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Interior dice que la ley vasca de víctimas policiales vulnera la Constitución

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Interior dice que la ley vasca de víctimas policiales vulnera la Constitución

Interior dice que la ley vasca de víctimas policiales vulnera la Constitución

El Ministerio del Interior considera que algunos preceptos del proyecto de ley sobre víctimas policiales vulneran la Constitución "tanto por cuestiones de fondo como competenciales", según un informe de este departamento remitido al Parlamento vasco.

El proyecto de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de represión ilícita entre 1978 y 1999, que será aprobada en julio en el Parlamento Vasco al tener el apoyo garantizado de PNV y EH Bildu, da continuidad al decreto de junio de 2012 que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978.

Este decreto fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas, por lo que el Gobierno Vasco decidió que la cobertura a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 tuviera rango de ley para darle mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, en el informe sobre este proyecto de ley que el Ministerio de Interior ha remitido al Parlamento Vasco se advierte de que varios artículos vulneran la Constitución y de que las atribuciones otorgadas a la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- "infringe varias competencias exclusivas estatales".

En concreto se avisa de que la no exigencia de una sentencia o resolución administrativa que reconozca una vulneración de los derechos humanos "invade las reservas del Estado" porque se trata de "funciones que sólo pueden ejercerse por jueces y tribunales".

La ausencia de sentencias puede dar lugar además a "reexaminar" causas ya juzgadas, incluidas las que han terminado en absolución, pero "sin las mismas garantías". El informe recuerda en este sentido que las leyes estatales sobre las víctimas de la Guerra Civil y del terrorismo "parten de la premisa de contar con una sentencia o con diligencias judiciales para el enjuiciamiento de los delitos".

"El reconocimiento de vulneraciones de derechos humanos al margen de un procedimiento judicial -e incluso en contradicción con sentencias absolutorias- sin duda socava el principio de exclusividad de la función jurisdiccional (del Estado)", señala el informe.

En consonancia con lo anterior, las resoluciones de la Comisión de Valoración y también el "derecho a la verdad" recogido en el artículo 8 (difundir las denuncias que se han reconocido como vulneraciones) pueden violar el derecho fundamental al honor, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado relacionados con estos casos.

El Ministerio considera también que la potestad de la Comisión de Valoración de "requerir" a otras administraciones "antecedentes, datos o informes" para tramitar los expedientes "implica posibles obligaciones a entidades y personal dependiente de la Administración General del Estado", cuando "el principio constitucional de cooperación (...) no ampara extralimitaciones competenciales".

Precisamente hace quince días, el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, aconsejó en una comparecencia en el Parlamento Vasco "quitar espoletas" a este proyecto de ley para evitar posibles "conflictos competenciales" y dotarla así de "términos seguros jurídicamente".

En este sentido recomendó, entre otras cuestiones, que la ley no afirmara que la Comisión de Valoración podía "requerir" informes a otras administraciones y que se optara por fórmulas más suaves como "solicitar".

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