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EXTREMADURA

Opinión

Cuando el PSOE era radical: en el 40 aniversario del XXVII Congreso (Madrid, 5-8 de diciembre de 1976)

"A la altura de diciembre de 1976 el por entonces denominado PSOE renovado, liderado por Felipe González y en abierta rivalidad con el PSOE Histórico (la otra organización en la que se escindió el partido en 1972 y encabezada por el histórico dirigente Rodolfo Llopis), se había ganado el respaldo de la Internacional Socialista"

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A la altura de primeros de diciembre de 1976 el proceso de transición política enfilaba una senda, marcada por la Ley para la Reforma Política, que culminaría con la legalización de los partidos políticos y la celebración de unas elecciones democráticas. Unos días antes se había producido el harakiri de las Cortes franquistas en virtud del cual los mismos procuradores habían aprobado la tramitación de una ley que los despojaba de los privilegios otorgados por el sistema político de la dictadura.

Esta maniobra dejaba atrás las primeras propuestas liberalizadoras del régimen, puro maquillaje, que perseguía el gabinete presidido por Arias Navarro y proponía, a través del gabinete dirigido por Adolfo Suárez, un marco jurídico que, viajando de “la ley a la ley”, reformase el sistema y abriese el espacio público al libre juego democrático. 

A la altura de diciembre de 1976 el por entonces denominado PSOE renovado, liderado por Felipe González y en abierta rivalidad con el PSOE Histórico (la otra organización en la que se escindió el partido en 1972 y encabezada por el histórico dirigente Rodolfo Llopis), se había ganado el respaldo de la Internacional Socialista, organismo que congregaba a los más renombrados partidos socialistas y socialdemócratas del continente. Un respaldo que implicaba no sólo el reconocimiento como legítimo representante y legatario de las siglas históricas del casi centenario partido socialista, sino que también avalaba internacionalmente, y apoyaba materialmente, la andadura de la nueva ejecutiva. 

A la altura de diciembre de 1976  la oposición política al franquismo, reunida en la conocida popularmente como “platajunta”, hacía tiempo que había calibrado el alcance del pulso por la ruptura democrática planteado a las elites que, procedentes de la dictadura, trataban de encauzar el proceso de transición. Si bien la presión de la oposición, sostenida por la conflictividad sociolaboral desplegada en la calle (el año 1976 registró un sinnúmero de movilizaciones políticas y laborales que pusieron en jaque a la elite de la dictadura), no desembocó en la ruptura, sí evitó la puesta en práctica de los cambios puramente cosméticos promovidos por el gabinete de Arias. 

Unos grupos de oposición que conformaban un amplio mosaico donde convivían en el campo de la izquierda, desde propuestas más o menos socialdemócratas, hasta planteamientos revolucionarios, que anidaban en los grupos de extrema izquierda.

Y destacando sobre esta miríada de partidos de la izquierda, el PCE, el partido del antifranquismo por definición, cuya proyección era percibida como una amenaza, toda vez que podía convertirse en el referente de la izquierda a la manera del PCI en Italia, ampliando la esfera de influencia del comunismo en el por entonces denominado por la propaganda occidental “mundo libre”; máxime cuando los vecinos portugueses experimentaban un proceso de cambio político, originado en la Revolución de los claveles, donde el elemento comunista desafiaba el orden geoestratégico, favorable a los intereses estadounidenses, diseñado para el sur de Europa. 

Y en este contexto tiene lugar el XXVII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid y previamente autorizado por un gobierno que no tenía los mismos miramientos con los partidos situados a su izquierda. Una actitud tolerante hacia un partido ilegal que se explicaba por el interés en reconocer a los socialistas como interlocutores privilegiados del gobierno y que buscaba, entre otros objetivos, restar protagonismo a un PCE que rivalizaba con los socialistas por la hegemonía en este amplio segmento ideológico. Recordemos que el PCE sería legalizado en abril de 1977, dos meses después que el resto de partidos, salvo la extrema izquierda, y porque su ausencia del tablero amenazaba con invalidar, a los ojos de observadores políticos internos e internacionales, todo el proceso de cambio político. 

