Ayuntamientos del PP, como Valencia, no aplicarán el copago en dependencia
El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha reconocido que hay “malentendidos” en lo referente al copago al que tienen que hacer frente los discapacitados, y se ha mostrado “seguro” de que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, llegará a acuerdos con el sector, que en los últimos tiempos está protagonizando diversas protestas.
Císcar ha explicado que previamente a la aprobación de una orden o un decreto “se siguen los plazos donde el sector tiene capacidad de formular alegaciones”, aunque se disculpaba porque “tal vez el Gobierno no haya hecho la comunicación conforme hacía falta, porque nos estamos dando cuenta de que hay muchos malentendidos en este tema”.
Oposición en ayuntamientos del PP
En los últimos días se han repetido debates y votaciones en diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, con concejales y alcaldes del Partido Popular en contra de este copago. Al respecto, el vicepresidente ha comentado que la consellera está manteniendo reuniones con alcaldes y ediles para explicar la posición del partido y “lo están entendiendo perfectamente”.
Císcar insistía en que se trata de un mandato legal, que arrancó de una ley que se aprobó en 2006, y ha resaltado que lo que se pretende “exclusivamente” es “introducir racionalidad en el sistema, no recaudar más”, a pesar de que la consellera de Bienestar Social reconocía hace unas semanas que esperan recaudar con esta medida entre 10 y 15 millones de euros.
De esta forma, ha destacado que el criterio que se tiene en cuenta es el de la renta, de forma que “quien más tiene, pagará más y quien menos tiene pagará menos o no pagará, como se van a dar muchos casos”.
Valencia en contra del copago
Precisamente, el pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobaba este viernes por unanimidad una moción en la que se acuerda no aplicar el copago en los centros municipales de atención a la discapacidad y pedir a la Generalitat que revise el decreto en el que se estipula.
La moción ha sido presentada por el PSPV y modificada por el equipo de Gobierno del PP, y contempla “seguir prestando los mismos servicios en centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna de los usuarios manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a las personas con discapacidad”.
Sobre la posibilidad de que finalmente se obligue legalmente a los centros del consistorio a aplicar la ley, la alcaldesa, Rita Barberá, ha aclarado que el coste del servicio será asumido por las arcas municipales y no se repercutirá a los usuarios.
En este sentido, Císcar ha señalado que el consistorio no se opone a la “coparticipación en el gasto”, sino a la “revisión”. Asimismo, se ha mostrado convencido de que Sánchez Zaplana llegará a un acuerdo con las asociaciones representativas del sector.
