Los efectos “invisibles” de los recortes en cooperación en Euskadi

En los últimos años asistimos a recortes en las políticas sociales en Euskadi, entre ellas en cooperación internacional al desarrollo. El compromiso de las instituciones públicas con la cooperación varía según territorio y color político. La mayoría de los porcentajes destinados a este fin se han desplomado (Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia). En otros casos (Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) se han mantenido y en otras (Consistorio de Vitoria-Gasteiz) la falta de compromiso del Gobierno ha provocado una gran inestabilidad en estas políticas, quedando a merced de pactos entre grupos políticos para sacar adelante el presupuesto de la entidad. Esta realidad nos aleja, y mucho, del histórico 0,7% (70 céntimos de cada 100 euros) de la Renta Nacional Bruta que cada país avanzado debía destinar a ese fin según aprobó Naciones Unidas. También se incumple la Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo aprobada en el Parlamento en 2007 que pretendía avanzar hacia ese porcentaje en las instituciones vascas.

Las políticas públicas de cooperación internacional garantizan el cumplimiento de los derechos de miles de personas que viven en situación de pobreza extrema y desigualdad en países empobrecidos en materias como educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… También permiten llevar a cabo iniciativas en nuestro entorno que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo. Precisamente esta defensa de los derechos humanos es lo que favorecen las políticas de cooperación descentralizada, aquellas llevadas a cabo desde los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos. Por tanto, es nuestro deber ético y moral mantenerlas.

Ahora que las instituciones públicas preparan sus presupuestos para 2015 pedimos a los partidos políticos que consideren la cooperación para el desarrollo como una auténtica política pública, formando parte de las políticas sociales necesarias que garantizan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar, así como la dignidad de la sociedad y de quienes en ella habitamos. La actual deriva está provocando el retroceso en muchos de los avances que se estaban logrando gracias al esfuerzo de una sociedad vasca comprometida con la lucha contra la pobreza en nuestro entorno y también con las injusticias que se viven a miles de kilómetros de Euskadi. No olvidemos que las políticas públicas de cooperación en Euskadi han sido un referente en todo el Estado en los últimos 25 años, no solo por el volumen de fondos destinado desde las instituciones, sino especialmente por su calidad, por su planteamiento a largo plazo y por su compromiso con el enfoque de derechos, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Las ONG de desarrollo somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesa nuestra sociedad -recordamos que somos parte de ella y como tal vemos, sentimos y padecemos el día a día de la ciudadanía-. Para constatar el impacto de los efectos de los recortes en el sector en el periodo 2010-2013 hemos realizado un estudio entre nuestras organizaciones miembro. Concluimos que los recortes provocan grandes impactos en los proyectos de cooperación en los países empobrecidos: el conjunto de las ONG de desarrollo miembro ha sufrido una pérdida de ingresos de un 35,5% y han reducido un 25,4% el número de proyectos en el Sur. Un 59,6% han dejado de trabajar a través de proyectos con alguna de las ONG de desarrollo del Sur y se ha dejado de colaborar con 143 de ellas. Además, se han cesado intervenciones en zonas geográficas.

También han tenido un efecto en las acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en Euskadi. En este período el conjunto de las ONG de desarrollo miembro ha sufrido una pérdida de ingresos del 17,1%. Sin embargo, vemos que la ciudadanía a nivel particular se resiste a dejar de lado la solidaridad, ya que la base social de las organizaciones no ha disminuido, sino que han aumentado las personas voluntarias que colaboran con las organizaciones: el total de las organizaciones miembro tienen 5.614 personas que colaboran voluntariamente (un gran parte mujeres). Se percibe también un ligero descenso de número de personas socias y hay un ligero ascenso en el número de donantes.

Como vemos, la crisis tiene consecuencias en la cooperación, un sector débil en cuanto a fondos económicos pero fuerte en cuanto a convicción de sus bases sociales. Sus efectos no llenan portadas de periódicos ni son tan visibles como otros sectores pero no por ello son menos dolorosos, ya que, son las personas más vulnerables las que –nuevamente- sufren sus principales efectos. Creemos que, con interés y compromiso, es posible cuadrar a cero las cuentas públicas sin que la cooperación se vea más afectada que el resto de políticas.