Al cónclave socialista asistió la plana mayor de la Internacional Socialista. La presencia de personajes como Olof Palme, Willy Brandt, François Miterrand, Pietro Nenni o Michael Foot, enfatizaba el apoyo de la familia socialdemócrata al nuevo PSOE. Un padrinazgo que, en el caso del SPD de Brandt, influiría en la reorientación de su discurso ideológico hacia la socialdemocracia, a través del apoyo financiero, humano y material prestados por la Fundación Friedrich Ebert, vinculada al partido socialdemócrata alemán, como ha contado el historiador Antonio Muñoz. 

Sin embargo, aquel Congreso pasaría a la historia por aprobar unas de las resoluciones políticas más radicales de su ya entonces luenga trayectoria. El punto 4 de la Resolución manifestaba[1] que “El PSOE reafirma su carácter de partido de clase y, por lo tanto, de masas, marxista y democrático”. Rechazaban “cualquier camino de acomodación al capitalismo o la simple reforma de este sistema”; asimismo preconizaban una sociedad socialista autogestionaria. Y como colofón, se definía como internacionalista y antiimperialista. Y en cuanto a la articulación territorial del Estado, la primera tesis sobre la estructura federal decía lo siguiente: “El PSOE propugna la instauración de una República federal, integrada por todos los pueblos del Estado español”, haciendo mención incluso al derecho de autodeterminación.

En definitiva, unas resoluciones que, subrayando orgullosamente la identidad socialista, metabolizaban buena parte de la herencia político-ideológica transmitida por las luchas de los años sesenta como el antiimperialismo o el derecho de autodeterminación de los pueblos. 

Cuando los proyectos políticos abrigados por la oposición de izquierdas discurrían entre el socialismo autogestionario, defendido por el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, y los planes de la izquierda revolucionaria, el PSOE no podía, desde un punto de vista estratégico, hacer una propuesta socialdemócrata, cuyo objeto fuese “administrar el capitalismo”.

En un momento en el que se desconocían los apoyos políticos y electorales de todas las alternativas en liza (no se habían celebrado aún elecciones) y los datos sobre las estructuras organizativas, operativas sobre el territorio, estaban a propósito inflados, la elección de una tibia propuesta socialdemócrata arriesgaba la a priori destacada posición del PSOE en el dinámico, bullente y reivindicativo ecosistema de la oposición de izquierdas al franquismo. 

La interpretación que han venido sosteniendo los principales dirigentes socialistas, prácticamente desde los años de la transición, sobre la radicalidad de la resolución política, pone el acento en la sobrecarga ideológica de unos cuadros ultraideologizados, como consecuencia de un anómalo proceso de socialización política en un contexto dictatorial, concluyendo que se produjo una natural adaptación de las radicales propuestas socialistas a las moderadas expectativas de la sociedad española.

Una lectura que trata de diluir las responsabilidades de estos mismos dirigentes en la deriva ideológica de la organización (independientemente de los cálculos electorales que estuvieron sobre el tapete una vez adentrados profundamente en el proceso de transición, cuando el PSOE se veía como alternativa de gobierno, ya hacia 1979, y cuyo objetivo era la conquista del centro político-electoral) y resulta sumamente funcional a los análisis explicativos sobre las renuncias ideológicas que tendrían lugar en 1979, cifradas en el abandono del marxismo; un proceso de ajuste ideológico pormenorizadamente descrito por Juan Andrade en su libro sobre la evolución del PCE y el PSOE en la transición. 

Una interpretación que, en definitiva, se escuda en la hiperideologización de los cuadros del partido para justificar la elección de un determinado proyecto de raíz socialdemócrata, impregnado de indelebles ribetes liberales en su ejecución durante la década de los ochenta, y orillar otro que incidía en la necesidad de trabajar, desde postulados íntegramente socialistas, simultáneamente en las instituciones y en la sociedad; un proyecto que, como todos los que recorren caminos que están por abrir, necesitaba de grandes dosis de imaginación y voluntad. Una estrategia política, esta de aunar lucha en las instituciones y trabajo en la calle, que defendió en la década de los ochenta dentro del PSOE, sin éxito, la corriente de opinión Izquierda Socialista.

* [1] La citas textuales de la Resolución Política y la Resolución sobre nacionalidades en  Guerra, A. (ed.), XXVII Congreso PSOE, Editorial Avance, Barcelona, 1977.

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