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DESALAMBRE

Las ONG jesuitas sospechan que existe un pacto secreto España - Marruecos para controlar a refugiados

El Servicio Jesuita a Migrantes publica un informe en el que se constatan las ilegalidades e irregularidades cometidas en Marruecos y España con los migrantes sirios y subsaharianos.

Robos, agresiones, trata, mafias, detenciones arbitrarias, niños separados de su familia, devoluciones en caliente y desinformación jurídica: problemas cotidianos en un viaje sin destino asegurado.

"Todo parece indicar la existencia de un acuerdo de colaboración entre España y Marruecos para controlar el acceso a España", reza el informe

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Valla en la frontera de Melilla. (C) Prodein

Valla en la frontera de Melilla. (C) Prodein/ José Palazón

En Nador se exponen a malos tratos, hambre, robos y represión policial; para llegar a Melilla son saqueados por las mafias, se exponen a la muerte o redes de trata de personas y a ser devueltos a Marruecos en contra de la legalidad internacional. "Todo el mundo sabe que, en cuanto les devuelvas, la Policía marroquí les va a pegar", dice un miembro del poder judicial en un nuevo informe del Servicio Jesuita de Migrantes, en el que se señala que "Marruecos parece controlar el flujo de salida hacia España".

El documento denuncia la falta de protección de los derechos humanos en la frontera entre España y Marruecos. El texto, titulado "Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la frontera sur: entre Nador y Melilla", repasa el tránsito de los migrantes desde el otro lado de la valla y concluye que "se puede afirmar que prima el control migratorio por encima de la dignidad de las personas".

El informe se centra en los migrantes y solicitantes de asilo sirios y subsaharianos, y expone las dificultades a las que se enfrentan mientras aguardan en Nador para entrar en España, durante el proceso de entrada (a pie, en barca, en dobles fondos o por la valla) y durante su estancia en el CETI, hasta ser trasladados a la Península.

Los autores proponen un buen número de medidas para paliar esas deficiencias e irregularidades: desde derogar la enmienda a la Ley de Extranjería que introduce la figura de los "rechazos en frontera" (devoluciones en caliente) a establecer de un cauce que permita solicitar asilo en el consulado español en Nador, pasando por una revisión de "la naturaleza y el funcionamiento" de los CETI y el desarrollo de un reglamento para estos centros.

También pide garantías de la asistencia jurídica, adoptar proyectos para integrar a los menores no acompañados que permitan su traslado a la Península, establecer medidas de protección para las víctimas de trata, mujeres y niños y, en definitiva, "recibir con dignidad y respeto de sus derechos a las personas refugiadas y otras que llegan a España".

El texto, elaborado a partir de entrevistas presenciales, divide el tortuoso camino de los migrantes hasta llegar a la Península.

En Nador: palizas, robos y trata

Los autores denuncian "problemas de supervivencia" y "enfermedades graves" frecuentes en los campamentos de subsaharianos de Nador (Bolingo, Gurugú o Batuilla), establecidos según las nacionalidades de sus habitantes y regularmente arrasados por los policías marroquíes. Algunos pasan allí hasta tres años, alejados de los núcleos urbanos donde les roban, les pegan o les detienen antes de alejarlos de la frontera. Algunos campamentos están controlados por mafias dedicadas a la trata, según el informe.

El problema para los sirios en Marruecos aparece cuando pretenden cruzar a España.

El paso a España: mafias, devoluciones y niños solos

Marruecos es firmante de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de 1971 pero no ha aprobado ninguna ley de asilo. "Todo parece indicar la existencia de un acuerdo de colaboración entre España y Marruecos para controlar el acceso a España", se lee en el informe: " Marruecos parece controlar el flujo de salida hacia España dejando salir a más o menos personas en función de las plazas de acogida disponibles en la Península y en el CETI".

Los subsaharianos no pueden ni acercarse a los alrededores de la frontera, sean o no potenciales demandantes de asilo, como prueba el hecho de que, según los autores del informe, la oficina de Asilo de la frontera de Beni Enzar, abierta en febrero de 2015, no haya registrado ni una solicitud de subsaharianos hasta la fecha.

"Las personas rechazadas en frontera son entregadas a las autoridades marroquís aun sabiendo que probablemente les detengan, les peguen y les lleven hacia puntos alejados de Nador, en el desierto o en la frontera con Argelia". El texto recoge el testimonio de "una persona perteneciente" al poder judicial: "Todo el mundo sabe que, en cuanto les devuelvas, la Policía marroquí les va a pegar".

Seis inmigrantes permanecen encaramados en la valla de Melilla

Un migrante es devuelto a Marruecos EFE

Los sirios deben pasar por las mafias: "En su mayoría pagan para poder salir de Marruecos y a continuación acceden al puesto fronterizo español, ya con su pasaporte real, y solicitan asilo". De los 20 o 30 que lo hacían diariamente a finales del año pasado, hoy la media se ha reducido a una media de 2,5 al día en los tres primeros meses de este año, según los datos recabados por eldiario.es de la Delegación de Gobierno. Lo hacen a pie disfrazados con atuendos marroquís. Las dificultades para cruzar provoca separaciones frecuentes de unidades familiares: niños que cruzan sin sus padres, o padres que entregan a sus hijos para que alguien facilite su entrada en Melilla.

En España: un centro sin normas conocidas

Una vez en Melilla, los solicitantes de asilo (en situación legal en España) no tienen derecho a la libre circulación en el país, lo que a juicio del Servicio Jesuita a Migrantes vulnera la legislación nacional, europea e internacional: "El solicitante de protección internacional en la ciudad fronteriza estaría en una situación discriminatoria y de evidente desigualdad en comparación con quienes soliciten asilo en la Península".

El texto dedica un apartado a evaluar el funcionamiento del  Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que no dispone de normativa para regular el orden de traslados a la Península, basado en criterios opacos (con la aparición de agravios comparativos frecuentes), ni régimen disciplinario. Las sanciones se establecen " de manera discrecional, con riesgo de arbitrariedad".

Tampoco existe un programa educativo específico para los menores, pese a la recomendación de la Defensora del Pueblo, ni el Colegio de Abogados proporciona un Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros que pueda resolver las dudas jurídicas de los residentes.

La valla que separa Marruecos (a la derecha) de España, en el extremo norte | N.C.

La valla que separa Marruecos (a la derecha) de España, en el extremo norte | N.C.

El dossier refleja un panorama desalentador en el que se constatan irregularidades, ilegalidades y vulneraciones de los derechos humanos, de los que son responsables España y Marruecos, determinante en la reducción del flujo migratorio y en la elección de rutas alternativas más peligrosas.

"Pese a todo, por muy míseras que sean las condiciones de vida en Nador, por muchos malos tratos que padezcan todas estas personas y por muy larga que vaya a ser su estancia en Melilla, su voluntad de cruzar hacia Europa es mucho más fuerte que todas las barreras que se les puedan poner", concluye el informe.

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