La Junta de Castilla y León manejaba una lista de empresas para concederles parques eólicos
La Junta de Castilla y León manejaba una lista de “empresarios regionales” a los que conceder las autorizaciones para parques eólicos. Las grandes eléctricas sólo podían conseguir molinos si se asociaban con ellas. Así lo explicó el principal beneficiario de la trama eólica, el exalto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, que consiguió, como empresario de esa lista, un pelotazo de 47 millones de euros con una sola operación. La querella de Anticorrupción ha contabilizado hasta el momento 80 millones de euros en mordidas pagadas por las eléctricas.
Esgueva, afincado en Polonia desde que se hizo millonario, declaró este jueves en calidad de imputado ante la jueza instructora y el fiscal Anticorrupción. El empresario salió muy satisfecho tras pasar dos horas en la sala de vistas. “Ha ido todo muy bien”, comentó a eldiario.es.
Su letrado anunció que en breve presentará una documentación “para que los funcionarios de la Agencia Tributaria se pongan de acuerdo”. El abogado explicó que la querella de la trama se fundamentó en el informe de un inspector de Hacienda que detectó que Esgueva, con una inversión de poco más de 24.000 euros en una sociedad eólica mixta con Iberdrola, había conseguido vendérsela por 47 millones sin que hubiese una prestación de servicios entre ellas.
Hacienda ha embargado ya 28 millones de euros a Esgueva porque considera que esa operación, “lícita”, sí correspondía a una prestación de servicios y por lo tanto está sujeta al pago del IVA.
No fue el tema principal de su declaración. Al fiscal Tomás Herranz le interesaba saber cómo y por qué Iberdrola Renovables y su filial Biovent, con amplia experiencia en tramitación y gestión de parques eólicos, acabó formando una sociedad mixta con Esgueva. “Había una lista, ahí estaban los de Campofrío, los Arranz Acinas... Era una lista que tenía la Junta para que las eléctricas formasen sociedad con ellos”, explicó.
Los criterios para su elaboración o su autoría fue algo que Esgueva no pudo aclarar. O se estaba en la lista, o no se estaba, según explicó. Sí que quiso buscar un encaje legal para la intervención de la Junta de Castilla y León en el libre mercado, y dijo que estaba especificado en el decreto 189/1997 apartado 7.4 que regula el procedimiento de autorización de parques.
Sin embargo, lo que regula es cómo resolver un conflicto de competencia entre varias empresas que pretenden actuar en el mismo terreno: “Los criterios a tener en cuenta en la elección serán: Haber tenido la iniciativa, poseer capacidad técnica y financiera suficiente; asegurar técnicamente una adecuada relación entre la producción energética y la afección ambiental, adaptarse mejor a la planificación energética, presentar mayores ventajas socioeconómicas para la zona y la Comunidad Autónoma en su conjunto, concretadas aquellas en el fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la reducción de costes de inversión para aumentar su capacidad industrial”, dice. En ningún caso, habría podido la Junta, de manera lícita, imponer la presencia de empresarios afines para autorizar un parque.
Esgueva añadió que esta forma de actuar era igual en otras comunidades: se imponía la participación de inversionistas locales para conseguir una autorización.
El fiscal quiso saber por qué dos viviendas de su propiedad en Comillas (Santander) y Simancas (Valladolid) acabaron en manos de Rafael Delgado, el exviceconsejero de Economía que mediante la figura de la avocación autorizó parques que pasaron años paralizados cuando sus gestores se asociaron con los empresarios de 'la lista', y que autorizó los que hicieron millonario a Esgueva. Operaciones de venta normales, según él. A pesar de la relación profesional y comercial entre ambos, no reconoció una amistad íntima, aunque precisó que deja buenos amigos allí donde trabaja.
Por el juzgado pasó también el supuesto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, un abogado que se encargaba de administrar comunidades de vecinos en Medina del Campo (Valladolid) y que acabó creando una sociedad en Suiza, y haciendo continuos “préstamos” a su amigo Rafael. Nehmo Holding es una de las incógnitas del caso, tanto Esgueva como Rodríguez Recio han recibido dinero y realizado abonos en esa sociedad.
Rodríguez Recio, muy nervioso, explicó que él es el dueño de esa sociedad (hace un año se pidió una comisión rogatoria para saber quién estaba detrás y aún no se ha resuelto) y que la creó porque uno de sus clientes le pagó con ingresos en Mónaco y en Suiza. Su intención, dice, era comenzar una serie de iniciativas empresariales junto a Delgado cuando este dejó la Junta. Ninguna les salió bien. Invirtieron, por ejemplo en un negocio fallido de Alberto Esgueva, que quiso crear un complejo hostelero de lujo en un pueblo de Valladolid. La Junta apoyó la idea poniendo todo tipo de subvenciones a su disposición. Nunca desvelaron que tras la empresa Desarrollos Naturales se encontraba Esgueva, que había sido consejero delegado de su oficina de Internacionalización.
“Afortunadamente”, dijo Rodríguez Recio, “conseguimos recuperar los 400.000 euros que habíamos invertido”. ¿Por qué una de las sociedades de Rodríguez Recio se hizo cargo de gastos como un televisor de casi 200.000 euros, o de un Jaguar? “Necesitábamos inversores, y era como una puesta en escena”, declaró.
En calidad de testigo, declaró también el que fue jefe del Área Eólica del Ente Regional de Energía, Tomás Ciria. A lo largo de más de tres horas explicó que las tramitaciones fueron legales, y que las órdenes las daba el exviceconsejero Rafael Delgado. Aunque se le preguntó por el exvicepresidente y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, Ciria se remitió a la viceconsejería.
Villanueva declarará como imputado el 28 de octubre. El fiscal tomó esta decisión después de que Delgado aportase a la causa correos electrónicos dirigidos a Villanueva en los que eléctricas y empresarios comunicaban sus intenciones de asociarse con quien la Junta “estimase de interés” para conseguir parques.
