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Digan lo que digan, crecen la exclusión y la movilización

Que tras casi seis años de crisis económica hayan nacido pequeños grupos decididos a enfrentarse con piedras y barras de hierro a la policía no debería sorprender a nadie

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Manifestación de Stop Desahucios Ciudad Real. / Efe

Lo verdaderamente preocupante de los incidentes violentos que se registraron al término de la manifestación del 22M es que el Gobierno ha logrado, una vez más, imponer su agenda de comunicación, el único terreno de la vida política en que Rajoy y los suyos llevan claramente la delantera. Porque el asunto, menor tanto por sus dimensiones como por su significación, manda en los medios desde hace varios días, postergando a todos los demás, como seguramente deseaba La Moncloa. En primer lugar, al aspecto más relevante de la marcha del sábado, que fue la altísima participación, abrumadoramente superior al de cualquier otra convocatoria en muchos meses. Pero también al informe sobre la situación social española de Cáritas, que derriba de forma inapelable los mensajes de la propaganda oficial sobre la recuperación económica, al tiempo que presenta un tenebroso panorama que puede poner en cuestión las hipótesis optimistas sobre la paz social que defienden buena parte de los expertos.

Que tras casi seis años de crisis económica hayan nacido pequeños grupos decididos a enfrentarse con piedras y barras de hierro a la policía no debería sorprender a nadie. Es lo mínimo que puede ocurrir y sólo es noticia en España, cuando en cualquier otro país de nuestro entorno es moneda corriente. Lo llamativo es que el fenómeno haya tardado tanto en aparecer por nuestros lares, cuando en Gran Bretaña o en Italia, y no sólo en Grecia, se ha registrado hace ya unos años, y con dimensiones claramente superiores a las nuestras. La gran noticia en torno a los episodios violentos del 22M es el desastre de la respuesta policial a los mismos, que confirma, de nuevo, la ineptitud sin límites de la cúspide del Ministerio del Interior, cuyo titular y principales colaboradores deberían haber sido cesados automáticamente por un gobierno normal.

Observados con mínima frialdad analítica, los hechos en cuestión no expresan ningún cambio cualitativo en el ambiente social español. Mucho más significativo en ese contexto es la gran participación en la manifestación del pasado sábado, un hecho que prácticamente ha pasado desapercibido en la gran escena mediática. Y no por casualidad. Porque si era perfectamente previsible que las televisiones oficiales u oficiosas lo ocultaran, resulta cuando menos sorprendente que El País, que sigue siendo una referencia, sobre todo en estas cuestiones, se limitara por primera vez en su historia a proporcionar únicamente la estimación sobre el número de manifestantes que hizo la Policía Municipal –que lo cifró entre 35.000 y 50.000, probablemente sólo la décima parte, como poco, de los reales–, absteniéndose de hacer cálculos autónomos al respecto.

Entre el protagonismo forzado que han adquirido los hechos violentos y el olvido mediático de lo demás, el claro aumento de la movilización social que se produjo el 22M ha pasado así prácticamente inadvertido para la mayoría de los españoles que no estuvieron allí. Pero ese sí que es un asunto para la reflexión. ¿Por qué el pasado sábado se congregó en Madrid muchísima más gente que en las muchas últimas similares convocatorias? ¿Fue un éxito de los organizadores que supieron cómo movilizar a todos los efectivos potenciales de la protesta, sacándolos del último rincón de España, fue el resultado de un nuevo clima de contestación que estaría empezando a romper el abatimiento que, según muchos, domina en esos ambientes, o fue la conjunción de ambas cosas? ¿Ha sido algo puntual e irrepetible o, por el contrario, es el inicio de una nueva tendencia? De eso es de lo que habría que hablar, al menos en la izquierda, incluido el PSOE, que no se cubrió precisamente de gloria al mantenerse al margen de la convocatoria.

El informe Cáritas-FOESSA que acaba de presentarse –y del que hay pocas referencias en los medios masivos– añade nuevos a esa reflexión. Más allá de los datos sobre la pobreza, sobre el aumento de la desigualdad, sobre la necesidad de un salario social para las personas en situación de pobreza extrema –que costaría 2.600 millones de euros, "menos de lo que exige rescatar las autopistas de peaje", dice Cáritas– cabe destacar esta frase del texto introductorio: "Tras seis años de crisis, hoy en España las personas que no padecen ningún problema de exclusión social se han convertido en una estricta minoría. La fractura social entre aquellos que se encuentran en la franja de integración y los que se encuentran en situación de exclusión se amplía. Entre ambos grupos, unas clases medias que, según nos indican todos los datos, decrecen y transitan, parte de las mismas, hacia los espacios de la exclusión".

¿Puede incidir esa dinámica en el clima de contestación? Muy probablemente, sí. Lo que no se puede decir es cuánto ni cuando. Está claro que en España funcionan poderosos amortiguadores de la tensión social. A la cabeza de ellos, las ayudas públicas, la economía sumergida y la solidaridad familiar. Aparte de una actitud generalizada de comedimiento en el enfrentamiento social –fruto de muchos elementos, incluido lo que algunos llaman la "mala conciencia" de los excesos pasados– el complemento indispensable de esos factores es la falta de un referente movilizador claro, político y organizativo.

El hecho de que sea Cáritas, una ONG dependiente de la Conferencial Episcopal, la única capaz de ofrecer un cuadro orgánico de la situación –otra cosa es que sea completo– confirma el retraso de la izquierda en este terreno. Pero el 22M puede indicar que algo se está moviendo también en este capítulo. Y que más adelante –¿quién sabe cuánto?– se pueda ir deteriorando la paz social, que hoy constituye uno de los ingredientes fundamentales del statu quo económico y político. El hecho de que la exclusión afecte ya a la gran mayoría puede impulsarlo.

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