Guipúzcoa pide verter 128.000 toneladas de basura durante un año y medio en Cantabria

El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa ha solicitado al Gobierno de Cantabria seguir depositando las basuras de esta provincia vasca en el vertedero de Meruelo pero durante un año y medio, --lo que queda de 2016 y 2017 completo--, y no los cuatro ejercicios planteados inicialmente. Esto supondría verter un total de 128.000 toneladas durante ese periodo.

El Ejecutivo autonómico cobraría el vertido de esos residuos a 85,19 euros por tonelada, el mismo precio que abonan todos los ayuntamientos cántabros e inferior, también, al contemplado inicialmente. Ello supondría un beneficio neto para las arcas regionales de más de 9,3 millones (9.301.334 euros) durante esos 18 meses.

A esa cuantía se sumarían los 3 millones de rentabilidad obtenidos durante los tres meses que se han depositado 42.000 toneladas de basuras de Guipúzcoa en Cantabria, proceso que comenzó el pasado 8 de febrero.

La solicitud del Consorcio al Gobierno PRC-PSOE de seguir vertiendo sus residuos en Meruelo se registró el pasado miércoles 27 de abril, y los detalles de la misma han sido desgranados esta tarde en rueda de prensa por la vicepresidenta cántabra y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, que ha indicado que en lo que queda de año se verterían 48.000 toneladas y durante el próximo, 80.000. Estos meses son el tiempo que necesita la provincia vasca para buscar otras alternativas al depósito de sus basuras.

Díaz Tezanos ha apuntado que de llevarse a cabo esta prórroga --solicitada a partir del 8 de mayo aunque admitiría una demora de días sin problema, y que deberá ser acordada en cualquier caso en el Parlamento regional--, el Gobierno autonómico percibiría, en total, por los dos convenios, cerca de 13 millones de euros (12.807.000 euros).

En su comparecencia ante los medios, a los que ha aportado la solicitud de la provincia vecina así como un informe técnico sobre las alternativas de tratamiento de la fracción resto de los residuos sólidos urbanos de Guipúzcoa y otro de la capacidad y vida útil de Meruelo -a día de hoy se prevé que funcione hasta el año 2032--, la también titular de Investigación, Universidades y Política Social ha indicado que las 164.000 toneladas de basura de la provincia vasca que se depositarían en total acortarían la vida útil del vertedero cántabro en un año y siete meses, pasando así de los 17 años y tres meses que le quedan ahora a 15 años y medio.

Este cálculo se ha hecho teniendo en cuenta la capacidad actual del vertedero, que puede acoger más de 1,6 millones de toneladas de residuos, la previsión de depósitos de Cantabria, de 95.825 toneladas anuales, a los que se han sumado los previstos de Guipúzcoa. Todo ello sin olvidar -ha apuntado Díaz Tezanos- que Cantabria va a necesitar a medio plazo un nuevo vertedero.

De todas formas, ha destacado que el de Meruelo estará en funcionamiento hasta 2032, y llegado ese momento no habrá “ningún problema” para su ampliación.

Solicitud justificada

La vicepresidenta regional ha defendido que la solicitud de los “vecinos vascos” está “totalmente justificada” por la situación en que se encuentra la provincia guipuzcoana, que carece de infraestructuras donde verter sus residuos. Se trata, por tanto, de una situación de “excepción” ante un problema de “salud” y de “orden público”.

Díaz Tezanos se ha referido a las “singularidades” de la solicitud del Consorcio de Guipúzcoa, entre ellas la citada “excepcionalidad”, tanto del preacuerdo firmado durante tres meses como el que se prevé rubricar para un periodo de año y medio, derivados ambos de un problema de salud pública. También destaca que en la actualidad no hay en toda España una provincia que no tenga dónde verter sus residuos.

Ha subrayado igualmente la “temporalidad” de un acuerdo que inicialmente se planteó la posibilidad de que fuera por cuatro años pero que finalmente se solicita por un periodo “notablemente inferior”, de año y medio, al ser conscientes en Guipúzcoa que se trata de un tema “complicado y controvertido” para Cantabria.

También se ha referido a la “reciprocidad” del convenio, de modo que si en un futuro Cantabria tiene un problema, la provincia vasca le prestaría el mismo servicio y en idénticas condiciones, según ha asegurado.

En cuanto al precio, Díaz Tezanos ha señalado que el Gobierno cántabro cobrará “el mismo” precio que pagan en la actualidad todos los ayuntamientos de la región, los 85,19 euros por tonelada, a los que Guipúzcoa tendrá que sumar el coste del transporte.

Respecto a las alternativas a los vertidos de la provincia vasca, ha señalado que se han analizado varias, tanto dentro de Euskadi como fuera, en Nájera (La Rioja), Tudela (Navarra), Zaragoza o Francia, y “todos” los estudios coinciden en que “la mejor” es la de Meruelo, la opción “más cercana” y porque este vertedero tiene además “capacidad suficiente”.

Informes y plazos

La vicepresidenta ha señalado que de cara a aceptar la solicitud, el Gobierno ha solicitado todos los informes técnicos y jurídicos precisos, que están siendo analizados por los correspondientes servicios de MARE, la empresa pública que gestiona el vertedero de Meruelo, y de la Dirección General de Medio Ambiente, para elaborar así un informe positivo y favorable a la petición hecha.

Sobre los plazos, ha indicado que la próxima semana se trasladará toda la documentación al Parlamento regional para que los grupos políticos con representación en la Cámara expresen su postura ante el acuerdo. Para ello, se buscará la iniciativa más acorde, de acuerdo con el Reglamento del Legislativo, para tratar este asunto en el Pleno.

La responsable de Medio Ambiente ha resaltado los “beneficios” que el acuerdo reportaría a Cantabria, entre ellos consolidar los 272 empleos en MARE, que saldría de la situación de pérdidas.

Así, ha pedido el apoyo de todos los grupos para que el convenio salga adelante, porque se trata de una operación “positiva” para el Gobierno autonómico. “Podemos atender perfectamente esta solicitud”, ha afirmado Díaz Tezanos, que quiere que la misma esté fundamentada y avalada por los pertinentes informes técnicos y jurídicos.