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La Audiencia prorroga la prisión preventiva de Romanov por riesgo de fuga

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La Audiencia prorroga la prisión preventiva de Romanov por riesgo de fuga

La Audiencia prorroga la prisión preventiva de Romanov por riesgo de fuga

La Audiencia Provincial de Palma ha acordado hoy prorrogar por riesgo de fuga la prisión provisional de Alexander Romanov, que cumplirá dos años en la cárcel el 11 de diciembre y será juzgado a partir del 6 de mayo por el presunto blanqueo de 14 millones de euros procedentes de actividades mafiosas.

Tras la vista celebrada ayer, la sección segunda de la Audiencia de Baleares ha dictado un auto en el que acuerda prorrogar la situación de prisión provisional de Romanov una vez haya superado el plazo máximo de dos años de prisión preventiva que establece la Ley, entre otros motivos por el riesgo de fuga, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

"Pensamos que concurren muy elevadas posibilidades de que el acusado pueda aprovechar esa ocasión para darse a la fuga", afirma el tribunal sobre la petición de liberación provisional.

En su decisión, la sección segunda ha tenido en cuenta el auto de apertura de juicio oral y el escrito de acusación de la Fiscalía que recogen la existencia de indicios de que Romanov pueda pertenecer a la organización criminal Taganskaya radicada en Rusia y podría haber blanqueado fondos en Mallorca, por lo que Anticorrupción solicita una condena de 17 años.

El tribunal señala que los indicios de criminalidad aparecen "inscritos y asentados" en el auto transformador de las diligencias en procedimiento abreviado, confirmado por la Audiencia.

Ante lo alegado por la defensa, que pidió su liberación por lesión de la presunción de inocencia, la Audiencia señala que al existir un juicio de acusación formal hacia Romanov, no cabe en este estadio procesal sostener que se ha podido ver quebrantado o lesionado ese derecho.

Añade que esa situación solo se produciría si hubiera "una acusación infundada y carente de toda justificación, lo que no acontece" cuando existe una resolución formal de imputación, con "un razonable juicio de acusación".

El tribunal considera que Romanov no ofrece garantías suficientes de que "de ser liberado no aprovechará esa situación de libertad para darse a la fuga y así impedir ser juzgado y eventualmente condenado a las importantes y muy elevadas penas que solicita el ministerio fiscal".

Según la Audiencia, la cercanía del juicio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores e inducción a la revelación de secretos por funcionario, que se celebra a partir del 6 de mayo, ha "incrementado" el riesgo de fuga.

"Al existir ya formalizada una acusación contra el acusado, al hallarse más próxima una probable condena a muy elevadas penas, su deseo por eludir tales responsabilidades se adivina mayor y más intenso que el que pudiera percibirse al principio de la instrucción de esta causa", señala el auto.

El tribunal añade que el hecho de que la Fiscalía pida 17 años de condena supone un "negativo y muy desfavorable horizonte penométrico" que comporta un elevado y potencial riesgo de fuga.

La Audiencia también tiene en cuenta la peligrosidad del acusado, derivada de su presunta pertenencia a una organización criminal mafiosa que utilizaría la violencia física y la extorsión, así como que Romanov dispone de bienes e importantes contactos en Rusia que podría utilizar para fugarse y refugiarse si fuera liberado provisionalmente.

Sobre el trato desigualitario respecto a otros procesados en la causa que han sido liberados en espera de juicio, el tribunal señal que obedece al mayor y más relevante grado de participación de Romanov en los hechos que se imputan.

Que lograra rodearse de expertos que le ayudaron presuntamente a blanquear fondos en España, incluido un policía local, incide "en la desconfianza" del tribunal hacia el acusado y las dudas sobre su liberación.

El tribunal recalca que la medida cautelar de prisión no pretende ser una pena anticipada y "solo busca asegurar que el acusado podrá ser sometido a juicio, ya que en situación de libertad esa seguridad no existe o es altamente dudosa".

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