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PSOE y Podemos blindan competencias municipales para garantizar servicios básicos

El Pleno de las Cortes castellano-manchegas aprobará esta semana la propuesta de ambos partidos para clarificar estas materias ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Administración Local

El objetivo es dotar de “seguridad jurídica” competencias como la educación, la sanidad y servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los municipios

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Foto: EFE

EFE

La próxima entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, requerirá la aprobación de leyes autonómicas de adaptación y desarrollo. Muchas comunidades autónomas han optado por la aprobación de una normativa propia que adapte esa ley estatal al ámbito autonómico y evitar con ello las “disfunciones” y “duplicidades” que puedan derivarse de su aplicación. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde PSOE y Podemos han unido sus fuerzas en una proposición de ley que busca blindar las competencias municipales para garantizar la prestación de servicios públicos. La propuesta se aprobará en el pleno del próximo jueves en las Cortes castellano-manchegas.

Esta medida busca principalmente combatir el cambio de régimen jurídico que supondrá la normativa estatal que ahora entra en vigor y clarificar las competencias municipales para “evitar duplicidades” con las de otras administraciones. Parte del hecho de que aunque la nueva Ley de Administración Local reduce el mínimo competencial de los municipios, no prohíbe sin embargo a los gobiernos autonómicos atribuir otras competencias a las entidades locales.

Ambos grupos parlamentarios consideran que en tanto se produzca la asunción competencial de estas materias por las comunidades autónomas, es “esencial” la regulación del ejercicio de las mismas por los municipios, y evitar la “posible incertidumbre jurídica” respecto de la prestación de unos servicios públicos “en ámbitos especialmente sensibles, cuya paralización comportaría un grave perjuicio para la ciudadanía”.

Concretamente, con esta propuesta se busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos en cuestiones como la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los municipios, hasta que sean definitivamente asumidas por la Administración Autonómica tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Así, la proposición de ley recoge explícitamente que las entidades locales de la región seguirán ejerciendo las competencias atribuidas por las leyes, que la comunidad autónoma podrá delegar en las mismas con el acompañamiento de la dotación presupuestaria suficiente, y que se elaborarán informes de inexistencia de duplicidades.

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