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EHBildu acusa a la Diputación de inmiscuirse a favor de los chalés ilegales de Barrikabaso

La institución foral no tiene competencias en la zona, pero envió un informe no vinculante al Ayuntamiento que podría haber alterado un acuerdo adoptado por la corporación.

Los ecologistas arrancan el contencioso para cortar el suministro eléctrico, de gas y agua a los propietarios de las casas por carecer de cédula de habitabilidad.

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La Diputación de Bizkaia envió un informe sobre las posibilidades de recalificar como urbana la zona protegida de Barrikabaso a pesar de que no tienen competencias sobre ella y de que el Ayuntamiento de Barrika no lo había solicitado. En una rueda de prensa celebrada esta mañana, concejales y junteros de EHBildu han a acusado a la institución foral de inmiscuirse en un conflicto que nos les compete y de dinamitar un acuerdo que podría haber salvado los chales de lujo ilegales construidos en la zona respetando las exigencias de los ecologistas.

El conflicto nació hace más de 20 años cuando atendiendo a las demandas de los propietarios de las tierras, la familia Lezama-Leguizamón, la Diputación trazó un plan para recalificar como urbanizable parte del área y construir 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. El principal problema es que previamente el Gobierno vasco había catalogado Barrikabaso como zona protegida por su especial interés paisajístico y el arranque del plan provocó una denuncia del grupo ecologista Txipio Bai para paralizarlo. Tres sentencias les han dado la razón, la última de ellas en el Tribunal Supremo y sin recurso de apelación posible, y han definido que toda la zona debería devolverse a su estado anterior.

Este dictamen da margen a Txipio Bai para exigir el derribo de los 14 chalés de lujo que ya se han construido, pero la organización ecologista prefirió llegar a una solución que no perjudicara a los actuales dueños de los inmuebles. La propuesta vino del Ayuntamiento y consistía en declarar las viviendas como disconformes con el planeamiento mientras se volvía a proteger todo su entorno. De esta forma la zona quedaría una vez más libre de la amenaza de nuevas construcciones, pero mantendría las que ya se levantaron.

Cuando la corporación parecía a punto de adoptar una solución que contentara tanto a ecologistas como a propietarios llegó el informe no solicitado y no vinculante de la Diputación. “La ingerencia es clara y está firmada por el director de Urbanismo, Joseba Escribano”, ha apuntado Javier Martínez, concejal de EHbildu en Barrika. “Plantean que las casas estarían bien construidas porque la licencia de obra no fue revocada, pero no se mojan más”, ha añadido.

El problema actual para el consistorio es que ante la ruptura del acuerdo Txipio Bai ya ha arrancado los trámites por el contencioso administrativo para que se desalojen las viviendas al carecer de cédula de habitabilidad por estar en contra del planeamiento. “Los concejales ahora estamos en la tesitura de tener que quitarles los servicios de suministro de gas, agua y electricidad”, ha explicado Martínez. De hecho, según han detallado los concejales independentistas, esta misma semana ha llegado al Ayuntamiento un requerimiento dirigido al alcalde y cuyo fin es precisamente ése.

Mientras los trámites administrativos siguen su curso, la coalición abertzale presentará una moción en el Ayuntamiento para que se acepte el convenio que había alcanzado la aprobación de vecinos y ecologistas. Por otro lado, interpelarán a la Diputación en el próximo pleno en Juntas Generales y le pedirán que deje de intervenir en un asunto que no le compete.

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