La Fiscalía abre una investigación penal sobre el accidente del Metro de Valencia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto dos diligencias de investigación penal, por un lado, para analizar las posibles causas del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 julio de 2006 causó la muerte de 43 personas y provocó heridas a otras 47 y, por otro, para investigar un posible delito contra las instituciones del Estado a raíz de las comparecencias de testigos en la Comisión de investigación celebrada en las Cortes valencianas.

Así lo ha comunicado la Fiscalía Provincial, en un comunicado, en el que señala que la decisión se ha adoptado este viernes tras recibir escritos de denuncia, uno presentado por la diputada socialista en las Cortes, Ana Barceló, y otros dos interpuestos por Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap y por otra persona.

Fiscalía señala que ha abierto dos diligencias de investigación. Por un lado, ante la denuncia presentada por el grupo parlamentario socialista, a través de la diputada Ana Barceló, sobre las “actuaciones de testigos” en la Comisión de Investigación celebrada en las Cortes tras el accidente, el ministerio público ha decidido abrir la investigación “por un posible delito contra las instituciones del Estado del artículo 502.3 del Código Penal”.

En segundo lugar, las otras diligencias abiertas son consecuencia de dos escritos presentados ante Fiscalía, uno de ellos por el portavoz de la entidad Cercle Obert, Antonio Marín, y el otro por otra persona, quienes solicitaron la reapertura de las investigaciones sobre el accidente en sí mismo y para que se analizaran las posibles causas del siniestro.

Los socialistas presentaron el pasado 6 de mayo su denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, cuyo responsable, Ricard Cabedo, abrió un día después diligencias, que cerró al no citarse a ninguna persona concreta y no aparecer ningún aforado en los hechos descritos. Por ello, decidió enviar la documentación que le habían aportado a la Fiscalía Provincial para que actuara “en consecuencia”.

El PSPV denunciaba que, a raíz del accidente de metro, “se constituyó una Comisión de investigación en las Corts el 17 de julio de 2006 y que es posible que testigos que testificaron ante ella hayan faltado a la realidad inducidos por otros”, lo que podía constituir un delito recogido en el Código Penal.

El PSPV consideraba que algunos comparecientes en las Cortes pudieron incurrir en un presunto delito de falso testimonio. En la denuncia adjuntaron una copia del programa 'Salvados' sobre el accidente, el “argumentario” que la consultora H&M Sanchis elaboró sobre el siniestro y las actas de la comisión de investigación.

Barceló recordó en el momento de presentar la denuncia que el artículo 502 del Código Penal contempla penas de entre seis meses y un año de prisión y recalcó que cuando se citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Cortes acerca del metro se advertía de la obligación de decir la verdad. Esta documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía Provincial, que se ha pronunciado este viernes con la decisión de abrir la investigación.

Campaña ciudadana

Por su parte, Cercle Obert lanzó una campaña ciudadana para que la Fiscalía reabriera la investigación sobre el accidente del metro. A su juicio, a raíz de la emisión del programa 'Salvados' se apreciaba “claramente” indicios de delito en la actuación de determinadas personas por lo que solicitaban nuevas investigaciones “ante el profundo dolor y malestar de los familiares de las víctimas” y “la indignación que han provocado estos hechos a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana”.

Asimismo, solicitaba que el ministerio público identificase a “los responsables intelectuales, que supuestamente tejieron una trama de mentiras y falsedades en torno a la instrucción judicial”, ya que, según dijo en un comunicado en ese momento, se afirmó que la unidad siniestrada del metro “no había descarrilado previamente, cuando existe numeroso material fotográfico publicado que confirma la existencia de dos descarrilamientos previos al accidente del 3 de julio de 2006”.

La entidad reclama en su escrito que Fiscalía analizara “todas y cada una de las posibles causas del accidente” y que aclarara por qué la comisión de investigación, celebrada durante cuatro días, “no tuvo a bien recabar investigaciones y análisis científicos contrastados a expertos independientes y solventes, basando única y exclusivamente sus conclusiones en opiniones vertidas sin apoyo, respaldo, ni rigor científico”.

Del mismo modo, la asociación pidió la depuración de “las responsabilidades oportunas de los gestores públicos de FGV que han participado, supuestamente, de forma directa o indirecta, en la manipulación, ocultación y falsificación de pruebas, informes o soborno de testimonios”.