A juicio un alcalde del PP por autorizar 2.966 viviendas en un año en la costa de Lugo

En un sólo día, el 5 de septiembre de 2006, el gobierno local de Barreiros, en la costa de Lugo, con su alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga a la cabeza, concedió licencias para construir 616 viviendas. En aquel año, en un municipio rural de solo 3.200 habitantes, autorizó un total de 2.966 nuevas viviendas dispersas por terrenos que carecían de cualquier tipo de servicio urbano. “¿Que tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, justificaba el regidor en referencia a la villa turística de las Rías Baixas en la que veranea Rajoy y que se compara con Marbella. Su juicio ya tiene fecha, el próximo febrero, doce años después, y en él Fuente Parga, otros cinco concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada Arca, se sentarán en el banquillo para hacer frente a una petición de la fiscal para cada uno de ellos de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El juicio analizará el otorgamiento en 2006 de un total de 45 licencias que suman 2.966 nuevas viviendas así como otras instalaciones comunes como piscinas. Fueron las licencias que el gobierno municipal llegó a autorizar antes de que a comienzos de 2007 la Xunta bipartita de PSdeG y BNG interviniese el urbanismo local con un procedimiento posteriormente anulado por el Tribunal Supremo por no exponerlo previamente al público. Pero antes de esa intervención del urbanismo local, la Xunta ya había avisado a Barreiros de la ilegalidad que estaba cometiendo por considerar como suelo urbano terrenos que no lo eran porque no contaban con ningún tipo de servicio público.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el 14 de marzo de 2006 el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, remitió una comunicación al Ayuntamiento informándolo de que la ley impedía desde comienzos de aquel año otorgar licencias para esos terrenos no urbanos a los municipios como Barreiros que carecían de plan de urbanismo actualizado. A pesar de ese aviso directo y explícito, en los meses posteriores y hasta la intervención del urbanismo por la Xunta, “los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barreiros concedieron [...] 45 licencias para la construcción de edificaciones, pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal, de que prescindieron, pese a ser preceptivo, en parte de los procedimientos que siguieron”, dice la fiscal.

Porque mientras la arquitecta municipal, también acusada, obvió las irregularidades, la secretaria municipal no lo hizo y advirtió expresamente de ellas. El escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de las diversas ilegalidades urbanísticas que se pueden cometer. Los terrenos afectados, muchos dedicados a la agricultura o la ganadería, dice la fiscal, “distaban, en términos irreconciliables, de lo que podría ser una malla urbana, ya que carecían de acceso rodado público y de servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, red de saneamiento y suministro de energía eléctrica con iluminación pública”. En algún caso las edificaciones ocupaban suelo protegido. Es paradigmática la imagen recogida años después en una publicación de la Xunta de un cartel ofreciendo la venta de chalés “con agua y luz” como algo extraordinario ya que muchas de las edificaciones que se hacían entonces en Barreiros carecían de aquellos servicios.

Con aquellas licencias que ahora se juzgan, así como con las que se habían concedido en años anteriores de la burbuja inmobiliaria e incluso posteriores, cuando ésta ya había explotado pero el gobierno local de Barreiros seguía confiando en su modelo de urbanismo, ha pasado de todo. Una parte de las viviendas se finalizaron, pero no todas lograron venderse a pesar del intento de los promotores de deshacerse de ellas con ofertas como un apartamento de dos habitaciones por 36.000 euros. En otros casos nunca se llegó a mover una piedra mientras que, en un punto intermedio, abundan en Barreiros las estructuras de hormigón a medio levantar. Hoy, en el municipio de 3.200 habitantes hay 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.

A pesar de ese resultado, el gobierno local consideró la intervención urbanística de la Xunta como un ataque político. En los últimos años inició por dos veces la redacción de un plan de urbanismo, pero empeñado nuevamente en apostar por el aumento del parque de viviendas, con hasta 2.000 más, a pesar de que las existentes están vacías. En un análisis incluido en los documentos previos de ese nuevo plan, el propio equipo redactor relata cómo en el momento de la burbuja, por el simple hecho de ser considerados por el Ayuntamiento como suelo urbano, terrenos agrícolas o ganaderos sin servicios valorados en 3 euros el metro cuadrado pasaban a convertirse en solares de 600 euros el metro.

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que en 2013 dijo que “las feministas dejan de serlo cuando se casan”, reeditó la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015 y dejó el PP pero no el cargo unos meses después, cuando finalizó la instrucción del caso y se abrió contra él el juicio oral que ahora acaba de ser programado para febrero. En él, junto con el regidor, se sentarán en el banquillo cinco concejales y la arquitecta municipal. La fiscal considera al alcalde, la arquitecta y tres de los ediles autores de un delito continuado de prevaricación urbanística y pide para cada uno de ellos dos años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración. Los otros dos concejales sólo están acusados de un delito puntual de prevaricación administrativa porque sólo participaron en la aprobación de una de las 45 licencias del caso.

La fiscal dice del alcalde y de los concejales que “votaron unánimemente a favor de la concesión de las licencias referidas, siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad de Barreiros, y de la imposibilidad de dar repuesta a las necesidades de infraestructuras precisas para la ejecución de dichas licencias y de los informes contrarios de la secretaria” o incluso de la inexistencia de esos informes. De la arquitecta, la fiscal dice que “en casi todos los expedientes citados emitió informes como arquitecto municipal favorables a la concesión de las licencias, pese a la problemática expuesta”.