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Exclusión financiera y desigualdad social

Se está abriendo una brecha entre quienes son capaces de acceder y utilizar los servicios bancarios en condiciones adecuadas y quienes no pueden hacerlo

La UE ya ha comenzado el proceso para garantizar el derecho a una cuenta bancaria para todos los ciudadanos a través de la Directiva Europea de Cuentas de Pago

La experiencia de la crisis debería de servir para replantear el modelo de banca social y su potencial papel para recuperar la dañada confianza de la ciudadanía

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Cuando se habla de exclusión financiera, rara vez pensamos en los países ricos y altamente bancarizados como España. Nos escudamos en cifras que muestran que un 94% de los hogares disponen de una cuenta bancaria [1] para pensar que este problema no nos afecta. Sin embargo, la Comisión Europea define la exclusión financiera como el “proceso por el cual la gente encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el mercado general, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen”. Y lo cierto es que nuestra sociedad nos condiciona enormemente respecto a la utilización de estos servicios. ¿Quién puede disponer de un trabajo formal sin cuenta bancaria en la que domiciliar la nómina? ¿Hay alternativa al préstamo hipotecario para la compra de una vivienda? ¿Y qué pasará con las pensiones públicas? Si no tienes capacidad de ahorro, la perspectiva te la pintan muy negra.

Pues también es cierto que la brecha social se está abriendo entre las personas que son capaces de acceder y utilizar estos servicios bancarios en condiciones adecuadas, a quienes les aportan un valor añadido, y otras personas a las que cada vez les cuesta más acceder a una cuenta bancaria, que han de pagar un mayor coste por mantener sus ahorros en un banco o al solicitar un crédito y se enfrentan a mayores dificultades porque la atención es menos personalizada. Estas personas se definen como consumidores vulnerables en el mercado bancario, y pueden experimentar mayor dificultad para eludir malas prácticas comerciales o para controlar sus decisiones financieras.

Recordemos que apenas un tercio de la población se puede considerar completamente integrada desde un punto de vista social (en 2007 este porcentaje era del 50%, Fundación Foessa 2014 [2]): la mayor parte de la ciudadanía se enfrenta a problemas de precariedad laboral y económica, de salud y de participación social o política. A estas personas les queda la banca low-cost, innovadora y basada en algoritmos y medios electrónicos con los que es complicado negociar, con una restricción importante a servicios que requieren la evaluación de riesgos, como el crédito – palabra que significa confianza-, y el recurso de recurrir a familiares y amigos cuando necesiten financiación para un imprevisto, aumentando el círculo de vulnerabilidad hacia su entorno más cercano. Y es que en España el crédito rápido o incluso tipo ‘ payday loans’, con tintes de usura, se enfrenta a fuertes lazos sociales que, al menos, han evitado un recrudecimiento de la situación de sobreendeudamiento generalizado.    

De la desigualdad socio-económica a la exclusión financiera 

En particular, las zonas urbanas se están enfrentando a una creciente desigualdad socioeconómica, factor que puede llevar a la discriminación bancaria de determinados barrios y colectivos. De hecho, la reducción de oficinas durante la última reestructuración bancaria ha sido más intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de renta y mayor porcentaje de población extranjera.

Se asume que los servicios bancarios son básicos para la completa integración de las personas en la sociedad actual, pero los poderes públicos están deshaciendo su participación en las entidades bancarias. Existe una contradicción entre lo que tiende a considerarse un servicio básico y la desvinculación pública que delega su prestación a los mercados. La reciente crisis ha demostrado que el mercado financiero es imperfecto y que las consecuencias sociales causadas por los intereses contrapuestos de diferentes grupos de interés pueden llegar a ser muy graves.

