CCOO y UGT inician movilizaciones para recuperar los derechos de los empleados públicos

CC.OO y UGT han lanzado una campaña de movilizaciones para recuperar los derechos y las condiciones laborales de los empleados públicos, ya que consideran que se puede abordar la situación por la que atraviesan los funcionarios, aunque se prorroguen los Presupuestos de 2017 y no haya unos nuevos en 2018.

Ambos sindicatos han presentado este martes el calendario de movilizaciones bajo el lema 'Ahora: salarios, empleo público y derechos', que comenzará el próximo 24 de noviembre con concentraciones de delegados sindicales en todas las capitales de provincia frente a delegaciones del Gobierno y que continuará el próximo 14 de diciembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Además, ambas organizaciones sindicales no descartan emprender otras acciones de carácter social. No obstante, tanto la organización liderada por Unai Sordo como la que representa Pepe Álvarez han asegurado que mantienen su disposición al diálogo.

De hecho, han afirmado que los sindicatos que integran la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas se reunirán con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, este miércoles a las 17.00 horas.

Sin embargo, tanto el coordinador del Área Pública de CC.OO, Pepe Fernández, como el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, han afirmado que “no conocen el orden del día de la reunión”, y creen que el encuentro, después de no hablar desde septiembre, será “para marear la perdiz”.

“Tenemos la intuición de que no es una reunión de negociación porque hemos intentado obtener el orden de la reunión en varias ocasiones y no hemos obtenido respuesta”, ha asegurado Fernández, tras afirmar que “será un contacto para hablar de las diferentes situaciones por las que atraviesa el país”.

Por su parte, Lacuerda considera que, tras tres meses sin tener noticias del Ministerio, esta reunión únicamente será para “marear la perdiz”, y añadió que está seguro de que les dirán que el Gobierno tiene “voluntad inequívoca”, pero que no habrá avances “mientras las cosas estén así”, refiriéndose a la cuestión en Cataluña.

“El Gobierno de España y, en particular, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, deberían aprender a masticar chicle y bajar escaleras al mismo tiempo, porque no es posible que en estos temas cualquier excusa sirva para no avanzar”, ha apostillado Lacuerda.

No obstante, tanto CC.OO como UGT han pedido al Ministerio de Hacienda que abra un espacio de negociación real en el ámbito de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas que tenga efectos en los Presupuestos para 2018, “haya prórroga o nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.

Retomar el diálogo

Para ambas organizaciones sindicales, es necesario recuperar la negociación colectiva en todas las administraciones para hablar sobre jornadas, incapacidad temporal, salud laboral, igualdad, formación y acción social, entre otras cuestiones.

Además, han dejado claro que “no pueden asumir los amagos de congelación salarial” que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas. “No estamos de acuerdo ni conformes con el retraso de la negociación y del diálogo social interesado”, han añadido en la rueda de prensa donde han presentado la campaña de movilizaciones.

La última oferta salarial del Gobierno a los sindicatos de funcionarios, realizada a finales de septiembre, pasaba por un incremento retributivo mínimo del 5,34%, que podría elevarse hasta un máximo del 8% en función de la evolución de la economía española. Esta subida, rechazada por los sindicatos, se aplicaría en tres años (2018, 2019 y 2020).

En materia de empleo público, las partes se quedaron en septiembre “muy cerca” de cerrar un acuerdo, que podría contemplar el mantenimiento de la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y el aumento del 50% al 75% en el resto de sectores. Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al que se podría sumar un 5% adicional de libre disposición.