejería el Plan va a tener como pilares cada una de las direcciones provinciales. Se va a revisar todo el modelo de servicios sociales donde se van a desarrollar aspectos de la Ley a lo largo de la legislatura, y para eso vamos a crear comisiones especificas para tratar el tema, no solo de servicios sociales, sino también de mayores, personas con discapacidad, etc. Para ello hay que contar con los empleados públicos de la Consejería y con todo el tejido asociativo de Castilla-La Mancha, y para eso se necesita tiempo. Ya se ha reunido la primera Mesa sectorial de Bienestar social, fruto del Pacto Social que prometió el presidente García-Page y con ello diseñaremos toda la nueva política social.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

En cuanto al Plan contra la pobreza energética recientemente aprobado, ¿cree que se abordan cuestiones de fondo como la pobreza económica?

Este Gobierno está muy orgulloso de este Plan, por muchas razones. En primer lugar, es el primero que se hace. Hay ciudades que han desarrollado algunas acciones, pero durante la legislatura anterior el Grupo Parlamentario Socialista presentó diversas propuestas referentes a la lucha contra la pobreza energética que la mayoría parlamentaria del PP no aceptó. Es algo en lo que se lleva trabajando un tiempo, hasta ahora que este gobierno lo ha dado a luz. Es muy completo si miramos las estrategias en el mapa nacional en ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza. Unas hacen más hincapié en ayudas económicas y otras en acciones para el ahorro energético, pero nuestro plan aúna todas esas visiones porque tiene varias medidas: por un lado ayudas y por otro lado una acción educativa relacionada con el ahorro energético.

Pero, por ejemplo, las empresas eléctricas no ejercen ninguna responsabilidad, porque tienen su ingreso garantizado…

Se va a firmar un convenio de colaboración con las empresas suministradoras de energía en Castilla-La Mancha, que tiene como punto primero que se puede alargar el tiempo de corte de suministro de dos meses (el que está actualmente) a, como mínimo, tres meses y posiblemente más. Así garantizamos a las familias que durante el invierno no haya cortes de suministro energético, siempre que sea por razones de pobreza económica. Para ello habrá un informe social que llegará a las empresas para que no produzca el corte de luz. Ese es el compromiso al que hemos llegado con las eléctricas en un primer momento, pero si quieren ser empresas con compromiso social tienen que mejorar todavía las acciones de colaboración. Les vamos a pedir más cosas para que se pueda ayudar a más familias.

Este Plan contra la pobreza energética, ¿es un compromiso para toda la legislatura?

Sí, estas ayudas van a salir para el periodo invernal 2015-2016, comenzarán a pagarse en 2016 y son exclusivamente para este año. Pero después, o bien continuará el Plan regional o bien estará dentro de una estrategia de lucha contra la pobreza. Las familias con este problema, en torno a unas 10.000, pueden estar tranquilas porque van a estar acompañadas por estas ayudas.

Plazos y alegaciones del nuevo decreto de Dependencia

Cambiando de tema, tras el periodo de alegaciones, ¿qué plazos hay para la aplicación del decreto con el nuevo catálogo de prestaciones por situación de dependencia?

Ahora se están valorando todas las propuestas al nuevo decreto y tras el informe del Consejo Consultivo, en diciembre se aprobará. Ya hemos convocado el Consejo de Servicios Sociales y ha informado positivamente. Hemos tenido en cuenta todas las aportaciones, que han enriquecido el decreto. Ha habido propuestas no coincidentes, pero todos teníamos un objetivo común: mejorar un sistema de dependencia que pasó de tener un notable alto en 2011 a suspender en 2015.

Una de las alegaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha sido eliminar el carácter excepcional de las prestaciones económicas a cuidadores familiares de dependientes, ¿se llevará a cabo?

La Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia, junto con muchas familias, ha sido muy combativa en estos últimos años y reconocemos el trabajo ingente que ha hecho. Ha hecho muchas aportaciones y la más significativa es esa. Es algo que hemos puesto como aparece en la Ley nacional. Cuando hacemos la valoración, siempre pensamos en la persona dependiente, en todas las prestaciones que se le pueden ofrecer y tenemos en cuenta la profesionalidad de los técnicos dentro del PIA (Programa Individual de Atención). Ahora bien, lo que no puede ser es que la dependencia sea exclusivamente una prestación económica para las familias de los dependientes, porque la persona dependiente no solamente está al cuidado de la familia, sino que hay que ofrecerle toda una variedad de prestaciones. Sí que es verdad que hay casos muy puntuales en que esa prestación sea la más indicada: por ejemplo, menores con alguna discapacidad que están al cuidado de sus padres, o personas dependientes en zonas rurales. Eso podrían ser situaciones excepcionales. Todavía no se ha decidido, pero posiblemente lo que se haga sea un procedimiento interno para valorar esa excepcionalidad y los servicios sociales sepan en qué casos no son excepcionales para que esté el mismo criterio en todas las direcciones provinciales. Pero, desde luego, poner ‘excepcional' no quiere decir que la prestación no exista.

