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Perversión de la cooperación en nombre de la "seguridad"

La cooperación debe luchar contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso puede fortalecer los sistemas militares, la externalización de fronteras o la contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria

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La ciudad nigerina de Agadez, también conocida como 'la puerta del desierto' por su posición estratégica.

La ciudad nigerina de Agadez, también conocida como 'la puerta del desierto' por su posición estratégica. Sara Prestianni

Los futuros historiadores narrarán esta época como aquella en la que Europa se armó hasta los dientes y no solo con armas, también con argumentos y políticas criminales que atentan contra las personas y sus derechos. La industria armamentística se frota las manos mientras sus cuentas aumentan exponencialmente. Los discursos xenófobos crecen y alimentan la criminalización de quien huye de los conflictos e incluso de quienes salvan vidas en el Mediterráneo. Y, como una pieza más de esta deriva hacia el abismo en la que se sume Europa, se desvían fondos de cooperación a la externalización y militarización de las fronteras. De este modo, dinero público destinado a la construcción de paz acaba siendo invertido en la industria de la guerra.

Las ONG para el Desarrollo europeas alertamos sobre la dirección que está adquiriendo la cooperación. El recién aprobado "Consenso Europeo para el Desarrollo" –documento que guiará esta política en los próximos 10 años– abre la puerta a los intereses comerciales, de seguridad y de control migratorio. La tendencia está clara: la instrumentalización de la ayuda para fines que nada tienen que ver con el desarrollo gana terreno.

Un fondo para contra el derecho humano a la movilidad

España se subió a esta tendencia ya en 2015, cuando firmó el acuerdo del llamado "Fondo Fiduciario para África", un fondo destinado a contener la migración en los países de origen en África. O lo que es lo mismo, a limitar el derecho humano a la movilidad. Su firma –siguiendo los pasos del realizado con Turquía– estableció alianzas con países en los que la violación de derechos humanos es sistemática. Este tipo de acuerdos, en realidad, agudiza los problemas que enfrenta la población, obliga a las personas a optar por rutas más peligrosas y fortalece el papel de las mafias.

En aquel momento, denunciamos que la cooperación no podía ser moneda de cambio en un juego de intereses en el que se pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables. Ahora insistimos de nuevo: la cooperación debe luchar contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso puede fortalecer los sistemas militares, la externalización de fronteras o la contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria.

El discurso imperante en esta época de rearme enarbola la bandera de la seguridad. En tales circunstancias cabe preguntarse de qué seguridad estamos hablando. Seguridad es tener una vida digna, no estar al amparo de amenazas externas que te impidan un desarrollo adecuado como persona… seguridad significa elegir dónde vivir, no verte obligado a tirarte al mar con tu familia porque lo que dejas detrás es aún más peligroso. Se defiende un discurso que justifica la presunta seguridad de unas personas a costa de la segura violación de los derechos humanos de otras.

La cultura y el negocio de la guerra

Cuando más necesaria es la paz, más crece la guerra. La industria armamentística cuenta con el apoyo económico y político de los gobiernos y gana dinero a espuertas. Esta misma semana se ha celebrado la cumbre de la OTAN en Bruselas. Una reunión en la que se ha dado carta blanca a la reiterada imposición de Trump para destinar el 2% del PIB de los Estados a Defensa. Los intereses geoestratégicos de las grandes potencias mundiales mueven sus hilos a costa de la vida de millones de personas. Y en este teatro, algunos gobiernos hacen el juego a la escena subiéndose al carro. España ha hecho los deberes y se acerca a esa cifra.

En relación a las exportaciones españolas de armas, los últimos datos de la campaña " Armas bajo control" son muy claros: han crecido hasta alcanzar más de 4.300 millones de euros. Las ONG denuncian que estas ventas se realizan a países involucrados en conflictos –como Irak o Arabia Saudí– y que, por tanto, incumplen la legislación vigente al respecto.

Se engorda la industria armamentística y en paralelo se debilita la política de cooperación. Situada en mínimos históricos, la cooperación española cuenta con fuerzas muy limitadas para contribuir a la garantía de los derechos humanos en el planeta. El Gobierno alega a su favor que aún no puede aumentar los fondos pero que, en compensación, gestiona partidas europeas que suponen un valor añadido. Nos preguntamos cuál es ese valor añadido cuando se trata de programas cuyos objetivos están tan alejados de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Europa avanza imparable hacia políticas de externalización y militarización de fronteras. En este avance utiliza incluso los fondos de cooperación; la obscenidad es extrema. Ser cómplice de ello convierte a los Estados en responsables de violaciones de los derechos humanos. La cooperación no puede utilizarse como chantaje para el control migratorio. Garantizar un cambio de rumbo es urgente. No permitamos que en el futuro los libros hablen de la infamia de estos tiempos.

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