Amnistía Internacional pide en Río de Janeiro el fin de la violencia policial

Amnistía Internacional (AI) entregó hoy al Gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro un documento respaldado por más de 61.000 firmas que piden la adopción de medidas para acabar con la violencia policial, según informó la organización.

El documento, dirigido al gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, solicita el fin de las ejecuciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden cariocas y aboga por acabar con la figura jurídica del “auto de resistencia”, término usado para clasificar las muertes de criminales que se niegan a entregarse.

“No es admisible que un estado como el de Río de Janeiro mate a más de 8.000 personas en el transcurso de operaciones policiales en un período de diez años”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, citado en el comunicado de la entidad.

El informe, que no pudo ser entregado personalmente a Pezão, recoge además una serie de recomendaciones para atajar este problema, como la creación de un equipo de trabajo para la investigación de todas aquellas muertes que se produzcan en acciones policiales.

Las cerca de 20 personas que participaron en el acto de entrega del documento se concentraron a las puertas del palacio Guanabara, sede del ejecutivo regional de Río de Janeiro, con pancartas que recogían mensajes como “Diga no a la ejecución” o “Joven negro vivo”.

Amnistía Internacional denuncia desde hace tiempo no sólo la violencia llevada a cabo por la Policía en Brasil, sino también una legislación que, según la organización, ha permitido a las fuerzas del orden encubrir de forma reiterada numeroso crímenes cometidos por sus miembros.

Según estadísticas recogidas por la entidad, 283 de las 1.791 muertes violentas registradas en la ciudad en 2011 (alrededor del 16 %) ocurrieron en acciones policiales y, de acuerdo con AI, en muchas de ellas existieron indicios de que fueron ejecuciones extrajudiciales.

La Policía Civil, sin embargo, tan sólo abrió 220 investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido en las 283 muertes en las que intervino al menos un policía, bien fuera en cumplimiento del deber o en supuesta defensa propia.

De los agentes acusados, solamente uno había sido denunciado ante la justicia por homicidio hasta el pasado mes de abril, en tanto que el 80 % aún afronta procesos administrativos cuatro años después.