¿Qué datos tiene la Consejería en cuanto a la agilización en la tramitación de expedientes sobre dependencia?

Todavía son un lastre esos 26.000 expedientes pendientes de tramitar, va a costar mucho trabajo. Pero tenemos las estadísticas de octubre y estamos pendientes de las de noviembre. En la anterior, fueron 1.500 personas menos en listas de espera y unas 240 prestaciones más. Se ha notado el impulso por el interés de todos los empleados públicos  en agilizar los trámites.

¿Qué ocurre con las situaciones que quedaron en el ‘limbo’ tras anularse judicialmente la orden de dependencia del Gobierno anterior?

Esa anulación dejó un vacío legal, por eso la urgencia de este nuevo decreto, para que los expedientes tengan una seguridad jurídica. Eso ha sido lo más importante, y luego se están resolviendo todas las reclamaciones que había interpuestas. Está en manos de los servicios jurídicos, viendo cada caso en particular, porque no se puede generalizar. Lo que no vamos a hacer son revisiones de oficio o rebajar la prestación a instancia de parte. Y que no sigan con el sufrimiento de años pasados. Toda las acciones, incluida la de eliminación de tasas por revisión de situación de dependencia o discapacidad, han sido encaminadas a ese objetivo.

Asentamiento de 'El Cavero' y presupuestos de 2016

¿Se puede hablar de descoordinación institucional en la solución al asentamiento de familias en 'El Cavero' de Olías del Rey (Toledo)? 

El tema de los asentamientos es muy complejo en todo el ámbito nacional porque tiene que ver con las desigualdades, la exclusión social y la pobreza severa. Es complejo y hay que verlo desde muchos puntos de vista. En el caso concreto de ‘El Cavero’, en primer lugar, estos hechos se han desarrollado con la deslealtad absoluta del alcalde de Olías en la resolución del problema. En segundo lugar, la falta de humanización de la Tesorería de la Seguridad social (propietaria del terreno del asentamiento), cuando hemos intentando un aplazamiento del desalojo y no ha ocurrido así. Y luego, la falta de soluciones efectivas en un asentamiento que lleva más de 20 años. Este gobierno elaboró en el primer momento un plan de acción social que se está desarrollando mediante el acompañamiento llevado a cabo con la entidad Llere, que continúa hasta final de año para buscar ubicación definitiva a las familias, y no como el alcalde, que los ha cambiado a una parcela sin luz ni agua. Y luego con una ayuda de emergencia para alquiler social. Hubiera sido necesaria la coordinación institucional, pero no ha sido así.

¿Cuál es la situación actual de estas familias?

De las 47 familias, quedan en torno a nueve. Los técnicos de Llere y de la Dirección Provincial de Bienestar Social han estado buscando una ubicación alternativa, reubicando en pisos a las mujeres embarazadas y a personas mayores en residencias. Hay familias que han vuelto al asentamiento, pero ahora Llere y los técnicos siguen hablando con inmobiliarias y entidades bancarias para buscar una ubicación mas definitiva. El objetivo es que se inserten en la sociedad, pero escuchando y atendiendo sus necesidades. Hay muchas dificultades pero se está trabajando de la forma más integral posible.

¿Cómo se abordará la continuidad de todas estas medidas de carácter social con los presupuestos regionales de 2016 sin aprobar?

Vamos a ser eficaces y rápidos. Van a ser unos presupuestos muy sociales. No va a ser una legislatura de grandes proyectos en infraestructuras, sino que van a ser muy cercanos a las personas y a sus necesidades básicas. Va a haber prioridad en eso. Van a ser eficaces y se aprobarán lo antes posible bajo un objetivo social. En ese sentido, aunque va ser limitado y contenido, los ciudadanos pueden estar tranquilos.

¿Habrá entonces subida en las partidas destinadas a bienestar social?

Estamos seguros de que la parte social va a tener prioridad. La cuestión no es crear presupuestos sino priorizar en presupuestos sociales y en lo que tenga que ver con las necesidades de las familias y colectivos más vulnerables. Van a estar enfocados en los servicios que más falta hacen.

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