El Gobierno Rajoy pide por quinta vez más papeles a la mina Aguablanca
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha pedido nueva documentación complementaria en el proceso abierto para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), en lo que es la quinta vez desde que comenzó el proceso.
Esta documentación solicitada el pasado 9 de marzo se suma a la requerida por el pasado 8 de febrero y conlleva la interrupción del plazo de tres meses que el Gobierno tiene para pronunciarse. Está en cuestión el permiso para explotar la mina en galerías subterráneas una vez agotada a cielo abierto
Con anterioridad se solicitó documentación el 25 de febrero, 8 de abril y 8 de agosto de 2016, además del 8 de febrero
PSOE
El portavoz del PSOE extremeño, Miguel Ángel Morales, considera un “cachondeo” lo que está ocurriendo y acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de tener “voluntad política de perjudicar a Extremadura”.
Ha recordado que la licencia ambiental está pendiente desde hace año y medio, y mostrado su “extrañeza y preocupación” por la actitud del Gobierno de la nación, ya que, a su juicio no se está ante un problema técnico, y por la “connivencia” de los populares extremeños.
“Esto es un cachondeo de Rajoy con Extremadura, se están riendo de todos los extremeños”.
Morales ha insistido en que la “responsabilidad” del perjuicio a los trabajadores y la comarca es del Ejecutivo central, que, sin embargo, de forma “rauda y veloz” y “a escondidas” sacó la DIA del Almacén Temporal Individualizo (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz.
Por último, ha emplazado a los populares extremeños a “pringarse” en este tema en vez de “descalificar” al presidente regional, Guillermo Fernández Vara.
Delegada del Gobierno: cuestión técnica
La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha reiterado, en relación a la nueva documentación solicitada que aunque desconoce de qué se trata, es una cuestión de carácter técnico.
“La situación es la misma que hace quince días, no ha variado nada que yo tenga conocimiento” y respecto a si se trataría de nueva documentación o ampliación de la pedida el pasado 8 de febrero ha indicado que aunque no es técnica “a lo mejor será otra, para asegurarse de emitir ese informe”.
“No debe ser fácil cuando hay otras y DIAs y otra serie de documentos que han entrado mas tarde y se ha resuelto”, ha dicho Cristina Herrera, para quien se trata de un asunto “completamente técnico”.
Ciudadanos: inaceptable e inexplicable
La portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez, ha calificado de “inexplicable” e “inaceptable” la situación, un nuevo requerimiento que
“añade una entrega más a este asunto, con lo que el ministerio puede llegar a dar sensación de estar más interesado en demorar, que en agilizar la reapertura de la mina Aguablanca”.
Cristina Herrera, dimisión
Los secretarios regionales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez respectivamente, han pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera. Ambos dirigentes han calificado de “desvergüenza absoluta, impresentable e inaceptable” esta nueva solicitud de documentación, que es la quinta, y han criticado que la delegada del Gobierno defienda que es una cuestión técnica y que entra dentro de la normalidad.
Para Julián Carretetero, si la justificación es que las cosas “se tienen que hacer así”, entonces “habrá que cerrar el ministerio” y ha acusado al Gobierno de “ningunear” a Extremadura “echándole la culpa a los técnicos” y “hacer el mal a conciencia”.
Carretero ha instado a los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente “a que salgan a la calle y expliquen si las cosas son así o alguien les impide hacer su trabajo”.
Por su parte, Patrocinio Sánchez ha afirmado que “es inaceptable” que a estas alturas del proceso se siga requiriendo documentación “cuando para otras cuestiones se dan mucha prisa”.
En su opinión, el Gobierno de España “ningunea” a Extremadura en esta cuestión como lo hace con el tema del ferrocarril, y habría que preguntarles “si no les importan el futuro de las familias y las cifras del paro en Extremadura”.
La dirigente de UGT entiende que la delegada del Gobierno debe dimitir por la “nula y escasa gestión” llevada a cabo en este asunto.
