18 expedientes en trámite por las movilizaciones contra la privatización de Aguas de Alcázar
El Gobierno ha respondido a una pregunta de la diputada socialista Isabel Rodríguez, en relación a los expedientes sancionadores que se han abierto por las movilizaciones contra la privatización de la empresa municipal de aguas de Alcázar de San Juan.
En la respuesta, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se indica que entre febrero y marzo de 2014 se han iniciado dieciocho expedientes en relación con el artículo 23 c) de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana, que regula la celebración de reuniones en lugar público, de acuerdo con el atestado policial recibido por la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. De todos ellos, cinco han sido suspendidos por incoarse expediente judicial.
Los expedientes se abren por infracción al artículo 23 c) de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana en Castilla-La Mancha, celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión. Estos artículos se refieren a la comunicación previa de los actos, la identificación de los organizadores y el “buen orden” de las mismas. La cuantía de las sanciones administrativas oscilará entre los 301 y 3.000 euros por cada una.
El Gobierno aclara que los expedientes sancionadores se incoan atendiendo solo a criterios legales, “no siendo eximente del cumplimiento de la ley la militancia en partido político alguno, ni la ostentación de cargo público”, aunque hay quien duda de si ello no será por el contrario “agravante”, dado el papel que viene desempeñando la Delegación del Gobierno.
