Un informe de Cifuentes califica el 15M como “un tipo de delincuencia”

El Plan Integral sobre el barrio de Lavapiés elaborado por la Delegación del Gobierno de Madrid, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid - y aprobado en diciembre de 2012- ha hecho saltar las alarmas en diversos sectores vecinales y sociales madrileños. En él se da prioridad a cuestiones relacionadas con la seguridad y se estigmatiza a movimientos como el 15M.

En el apartado de propuestas de asociaciones de empresarios, comerciantes y vecinos el informe menciona demandas y sugerencias presentadas por algunas de ellas:

Más adelante, y ya fuera del apartado de sugerencias de las asociaciones, el Plan califica de antisistema a los grupos que intentan detener los controles policiales de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, una práctica cuya existencia fue reconocida por el propio Sindicato Unificado de Policía y que la ONU ha exigido erradicar.

En referencia a estos grupos que califica como “antisistema”, el Plan afirma que “estos incidentes fueron incrementándose hasta llegar a su punto más álgido en el verano de 2011 y siempre auspiciados por el movimiento denominado 15M, manteniéndose su incidencia el resto del año y en el inicio de 2012”:

A lo largo de sus páginas, el Plan Integral insiste en los problemas de seguridad de Lavapiés. Y, al hablar de ellos, menciona de forma inmediata la diversidad social, cultural y racial del barrio, a cuya existencia atribuye las causas de “tensiones y problemas de convivencia, es decir, conductas incívicas, la mayoría de ellas de difícil encaje sancionador, ya sea penal o administrativo”.

A pesar de que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ya advirtió de que el enfoque anunciado para el Plan era “irresponsable porque estigmatiza y no responde a la verdad”, las autoridades han mantenido las líneas principales del mismo en su redacción final.

“Intentos de criminalización”

“La ciudadanía activa no es parte del problema, sino de la solución. A pesar de que ya criticamos en su día los intentos de criminalización de una parte de los movimientos sociales, finalmente el informe ha mantenido esa línea”, lamenta el presidente de la FRAVM, Ignacio Murgui, en declaraciones a eldiario.es.

“Las asociaciones vecinales ya han dicho que no hay graves problemas de inseguridad en la zona, que los problemas se derivan por la falta de inversiones públicas”, añade.

Del mismo modo se expresa el presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés, una de las agrupaciones que ha mantenido reuniones con representantes de la Delegación del Gobierno para abordar el Plan Integral.

“Sinceramente, no estamos de acuerdo con ese enfoque que ataca a algunos movimientos sociales, de los que no formamos parte pero que desde luego no son problema”, indica el presidente de La Corrala, Manuel Osuna.

“Menos Policía, más inversiones”

“Nuestros problemas no son de seguridad, y sin embargo el informe aborda con insistencia los temas de seguridad. Los problemas de Lavapiés son otros, son temas relacionados con el urbanismo o con la limpieza, por ejemplo. Necesitamos del Plan de Rehabilitación Integral pero se va a suspender. En cuanto a la limpieza, se nota que hay menos personal, el barrio está más sucio y somos el único sin contenedores amarillos en todo el centro”, afirma Osuna.

Y añade: “ Se intenta estigmatizar a Lavapiés. Tenemos la suerte de tener un 60% de nuevos vecinos, lo que demuestra que este barrio sigue vivo, y esto es motivo de orgullo. Es la única zona de Madrid donde a las diez de la noche la calle está llena de gente en pleno invierno”.

“No se necesita más Policía, sino inversiones en equipamiento y servicios públicos”, remata Murgui, de la FRAMV.

De hecho el Plan Integral, aunque dedica buena parte de su contenido a necesidades “de seguridad y convivencia”, reconoce que en Lavapiés “no hay un problema de delincuencia específico”, y que “la tasa de criminalidad está muy por debajo de la media del distrito” Centro de Madrid.

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida también se ha defendido a los movimientos sociales criminalizados o estigmatizados en el Plan.

“El 15M y el resto de movimientos del barrio están haciendo una gran labor social con decenas de iniciativas de todo tipo, desde la lucha contra los desahucios y recuperación de espacios públicos, hasta iniciativas educativas, de mejora de la convivencia o de apoyo al pequeño comercio y la hostelería del barrio”, ha indicado a eldiario.es el concejal de IU Jorge García Castaño.

“Intentos de deslegitimar los actos contra las redadas racistas”

En cuanto a las referencias que el informe hace a las actuaciones de movimientos vecinales para detener determinados controles policiales, a los que denomina “grupos antisistema”, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos consideran que hay un intento claro de deslegitimar a los colectivos o personas que denuncian que las redadas policiales racistas siguen produciéndose.

“No nos extraña este informe, es la actitud habitual de la Delegación del Gobierno, sobre todo desde julio de 2012. Se deslegitiman las acciones contra las redadas racistas y se mantienen sanciones a personas que han denunciado este tipo de controles de identificación. Hay intentos por normalizar la equiparación y relación entre inmigración, delincuencia y seguridad ”, denuncia Natalia, de las Brigadas Vecinales, quien subraya que “quienes tienen que dar explicaciones son las autoridades, no los colectivos que denuncian estas prácticas policiales y que defienden nuestros derechos”.

“La actuación de la sociedad civil ante este tipo de prácticas policiales que han sido condenadas por la ONU es absolutamente legítima. Son acciones siempre pacíficas”, añade.

Otra integrante de las Brigadas Vecinales, Teresa, hace hincapié en que tanto los controles de identificación policiales a inmigrantes como las acciones contra las redadas racistas se registran en muchos puntos de Madrid, y no solo en Lavapiés, “pero está claro que siempre hay intentos de estigmatizar determinadas zonas de la ciudad”.

“Ahora que las redadas racistas están muy visibilizadas, que cada vez más gente de diferentes esferas está informada o actúa contra esta barbaridad y aberración que son estos controles de identificación policiales guiados por los rasgos étnicos o raciales, la estrategia de las autoridades pasa a ser la siguiente: se afirma que los controles son siempre por prevención de la delincuencia y tráfico de droga. De este modo ligan aún más delincuencia con inmigración. Es lo que hemos denunciado en nuestros nuevo informe”, indica.

Recientemente las Brigadas Vecinales presentaron una demanda contra la Delegación del Gobierno de Madrid por vulneración del derecho a la libertad de expresión, de información y de reunión “de una compañera nuestra a la que el Ministerio del Interior ha tratado de disuadir de abandonar su labor de observadora de derechos humanos mediante una multa y el consiguiente infierno de ”lucha“ burocrática que la acompaña”. La demanda ha sido admitida a trámite.