Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación el caso de tres niños aragoneses (Sergio, de 7 años y los mellizos Carlos y Mario, de 9), aquejados de distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad rara tiene tratamiento, pero su precio, 300.000 euros aproximadamente, no está al alcance de cualquiera. Ninguno de los niños está recibiendo el tratamiento que necesita a la espera de que su comunidad autónoma asuma la financiación. Nuestro sistema público de salud se basa en la solidaridad y esperamos que los tratamientos se financien.
Pero los nuevos medicamentos en general, se están comercializando a precios estratosféricos: no solo los tratamientos para las enfermedades raras, también para el cáncer o la hepatitis C. Estos altos precios restringen el derecho universal de acceso a la salud.
Cuando se precisan medicamentos, el sistema nacional de salud se debate entre la disyuntiva de pagar el precio que ponen las farmacéuticas (y por tanto detraerlo de otro recurso que también necesitamos) o no financiarlo, en cuyo caso los pacientes tampoco pueden acceder a él. No es de recibo que en el siglo XXI sigamos lidiando con problemas que arrastramos del siglo XX como es que los precios de partida se fijen arbitrariamente por las farmacéuticas gracias al monopolio de la patente y a las opacas negociaciones que mantienen con los gobiernos. Como resultado se terminan incluyendo en el sistema de financiación un gran número de medicamentos nuevos con leves modificaciones de la molécula original, que, en general, no son mejores que las alternativas existentes pero sí más caros. Lamentablemente, el sistema del que nos hemos dotado para disponer de medicamentos, actualmente, no está favoreciendo la innovación: las patentes y la extensión de las patentes mediante monopolio impiden que otros laboratorios puedan avanzar en la misma línea de investigación.
Los resultados son pobres: ritmo lento de innovación y precios prohibitivos de medicamentos que tienen un elevado coste de oportunidad para los sistemas nacionales de salud. Por eso hay que mejorar lo hecho hasta ahora. No se trata de reducir los incentivos a la investigación de las farmacéuticas sino que se deben estudiar formas alternativas al monopolio de las patentes que compensen y premien la innovación con criterios de interés público. Vías que además favorezcan una verdadera competencia sin coartar el avance de la ciencia.
En este sentido, la Resolución de la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa: “La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: ¿cómo garantizar la primacía de los intereses de la salud pública?” es una llamada al cambio y a la esperanza. Entre las medidas proponen asegurar criterios de transparencia en los ensayos clínicos, declarar y apartar los conflictos de interés en la toma de decisiones sobre la financiación de los medicamentos, asegurar que permanecen en el mercado las medicinas que se necesitan, realizar evaluaciones sanitarias para financiar moléculas realmente innovadoras, volver a pensar el sistema de innovación.
Mientras, en España, la campaña No es Sano, intenta acercar posturas similares a los distintos involucrados en el tema. Os animo a que entréis en no es sano.org* y os adhiráis a la campaña. Si nos movilizamos todos, los casos como los de Sergio o Mario, podrán resolverse antes y mejor.
Sobre este blog
¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
