Extremadura no pagará más sanciones de la Unión Europea por el coeficiente de la superficie de pastos a partir de la campaña de 2014 pero tendrá dificultades para pagar la primera multa de 10 millones de euros y aún está pendiente de que el Tribunal de Justicia comunitario dictamine sobre una segunda de 79. Así lo ha dicho en Mérida, en una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte de la Asamblea regional, la directora general de Política Agraria Comunitaria (PAC), María Yolanda García.
La Consejería ha trabajado ‘’intensamente’’ en la defensa de la dehesa, de su consideración y adecuado encaje, y resultado de este “inmenso trabajo” es que ha conseguido que la Comisión Europea excluya a Extremadura de nuevas sanciones de pastos.
García ha precisado que las líneas de actuación que se han llevado a cabo por el actual Gobierno autonómico han sido la defensa en los procedimientos de investigación abiertos para la campaña 2014/2015 y 2015/2016, la validación de la Comisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, propuestas de mejora de la norma comunitaria y el análisis y puesta en funcionamiento de una capa específica de explotaciones de dehesa, que contenga superficies adehesadas y otras parcelas de uso ganadero.
En líneas generales, ha reiterado que la primera corrección financiera fue impuesta en el 2015 relativa a los pagos de 2008 y 2009, por la que España fue sancionada con 20 millones de euros y en este caso, el Gobierno de España repercutió a Extremadura el 50 por ciento de dicha sanción.
La directora general ha añadido que la Junta mostró su disconformidad dado que se ha cumplido en todo momento las normas comunitarias y las instrucciones del Ministerio de Agricultura y ha agregado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), no aplicó el coeficiente de pastos en toda España en la creación del Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias ‘’porque entendió que no era obligatorio y porque su criterio fue que los árboles que sirven de alimento para el ganado deben ser admisibles’’.
Por ello, el Gobierno autonómico llevó el caso al Supremo por la vía contenciosa administrativa, ya que entendía que fuera el Ministerio de Agricultura y en concreto, FEGA a quien le correspondía abonar la sanción pero una sentencia conocida el mes pasado recogió la corresponsabilidad de la sanción entre la Administración Autonómica y el Gobierno de España.
No obstante, Yolanda García ha añadido que durante los años a los que se refiere la sanción y en lo sucesivo se ha abonado correctamente las ayudas agrarias y los ganaderos no han percibido ‘’indebidamente ningún importe’’.
En cuanto a la segunda sanción impuesta por la Unión Europea porque ‘’entiende que ha habido una incorrecta aplicación de las ayudas de la PAC en las superficies de pastos relativas a los años 2010 al 2014 y cuyo importe total asciende a 270 millones de euros de los que corresponderían 79 a Extremadura y en este sentido, hemos interpuesto un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y hemos solicitado que la sanción la asuma el Estado y no las Comunidades Autónomas y la suspensión temporal de la ejecución de la misma’’.
‘’El Tribunal Supremo ha accedido a esta petición y, por tanto, no habrá que hacer efectiva la sanción hasta que no se resuelvan estos procedimientos judiciales’’ ha agregado.
Como aclaración, la directora general ha reiterado que en el caso de la primera sanción el Ministerio no recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mientras que en la segunda gracias a las exigencias de las Comunidades Autónomas afectadas sí lo ha hecho, y ‘’el recurso está pendiente de sentencia’’.
La directora general de la PAC, Yolanda García ha explicado además que ‘’es importante consolidar y ampliar las superficies admisibles en las explotaciones agrarias de cara a futuras reformas e incrementar las hectáreas declaradas anualmente, flexibilizando la aplicación de la actual PAC en las explotaciones ubicadas en el ecosistema de la dehesa’’.
Y, por tanto, ha reiterado que es necesario establecer en la normativa europea y nacional un tratamiento diferenciado y adecuado a la dehesa y otros pastos arbolados y arbustivos que recoja sus especiales características en la aplicación del régimen de ayudas de la PAC.
En este sentido, Yolanda García ha indicado que ‘’defenderemos la dehesa ante la nueva Política Agraria Comunitaria, buscando estrategias para lograr que las autoridades comunitarias ayuden a la región a afrontar los problemas derivados de la aplicación de los coeficientes de pastos en las superficies ganaderas’’.
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