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Europa, espacio para la izquierda

Los países de la UE no tienen por separado la dimensión y el liderazgo suficientes para plantear políticas económicas alternativas: ni frente a las que establece el consenso globalizador ni frente a las que impone el marco comunitario

Las normas imperantes asfixian todo intento de desplegar iniciativas orientadas de forma seria a mejorar la calidad general de vida, a impulsar un modelo de desarrollo alternativo e incluyente y a combatir la desigualdad y la pobreza

¿Oponerse a los plazos exigidos por Bruselas? Sí, con decisión, siendo muy conscientes de la necesidad de acumular fuerzas, dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras

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Es difícil sustraerse a la impresión de que la izquierda se ve enfrentada a enormes dificultades para plantear alternativas económicas significativamente diferentes a las dominantes. Aunque se rechace la tesis de la impotencia absoluta de los Estados (en la línea de optimistas al estilo de V. Navarro ), cada día parece más evidente que la globalización impone restricciones muy severas a la política económica: restricciones que fuerzan a seguir la ortodoxia, focalizando la política económica hacia el fomento de la competitividad nacional. Sólo las economías muy grandes y potentes pueden disponer de mayores márgenes de libertad.

Es una limitación que se produce aún mucho más intensamente en el marco de la Unión Europea y sobre todo de la Eurozona, en la que las normas imperantes asfixian todo intento de desplegar iniciativas orientadas de forma seria a mejorar la calidad general de vida, a impulsar un modelo de desarrollo alternativo e incluyente y a combatir la desigualdad y la pobreza. De forma tal que los países de la UE se enfrentan a una doble limitación. No tienen por separado la dimensión y el liderazgo suficientes para plantear políticas económicas alternativas: ni frente a las que establece el consenso globalizador ni frente a las que impone el marco comunitario.

Pero la Eurozona sí podría. Su peso económico total lo posibilitaría: aunque algo inferior al del conjunto de la UE (la mayor economía del mundo tanto en términos de producción como de comercio exterior), sus mucho mayores niveles de integración la dotan -si quisiera ejercerla- de una capacidad de actuación muy superior. Por eso una Europa unida -de la que la Eurozona es, pese a todos sus defectos, la expresión más avanzada- es la mejor posibilidad para una política progresista: el único espacio válido en el que los Estados europeos podrían desplegar una alternativa económica factible y transformadora y capaz, al tiempo, de afrontar los graves problemas de la Eurozona de forma coherente con los intereses mayoritarios.

Desde luego, ni la evolución ni la situación actual del proyecto de integración europea permiten albergar muchas esperanzas en tal sentido. Su propia concepción ha respondido a factores geopolíticos y, sobre todo, económicos que excluyeron de entrada la voluntad democrática y las políticas sociales; factores que sólo se han incluido posteriormente de forma muy insuficiente. La integración, por otra parte, ha avanzado muy desequilibradamente: mucho en los ámbitos comercial, financiero y monetario, pero muy poco en el político, convirtiendo a la Eurozona en una trampa mortal en situaciones de problemas económicos graves, en las que ni los países miembros ni la propia Eurozona disponen de recursos imprescindibles de política económica, como se está comprobando trágicamente en la actualidad.

Los intentos de respuesta a la crisis, además, han acentuado su carácter tecnocrático y su debilidad democrática, focalizándose en medidas de austeridad que han comportado recortes en los Estados de Bienestar, aumentos de la desigualdad y empeoramiento de la calidad de vida de amplios sectores de la población, sin estimular significativamente el crecimiento ni resolver los problemas esenciales. Al tiempo, se ha intensificado hasta extremos insospechados su perspectiva mercantil e insolidaria y se ha ensanchado peligrosamente la brecha entre países centrales (acreedores) y periféricos (deudores), de la mano de estrategias que claramente favorecen la posición dominante de los primeros. No es de extrañar, así, que esté aumentando rápidamente entre la ciudadanía la insatisfacción con la idea de Europa, a la que se ve como incomprensible origen de políticas antipopulares, de limitaciones para la acción nacional y de imposiciones externas. El Brexit, las actitudes nacionalistas y el crecimiento de partidos populistas antieuropeos son las manifestaciones más significativas de un fenómeno muy general y muy grave.

Pero no es algo irremediable en el proyecto europeo. Es resultado de un planteamiento inicial y de una evolución que pueden corregirse. Y es resultado también del peso dominante de gobiernos conservadores en muchos países europeos. Pero todo ello podría cambiarse si se dispusiera de la voluntad y de la fuerza políticas adecuadas. Un compañero de Economistas sin Fronteras lo recordaba en estas mismas páginas a comienzos de verano: “...C ualquier cambio posible pasa por una batalla política que altere las reglas del juego establecidas por la UE” (Juan Luis del Pozo, “Ciclos electorales, debates y conflicto” ).

