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El Gobierno pide la nulidad del fallo del Supremo sobre el bono social eléctrico

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado hoy que el Gobierno ha planteado un "incidente de nulidad" contra la sentencia

Nada contradice a De Guindos, que en un primer momento dijo que el Ejecutivo acataría la sentencia

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El ministro de Energía, Álvaro Nadal. EFE

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado hoy que el Gobierno ha planteado un "incidente de nulidad" contra la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el régimen de financiación del "bono social" eléctrico, que hasta ahora corría por cuenta de las empresas del sector.

Nadal contradice así al Ministro de Economía, Luis de Guindos, que en un primer momento dijo que se acataría la sentencia. "Evidentemente cumpliremos esa sentencia pero necesitamos conocerla en todo su detalle", dijo De Guindos.

El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria.

En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del Real Decreto de 2014.

Según el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".

En el pleno del Senado, Nadal ha urgido a todos los partidos a dialogar para evitar los efectos de la sentencia, ya que el bono ha quedado sin financiación, y ni el resto de consumidores ni los presupuestos públicos deben pagarlo, según ha dicho en respuesta a preguntas de Podemos y del PSOE.

Ha insistido que son muchas las administraciones implicadas en el tema de la pobreza energética, incluidas las Cortes Geneales, ya que al Gobierno corresponden las competencias energéticas, mientras que la política social es de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que tienen capacidad para regularla, y se debe ser "respetuoso" con ello.

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