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Los jueces de Santander se suman a reivindicaciones acordadas por las asociaciones judiciales par mejorar la Justicia

La Junta General de Jueces de Santander ha acordado este miércoles por unanimidad adherirse al cuadro de reivindicaciones consensuado el pasado junio por las cuatro asociaciones judiciales para la mejora de la Justicia.

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Se trata de catorce medidas planteadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la Francisco de Vitoria (AJFV); Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y el Foro Judicial Independiente (FJI).

CATORCE REIVINDICACIONES EN TRES ÁREAS

Estas medidas se articulan en torno a tres grandes bloques ya que, por un lado, hay cuatro dirigidas a "reforzar la independencia judicial" con propuestas sobre la designación de altos cargos judiciales o vocales del Consejo General del Poder Judicial; seis versan sobre planteamientos para la modernización de la Justicia, dotándola de mayor calidad y eficacia, y las cuatro restantes aluden a las condiciones profesionales.

Entre las que pertenecen al primer bloque, se halla la reclamación de un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces que asegure la igualdad de género y la presencia de las minorías y la petición de sustituir el "funcionamiento presidencialista por el colegiado" del órgano del CGPJ.

Además, se demanda una dedicación exclusiva de los vocales y la recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

También, como otra medida, se insta al CGPJ a "amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia", con mecanismos como, por ejemplo, el procedimiento de amparo.

Respecto a los nombramientos de altos cargos judiciales, se pide que se definan previamente los perfiles de los puestos a cubrir y se establezca un "proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género".

Además, estas cuatro asociaciones judiciales reclaman la limitación de mandatos de estos altos cargos para que el nombramiento será prorrogable por una sola vez.

También piden que el nombramiento se motive, no solo respecto a los méritos del designado sino también en su relación con los de los demás aspirantes. Además, se reclama que en los de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia se precise una una mayoría cualificada.

Además, demandan la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Y entre las dirigidas a la modernización de la Justicia, se pide un "plan de inversión suficiente y prolongado" para conseguir un servicio público que asegure "la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente".

Reclaman, en el mismo sentido, un plan decenal de inversiones prorrogable dirigido a, entre otros objetivos, incrementar el número de jueces equiparándolo a la media europea, para lo que piden que se convoquen al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno).

Se demanda que dicho plan decenal también incluya inversiones para modernizar los edificios judiciales; para implantar un expediente judicial "útil y operativo" y procurar los "medios necesarios" para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.

También se reclama la "racionalización" de la planta judicial; la revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto y su implantación; el compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes y la dotación de medios materiales "adecuados" a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

Y respecto a las condiciones profesionales, se pide la convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los "recortes" de los últimos siete años; la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad, así como la "implantación urgente" de unas cargas máximas de trabajo.

Además, dentro de este bloque de medidas, se demanda el que se garantice una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces.

Al margen de este asunto, se ha dado a conocer por el decano, Jaime Anta, el resultado de la reunión celebrada este martes por la mañana por la Comisión Institucional de Seguimiento del Programa Vereda de notificaciones telemáticas y presentación telemática de escritos, en relación con las notificaciones telemáticas a profesionales en el mes de agosto, el cual ha sido debatido por la Junta.

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