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Compromís exige el informe que autorizó a Sánchez a aprobar las ayudas que afectan a terrenos de su suegra

La coalición insiste en que el voto de César Sánchez fue necesario para que saliera adelante el proyecto

Ven en su actuación “indicios eventuales” de los delitos de negociación prohibida a funcionarios y prevaricación

La Ley de Procedimiento Administrativo habla de la figura de “interesado” donde se encuadran los familiares

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El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor EFE

El grupo provincial de Compromís ha solicitado por registro el  informe jurídico “previo al pleno” que autorizaba al presidente provincial, el popular César Sánchez, “la compatibilidad o no” para votar en el punto en que se aprobó una “ayuda no dineraria” al Ayuntamiento de Calp para unas obras de reforma de la carretera estatal N-332 que afectan a terrenos expropiados a su suegra.

En el escrito, al que ha tenido acceso eldiariocv.es, el diputado provincial Gerard Fullana reclama “el informe previo” al pleno que autoriza la participación en la votación de César Sánchez, después de que por incompatibilidad se abstuviera en dos actos anteriores en el Ayuntamiento de Calp.

Desde Compromís se ha insistido en que el  voto de Sánchez fue “condición sine qua non” para la aprobación de la ayuda y que ello contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo dado que se refiere a la figura del “interesado” y que ahí “entran de lleno” los familiares.

A juicio de la formación, el dirigente popular debería haberse abstenido al respecto de una votación que permite “la efectiva ejecución” de unas obras que “afectan de lleno a los intereses patrimoniales de su suegra”. En ese sentido, si las obras se efectúan antes de noviembre de 2018 recibiría una compensación en parcelas en un polígono industrial y si se efectúan después una compensación de 259.000 euros.

Por ello, los servicios jurídicos de Compromís ven en el voto de César Sánchez  “indicios eventuales” de delito por el artículo 439 del código penal –negociación prohibida a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función-, e incluso, intuyen que Sánchez podría haber incurrido en prevaricación por el artículo 404.

Ayudas “objetivas”

Por su parte,  desde el PSPV de la Diputación han defendido como "necesario" otorgar las ayudas para carreteras en base a "criterios objetivos" que marquen las "verdaderas prioridades de la red viaria alicantina".

Han lamentado que para el PP de la Diputación ahora es "una máxima prioridad" arreglar la N-332 cuando "hace ocho meses" no lo fue para los diputados alicantinos del PP en el Congreso de los Diputados.

Han recordado que el grupo popular en el Congreso votó en contra en octubre "de dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista para que se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una dotación económica tanto para la mejora de la N-332 de Altea, Calp y Benissa, así como el enlace de la AP-7 con la N332, dotada con 500.000 euros cada una de ellas. La propuesta también se realizó para los PGE del año 2015, con el voto también en contra del PP".

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