España cierra el grifo de asistencia para los inmigrantes que llegan
La organización SOS Racismo hace todos los años un pormenorizado informe sobre las injusticias que se comenten en materia de xenofobia, discriminación e intolerancia en España. El repaso a 2012, que se ha presentado el jueves, incluye episodios nefastos en cuanto a derechos humanos ocurridos ese año, como el naufragio de una patera en aguas de Lanzarote al ser embestida por una patrullera de la Guardia Civil o la puesta en marcha del Real Decreto que deja sin sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles.
Pero al margen de los casos concretos, SOS Racismo también denuncia que, con la excusa de la crisis, la política migratoria dedicada a la integración ha sufrido una “grave parálisis”. Así, los instrumentos que años anteriores habían sido aprobados para la integración de la población inmigrante se han quedado sin fondos. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, programado de 2011 a 2014 o la Estrategia Integral contra el Racismo, que se encuentran paralizados, o el Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes que se quedó sin presupuesto en 2012.
Respecto al fenómeno migratorio, las cifras que maneja SOS Racismo señalan que por tercer año consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España. “Hemos pasado de los 131 muertos o desaparecidos en 2010, a 198 en 2011, alcanzando los 225 en 2013”, señala el informe.
Todo esto, en un contexto de tendencia descendente en el saldo de población. El número de extranjeros bajó un 2,3% respecto a 2011 hasta los 5,1 millones. Durante 2012 España registró un saldo migratorio negativo de 162.390 personas. Para los inmigrantes sin papeles, llegó la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 y su expulsión de la sanidad pública y gratuita.
“Un año después, la situación de la sanidad referida al colectivo inmigrante viene caracterizada por una absoluta dispersión en función de las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma”, señala el informe. Así, en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia aplican el real decreto en toda su extensión. Cinco (Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia y País Vasco) no lo aplican pero fijan periodos previos de estancia de empadronamiento y, por último, en Andalucía, Asturias y Navarra no lo aplican y no hay plazos de empadronamiento.
“La alternativa que ha ofrecido el Gobierno estatal a través de unos convenios especiales no parece que vaya a cubrir todos los casos de desatención por su coste y porque, al igual que algunas comunidades autónomas, supedita el acceso a la salud al cumplimiento de un plazo de empadronamiento previo de un año”, señalan desde SOS Racismo.
Esta organización lleva realizando estos informes desde 1995, y una parte importante de él consiste en el análisis de una muestra de las denuncias totales que llegan a sus delegaciones. En este caso, la organización ha recogido 108 casos, de los que el 23% se refieren a abusos policiales. Pero de estas denuncias sólo una pequeña cantidad termina en los juzgados y un porcentaje muy bajo obtiene una sentencia favorable. El informe además hace incidencia en una de las críticas clásicas que recibe el tratamiento penal hacia los delitos de odio; y es que no hay estadística oficial sobre cuántos se producen.
