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Gatitos bastardos

Estoy preocupada por la confusión de conceptos que parece existir en las cabezas de algunos policías. Y también en los que mandan desde la responsabilidad política a esos policías

El respeto se gana, no se exige y, sobre todo, no se impone

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Coche patrulla de la Policía Nacional.

Coche patrulla de la Policía Nacional.

Era lógico que un juez hiciera un gurruño con la denuncia del bolso A.C.A.B. Eso no me preocupó en ningún momento. Lo hizo el hecho de que a un funcionario de la seguridad del Estado se le ocurriera ponerla. Estoy preocupada por la confusión de conceptos que parece existir en las cabezas de algunos policías. Y también en los que mandan desde la responsabilidad política a esos policías. En este caso porque no sólo sobreentienden e imaginan lo que pone en realidad en el bolso y el ánimo de quien lo porta sino además porque piensen que uno no puede decir que todos los policías son unos bastardos en una democracia donde reina la libertad de expresión. Sí, señores agentes, puedo escribir “todos los policías son unos bastardos”, en castellano incluso. Pueden responderme a su vez que todos los periodistas son unos bastardos. Aquí paz y después gloria. Esa sacralización de la autoridad que destilan, y que es compartida por muchos de sus mandos, está fuera de lugar. El respeto se gana, no se exige y, sobre todo, no se impone.

No es un caso aislado. Esta semana han confluido varias noticias que impelen a una reflexión sobre si estamos ante una utilización de la fuerza legítima del Estado de forma proporcionada o si prima un concepto represor de orden que posibilita acciones que, posteriormente, son tratadas con cierta transigencia en su corrección y que, en caso de que ésta no sea suficiente, son perdonadas directamente. Tenemos, en primer lugar, la extrañeza de Cifuentes por la posibilidad de que se exijan responsabilidades por haber ordenado una carga policial ante pequeñas provocaciones en medio de un acto masivo y pacífico que no había terminado. “Recordamos a la policía que está interviniendo en un acto legal, en zonas en las que hay ancianos y niños”, se llegó a oír por una megafonía desde la que se recomendó al público “no responder a la acción policial”. Cierto es que luego hubo 29 detenidos y un centenar de heridos, muchos de ellos policías. Pero eso fue después y no antes, señora Cifuentes, y eso es lo que va a investigar un juez. La proporcionalidad exige a los responsables policiales y también a los políticos valorar si será peor el remedio que la enfermedad.

También hemos sabido esta semana que Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo en una carga de los Mossos, verá como su desgracia quedará impune porque, dice el tribunal, “nos resulta imposible determinar si el proyectil que impactó era una pelota de goma o un proyectil 40mm foam y, sobre todo, aceptando que una de las detonaciones corresponde al arma del acusado Benjumea, resulta imposible determinar quien efectuó el otro disparo” aunque sí hablan claramente de la cadena de mentiras que se introdujeron en los informes. En todos estos casos el papel que juegan los propios cuerpos es el de proteger a sus miembros y no el de aclarar qué es lo que ha pasado y corregir los errores. Y en el caso de los Mossos merece una severa reflexión puesto que este mismo mes otros seis de sus agentes han aceptado haber causado la muerte de Benítez en una sentencia de conformidad. Una pena de dos años de cárcel que no cumplirán.

No son los únicos. Mientras, la familia de Íñigo Cabacas está esperando saber si el juez abre juicio oral para dirimir responsabilidades por el disparo de una pelota de goma de la Ertzaintza que acabó con su vida a los 28 años. Hay seis ertzainas imputados y un mando, “Ugarteko”, que encima ha denunciado a la defensa de los padres de Cabaca por la reproducción en un diario de las conversaciones que ese día tuvo el operativo y que obran en el sumario.

Parece que estamos en un sistema en el que si se logra pasar la dificultad probatoria de una actuación policial anómala, el Gobierno acaba concediendo un indulto. Es lo que hizo Rajoy indultando a los cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturas a más de seis años de prisión.

Claro que eso sucedía en un país en el que no se tortura. No se tortura porque así lo dice el ministro del ramo que incluso ha llegado a pedir al CGPJ que castigue a un juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, por reconocer públicamente que “las torturas se han producido de manera clara en España y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte en lo que no se ha respondido como correspondía en un Estado de Derecho”. No se tortura porque lo decreta Fernández Díaz, aunque España haya sido reiteradamente condenada por este hecho por el TEDH y aunque sea evidente que jueces como Garzón, y luego otros de la AN, hicieron instalar cámaras que grababan todas las entradas y salidas en las celdas de los detenidos y crearon un protocolo de visitas sorpresa de los forenses mientras duraba la detención policial de terroristas.

Desde luego que no estoy en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ni la ley y el orden. Precisamente por eso quiero policías con una profunda imbricación democrática y una sólida formación en derechos y libertades que les lleve a desarrollar su trabajo dentro del espíritu que emana de nuestra Constitución. No está tan claro que sea así. Les recomiendo que busquen la cuenta “personal” llamada Antidisturbios UIP @FuerzasDelOrden. A mi me bloquearon hace tiempo por afearles el contenido de sus tuit pero ustedes pueden pasar y ver como se refieren a los manifestantes ultraderechistas de la semana pasada y como a los de la manifestación antifascista. Lean, lean.

Yo lo que quiero es que la formación de todas las policías del Estado alcance unos estándares dignos en materia de Derechos Humanos. Que los múltiples informes de Amnistía Internacional, el último de 2010, en los que se insiste en la marginal formación en Derechos Humanos de las policías y los funcionarios de prisiones cambien de tercio. Que se haga un esfuerzo porque esto mejore y nos haga salir de esa zona negra en la que hasta el relator de la ONU nos sitúa a veces.

También aspiro, claro, a que las policías sean mandadas por quienes entiendan que la utilización legítima de la violencia por parte del Estado es la última opción. Aunque en esto los ciudadanos podemos decir aún nuestra última palabra.

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