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El Partido Popular contrató ocho asesores parlamentarios cinco días antes de la disolución de las Cortes

Los nuevos contratos suponen el 10% del total de asesores a los que el PP tiene derecho con cargo a fondos del Congreso y los puestos están garantizados hasta después de las elecciones

Los contratos de última hora se han convertido en una práctica común en el Congreso a la que ninguna formación política es ajena

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José Antonio Bermúdez de Castro, número tres del grupo del PP, y Rafael Hernando, portavoz, en un pleno. Europa Press

El Partido Popular ha esperado hasta el último momento para gastar la hucha de contratos parlamentarios a la que tiene derecho en virtud de los resultados obtenidos en las elecciones del 20 de noviembre. La formación liderada por Mariano Rajoy acaba de fichar a o cho nuevos asesores para el Congreso de los Diputados, lo que supone un 10% de los 81 asistentes que le corresponden. La fecha de los contratos es clarificadora: 28 y 29 de abril, cuatro y cinco días antes de la disolución de las Cortes.

Los nuevos trabajadores a cargo del PP apenas tendrán funciones en el Parlamento y la formación conservadora podrá usarlos en funciones electorales sin necesidad de desembolsar un solo euro. El Congreso es quien paga las nóminas de asesores y lo seguirá haciendo hasta que se configure el Parlamento resultante de las próximas elecciones. El PP no es la única formación que se beneficia de trabajadores a coste cero, pero sí el que más fichajes ha impulsado en el último minuto con la mirada puesta en el 26J.

La decisión del Partido Popular tiene una explicación clara. Los de Rajoy nunca desecharon del todo la posibilidad de que Pedro Sánchez consiguiera hacerse con la presidencia apoyado en Ciudadanos y con la abstención de Podemos. Si ese acuerdo hubiera fraguado, los conservadores tendrían que haber resguardado en el Congreso a multitud de asesores que ahora mantienen repartidos por Moncloa y el resto de ministerios. Por este motivo, el PP se guardó contratos sin cerrar a la espera de acontecimientos. Con la perspectiva de nuevas elecciones, ya no peligran los puestos en el Gobierno y el PP ha decidido poner en marcha la máquina de hacer contratos.

Todos lo hacen

El número de asesores a los que tiene derecho cada grupo viene delimitado por los resultados electorales. El PP, con 81, es el grupo con mayor ejército de colaboradores. El PSOE tiene derecho a 59, Podemos y las Mareas a 43 y Ciudadanos a 27. Las cifras varían en función del tipo de contrato, ya que los números absolutos se refieren a la cantidad de "asistentes" asignados a cada grupo.

Cada asistente tiene un salario de aproximadamente 1.500 euros. En virtud de un acuerdo adoptado la pasada legislatura por cada dos plazas de asistente los partidos pueden contratar un asesor, cuyo salario estaría en torno a los 3.000 euros mensuales. Además, si se usan tres plazas de asistente, los partidos podrían realizar dos contratos de técnico con un salario de algo más de 2.200 euros mensuales.

A esta última fórmula se ha apuntado el PSOE en el último minuto. La formación liderada por Pedro Sánchez decidió reordenar su cuerpo de asesores y ascender a dos de ellos a la categoría de técnicos con fecha 28 de abril, seis días antes de la disolución oficial de Las Cortes.

Los contratos de última hora son una práctica común en el Congreso y ninguna formación se escapa de esa práctica. Basta con repasar el boletín oficial del Congreso para comprobar que Ciudadanos estaba contratando asesores el 25 de abril y que ese mismo día también lo hacía Esquerra Republicana de Catalunya.

En Podemos, también han esperado hasta el último momento para fichar asesores que trabajarán en la campaña sin coste alguno para la formación de Pablo Iglesias. El 11 de abril, Íñigo Errejón firmó la contratación de tres personas con cargo a los presupuestos del Congreso para prestar asesoramiento a Podemos. Habían pasado cuatro días desde la reunión a tres (PSOE/Podemos/Ciudadanos) de la que todos salieron con el convencimiento de que la repetición de elecciones era el único desenlace posible.  

Mientras tanto, todas las formaciones se han sumado al debate de limitar los gastos en la campaña electoral que se presenta por delante. Muchos de ellos podrán usar personal cuyas nóminas pagan los contribuyentes a través del Congreso de los Diputados. 

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