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Las ONG ponen el listón a la ley de cambio climático que debe preparar el Gobierno: 100% de renovables en 2050

España tiene pendiente una norma global para atajar el calentamiento de la Tierra que el presidente Rajoy ha anunciado para esta legislatura

El colectivo Alianza por el Clima reclama "descarbonizar la economía" a base de electricidad limpia, impuestos ecológicos o transporte sin combustibles fósiles

Los actuales compromisos del Ejecutivo implican que las emisiones de CO2 serán mayores en 2030 que las de 1990

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Remiten a la CE los planes de energía sostenible de 3.000 municipios europeos

Instalación de paneles solares. EFE

España tiene aún pendiente una ley de cambio climático. Un impulso legislativo para atajar de forma coordinada el calentamiento global desde los ámbitos económico, energético, fiscal o agrario. Las cuatro principales economías de la Unión Europea –Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia– admiten que este objetivo pasa por desengancharse de los combustibles fósiles y ya han presentado sus estrategias a largo plazo que llegan a 2050. El presidente Mariano Rajoy anunció que esta ley se prepararía durante la actual legislatura. El grupo de ONG Alianza por el Clima le ha puesto deberes: que haya un 100% de energías renovables a mitad de siglo.

La palabra clave en este asunto es "descarbonización". Es decir, prescindir del carbón y el petróleo, basados en el carbono, que causan gran parte del recalentamiento de la Tierra. El análisis de Alianza por el Clima –un colectivo que aúna desde grupos ecologistas hasta sindicatos pasando por Cáritas– asegura que la futura ley de cambio climático debería conseguir que las fuentes principales de electricidad provengan del sol y el viento "adaptándolo a la situación tecnológica y coste actual", indican.

Como palanca, este colectivo de más de 400 organizaciones, propone que los impuestos favorezcan las actividades sin carbono: "Con nuevas figuras impositivas o con modificación de las existentes, para favorecer los productos, servicios y actividades en los distintos sectores que contribuyan a una economía descarbonizada y para penalizar a los más contaminantes", recogen en su propuesta. Actualmente, España está a la cola en fiscalidad verde. Los impuestos medioambientales rondan el 1,8% del PIB cuando en la Unión Europa la media se va al 2,4%.

Entre otras cosas, la propuesta también concreta que se garantice una "movilidad sostenible" a base de "transporte colectivo" o "desplazamientos a pie o en bicicleta". El transporte es uno de los denominados "sectores difusos" en la generación de gases de efecto invernadero que liberan en torno a 80 millones de toneladas de CO2 al año. El 95% viene de los desplazamientos en carreteras, según la Hoja de Ruta a 2020 del Ministerio de Medio Ambiente. También aboga por la modificación de las normas de tráfico para reducir las velocidades permitidas.

Metano de la ganadería

Uno de los sectores que escapa a la relación directa entre cambio climático y acción humana es el agrario. Sin embargo, la emisión de metano (otro gas con gran potencia de efecto invernadero) debido a la actividad ganadera y la gestión de estiércol se ha disparado: su concentración en la atmósfera se multiplicó por 20 en 2015, según el Balance Mundial de Metano 2016. Por su parte, la fertilización de campos libera dióxidos de nitrógeno.

Los compromisos actuales del Gobierno implican un aumento sostenido de emisiones respecto al nivel de 1990, que fue el primer año de referencia que se tomó. Con las medidas actualmente planteadas, España va subiendo en emisión de CO2 desde 2013. Y con ese ritmo de subida, en 2030 liberará más gas de efecto invernadero. Sin embargo, al haberse marcado después como punto de medición oficial 2005, ese mismo nivel puede presentarse como reducción ya que aquel año fue el máximo histórico.

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