Claro que para eso haría falta algo que la izquierda europea ha dejado de lado desde hace demasiado tiempo (frente a la unidad de fondo de las fuerzas conservadoras y de las grandes empresas): un planteamiento coordinado de los diferentes partidos y organizaciones progresistas para impulsar consensuada y paralelamente las reformas que la UE necesitaría para hacer posibles sus propuestas.

Desde luego, no se trata de nada original. En España se han escuchado repetidamente voces en este sentido: muy tímidamente en el PSOE y mucho más rotundamente en IU y, sobre todo, en Podemos. De hecho, algunos de los más destacados economistas de este último partido vienen señalando con firmeza ideas similares: “¿Oponerse a los plazos exigidos por Bruselas? Sí, con decisión, siendo muy conscientes de la necesidad de acumular fuerzas, dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras, pues sólo de esa manera estaremos en condiciones de vencer las resistencias (los intereses) que encontraremos en el camino. Pero ha llegado la hora de proponer una alternativa al pacto fiscal, que representa la no Europa, la Europa de los poderosos” (Fernando Luengo, “¡Reducir el déficit público no es el objetivo de un gobierno decente!” ). Con todo, no se trata sólo de oponerse a las políticas de austeridad. Se trata de plantear el conjunto de la estrategia económica a nivel europeo y de forma coordinada: un programa sólido de reforma de la UE en el que poder basar de forma convincente las propuestas de actuación interna que pueden ser únicamente realizables con cambios en el marco europeo. Y esto es algo que ningún partido europeo se ha planteado con suficiente seriedad y de forma prioritaria.

Esa es la virtualidad máxima del Movimiento Democracia en Europa 25 (DiEM25 por sus siglas en inglés - Democracy in Europe Movement 25-) que está impulsando, entre otros, el ex-ministro griego Yanis Varoufakis . Un movimiento que surge de la trágica experiencia de Grecia y del correspondiente convencimiento de la imposibilidad de alternativas a nivel de un solo país al actual dogma de la UE y que -frente a las tentaciones de salida de la UE y/o de la Eurozona de sectores de la izquierda- quiere plantear un programa común para Europa como estrategia prioritaria para la izquierda europea y como base para un más amplio “internacionalismo progresista” . Un programa cuyas ideas básicas, creo, podrían sintetizarse en las siguientes:

1. Una vez dentro de la zona euro -en la que seguramente no se debió entrar-, la salida puede ser con toda probabilidad un remedio peor que la enfermedad.

2. Frente a esa probabilidad, la Unión Europea puede ser el espacio necesario para posibilitar una estrategia política, social y económica que posibilite una salida progresista de la crisis y una alternativa al modelo económico dominante, inviables a nivel nacional.

3. Para ello, es necesario un consenso de la izquierda europea sobre cómo afrontar los problemas esenciales de Europa. Un consenso orientado a impulsar una profunda transformación en la Unión Europea que debe pasar por una democratización, una legitimación y una europeización (una mutualización de políticas) radicales. En el proyecto inicial -y de ahí su nombre-, 2025 debería suponer un punto de inflexión crucial en todo este proceso, con la convocatoria de una Asamblea Europea constituyente.

4. Ese consenso y esa transformación deberían pasar a ser prioridades básicas de la izquierda europea.

5. El éxito del proyecto, naturalmente, dependería de la capacidad política de la izquierda: sin alcanzar el poder a nivel nacional y en el Parlamento Europeo, nada de lo anterior sería posible.

Se trata de ideas que están recibiendo acogida favorable en diferentes ámbitos (en España ha encontrado ya un eco próximo en el Plan B para Europa ), pero de complejidad y dificultad evidentes y que -como no podía dejar de ser- están también siendo cuestionadas desde posiciones de izquierda (véase, por ejemplo, la muy interesante polémica entre Varoufakis y Lorenzo Marsili con el político italiano Stefano Fassin a ). Quienes nos alineamos con ellas no podemos contemplar este debate sino con esperanza: ojalá que sea amplio, colectivo y riguroso y que se profundice en él desde todas las perspectivas interesadas, ya que en él puede estar en juego el futuro no sólo de la izquierda europea, sino de la propia Europa. Porque, como ha escrito Álvarez Junco , un salto de ese tipo “...es exactamente lo que necesita la Unión Europea: dejar de ser una colección de Estados soberanos y basar su poder supremo en un sujeto o comunidad superior a ellos”. Una razón más, por otra parte, para impulsar alianzas de la izquierda a nivel nacional. ¿Una quimera?

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

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