La intervención estatal reciente de entidades con graves problemas de solvencia demuestra que no basta con considerar la prestación de servicios de transacción, de ahorro y de crédito como una mera cuestión de mercado, sino que implica responsabilidades para toda la sociedad. Sin embargo, esta intervención se considera transitoria, hasta que las entidades rescatadas puedan ser de nuevo atractivas para los mercados de capitales. Las dificultades de uso de los servicios bancarios, el concepto más relevante para la exclusión financiera en los países desarrollados, pueden seguir agravándose en una situación en la que el mercado toma las decisiones y la sociedad se limita a asumir la responsabilidad ante los fallos del mismo.

En términos territoriales, una asunción plena de los servicios bancarios como servicio básico implicaría garantizar su prestación con una cierta cobertura territorial y poblacional, como se realiza con los servicios farmacéuticos, de transporte o postales.

El derecho a una cuenta bancaria en Europa

La Unión Europea ya ha comenzado el proceso para garantizar el derecho a una cuenta bancaria para todos los ciudadanos a través de la Directiva Europea de Cuentas de Pago 2014/92/UE, pero aún no se vislumbra cómo se aplicará en España, a pesar de que el límite para su transposición vence en septiembre de 2016. Como contraste, en Reino Unido se ha cerrado ya un proceso de consulta pública abierto a los ciudadanos y diversos grupos de interés, y en Alemania se perfila un proyecto de ley que pone un foco particular en la situación de los refugiados y su derecho de acceso a una cuenta bancaria.

Será relevante comprobar si su aplicación en España tendrá en cuenta al colectivo inmigrante no regularizado y cómo se considerará el concepto de ‘personas residentes’, ya que la directiva incluye a las “personas en busca de asilo, de conformidad con la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativos al estatuto de los refugiados y otros tratados internacionales pertinentes”, además de permitir una interpretación extensiva del término.

En definitiva, la inclusión financiera de los ciudadanos posee una perspectiva moral, implícita en el surgimiento de la banca social. De hecho, “la banca sin ánimo de lucro surgió con el objetivo de restaurar la confianza en el mercado bancario” (Hansmann, 1996) [3]. La crisis debería de servir para replantear el modelo de banca social y su potencial papel para recuperar la dañada confianza de la ciudadanía. La banca ética, aquella que integra objetivos sociales y ambientales en su propio ámbito de negocio, ha de replantearse su papel respecto a la inclusión financiera en los países desarrollados, y en concreto en España.

Ésta, aunque se encuentra entre sus objetivos, no ha sido la razón fundamental de su surgimiento, sino el apoyo a la economía social y sostenible. Pero su objetivo de transformación de la economía es holístico e implica atender otras derivadas sociales y éticas. El retroceso de la denominada ‘banca social’, particularmente de las cajas de ahorro, puede crear un espacio vacío de atención para colectivos desfavorecidos, que la banca ética debería afrontar en la medida de sus posibilidades.

Revell (1989) [4] analizó el surgimiento de las cajas de ahorro como entidades bancarias inclusivas, desde un doble objetivo: el socioeconómico, para evitar que las personas traspasaran la línea de la pobreza debido a sucesos imprevistos; y el político, para evitar conflictos sobrevenidos a causa de la miseria “manteniéndoles [a ciudadanos con escasos recursos] en las capas respetables de la sociedad”. Si en terminología actual sustituimos ‘respetabilidad’ por ‘integración’, éste puede constituir el reto social más importante para la banca española, en un entorno en el que la desigualdad tiende a acrecentarse. 

El artículo refleja la opinión de la autora. Economistas sin fronteras no coincide necesariamente con su contenido.

[1] Banco de España (2014): Boletín Económico, enero 2014. Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2011: métodos, resultados y cambios desde 2008.

[2] Fundación Foessa (2014). Análisis y perspectivas 2014: Precariedad y cohesión social. Madrid: Fundación Foessa y Cáritas Española.

[3] Hansmann, H., 1996. The Ownership of Enterprise. Belknap Press, Cambridge.

[4] Revell, J. (1989). El futuro de las cajas de ahorros. Estudio de España y del resto de Europa. Fundación FIES de la CECA. Madrid

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