El expresidente salvadoreño Saca afrontará la etapa de instrucción en la cárcel y sin bienes

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2009-2014) deberá afrontar una investigación judicial por la supuesta malversación de 246 millones de dólares encerrado en los calabozos de la Policía y con todos sus bienes embargados, como hoy dictó la jueza encargada del caso.

“Se tienen acreditados los delitos imputados, por lo que el proceso pasa a la siguiente fase (instrucción) con la medida cautelar de la detención provisional” y el “embargo general de bienes muebles e inmuebles”, decretó la jueza Nelly Pozas.

Según la magistrada, que impuso estas medidas tras los intensos debates mantenidos el jueves y el viernes entre los fiscales y la defensa de Saca y seis de sus colaboradores, las razones que expusieron los abogados para pedir la libertad de sus clientes “no son suficientes” porque “las penas que se van a imponer son bastante grandes”, más de 30 años, como para que intenten huir.

“Los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia”, argumentó.

Este viernes, Saca solicitó a la jueza la libertad condicional para poder preparar su defensa, buscar documentos que respalden su “inocencia” y por razones de salud.

“Hace un año estuve en cuidados intensivos y necesito constantemente ver a los médicos por dos dolencias complicadas y graves”, dijo Saca al hacer uso de la “última palabra”.

Sobre la imposición del embargo “general” y “preventivo” de los bienes “a nombre de cada acusado”, Pozas aseguró que es “necesaria, adecuada y proporcional”, pese a ser “atípica”.

El objetivo de ello es que “se tenga la certeza de que no se sustraigan bienes mientras dure este proceso” y que “al final se tengan los suficientes bienes para responder por las responsabilidades”, añadió.

El exmandatario y sus seis colaboradores fueron enviados nuevamente a la División Antinarcóticos de la Policía en San Salvador, donde deberán esperar a que comience la siguiente etapa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital.

La jueza autorizó que los imputados reciban la visita de sus familiares “más allegados” y de sus médicos y que puedan realizar actividades físicas en el recinto por motivos de salud.

El próximo jueves, la defensa recibirá la copia de la resolución, con lo que se iniciará el plazo para que pueda interponer las apelaciones que crea necesarias.

Tras la lectura de la decisión judicial, los abogados de los acusados aseguraron a la prensa que apelarán la resolución porque “carece de fundamentación y ha sido calcada de lo que expuso la Fiscalía durante la audiencia”.

“Vamos a apelar porque, lógicamente, no estamos satisfechos con la decisión de la jueza porque perjudica los intereses de cada de uno de los representados (...) Consideramos que en términos generales la resolución carece de fundamentación, prácticamente en todos los puntos”, anunció la letrada Tania Pastor.

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontarán esta etapa de instrucción por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al malversar supuestamente 246 millones de dólares.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos” del exdirigente Saca, aún empleados de la Presidencia, todos capturados el pasado domingo.

Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, Saca y los implicados operaban una estructura dentro de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo” y, de ellos, lavaron 6 millones.

Saca llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de donde fue expulsado en 2010, para posteriormente presentarse a las elecciones presidenciales de 2014 con Unidad, una coalición de formaciones derechistas.

ARENA también está salpicada por este caso porque, de acuerdo con la Fiscalía, recibió un cheque por 400.000 dólares de los fondos supuestamente malversados.

Lo mismo ocurrió en el caso del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), quien fue acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 a una cuenta de ARENA, procedentes de donaciones taiwanesas.

Además de Saca y Flores, el exmandatario del gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Mauricio Funes (2009-2014) afronta un proceso civil por enriquecimiento ilícito en más de 700.000 dólares, pero está asilado en Nicaragua desde mediados de este año.