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¿Puede el contrato único ser de izquierdas?

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Si el mercado laboral español es un desastre para alguien en particular, ese ‘alguien’ son los jóvenes: más del 50% de aquellos que buscan trabajo no lo encuentran, y quienes lo hacen, en su práctica totalidad, es con contratos temporales a pesar de que vayan a ocupar puestos con previsión indefinida.

Calificar la situación laboral de la juventud de precaria es no solo justo, sino también necesario, imprescindible para poner este problema a la cabeza de la agenda política y económica española. Y esta situación no es nueva, ni propia de la presente crisis. Cada vez que el paro aumenta en España, los jóvenes (así como los inmigrantes, las mujeres y los trabajadores más mayores) son desproporcionadamente ‘castigados’ en comparación con otros países europeos. 

Como resultado, la población española en edad de trabajar queda dividida entre ‘insiders’ y ‘outsiders’ en el sistema. Uno era ‘outsider’ hasta que pasaba de ser temporal a indefinido: todos recordamos a amigos y familiares diciéndonos en un momento dado, con una sonrisa de oreja a oreja: “Me han hecho fijo”. Era un “he entrado en el sistema, estoy seguro al fin”. Con la presente crisis hemos podido comprobar amargamente cuán cierto era esto. Atención al siguiente gráfico de destrucción de puestos de trabajo:

Desde 2007, durante la crisis, la destrucción de empleo ha sido de sólo un 3% entre trabajadores fijos. Sin embargo, el número de trabajadores temporales se ha reducido un 31%. Es decir, la destrucción de empleo ha sido diez veces mayor para trabajadores temporales que fijos.

Además, se ha interrumpido, como cabía esperar, la ‘entrada’ en el sistema:

Esta situación ha creado una división dentro de la clase trabajadora que amenaza directamente la coherencia ideológica del proyecto socialdemócrata: sindicatos y partidos de izquierda, como tristemente hemos comprobado, dejan de tener incentivos para proteger a los trabajadores en su conjunto para centrarse en los ‘insiders’.

La meta está clara: romper esta dualidad, impidiendo que los jóvenes ‘paguen’ el ajuste de manera sistemática, acabando con la temporalidad. Para ello hemos de comprender el porqué de esta situación. Ante una caída de la demanda, la empresa que se plantea despedir decide echar a los trabajadores temporales o jóvenes indefinidos porque existe una brecha de coste muy alta entre costear estos despidos y hacer lo mismo con indefinidos antiguos, de manera que ni siquiera una diferencia en productividad es tenida en cuenta.

Dicho de otra forma: a pesar de que Fulanito, de 29 años, con dos masters y cinco idiomas, es mucho más productivo que Menganito, de 50 años y que a duras penas acabó la carrera, el despido de Menganito es absurdamente caro en comparación con el de Fulanito. Así que echo a Fulanito.

En el diagnóstico de este problema es difícil estar en desacuerdo. Ahora, la discusión política viene cuando intentamos plantear soluciones, que atenderán a tres variables diferentes: modelos de contratación, protección adicional al trabajador y coste del despido. Los juegos con estas tres variables determinarán si apostamos por una solución más liberal o más igualitaria. Pero lo que está claro es que la actual situación no es defendible desde ningún punto de vista: la dualidad tiene lo peor de ambos mundos, al fin y al cabo, al contar con la gran volatilidad del mercado laboral desregulado y la estratificación del rígido y extremadamente regulado.

La respuesta más liberal consiste en flexibilización en los modelos de contrato, despido mucho más barato o libre, y ausencia de subsidio más allá de un mínimo. El problema es que en ese caso el trabajador queda sin protección, dejado a su suerte ante un mercado, el laboral, que sabemos bien que no es, ni de lejos, de competencia perfecta. Es llevar al mercado a la volatilidad absoluta desde la desregulación, e ignorar, de paso lo más básico de las lecciones análisis económico.

Frente a esto, la alternativa es acabar directamente con la contratación temporal y establecer un contrato indefinido como único modelo posible para las empresas. Esta es la propuesta que lleva un tiempo circulando en varios foros académicos y económicos, y entre los que me cuento como defensor.

Ahora bien, el contrato único solo afecta a una de las tres variables descritas: los modelos de contratación. Perfectamente podríamos estar hablando de un contrato único indefinido con despido libre y sin proteción adicional para el desempleado, lo cual se diferenciaría, a efectos prácticos, más bien poco de un programa liberal. También podríamos hablar de un coste de despido de 45 días por año trabajado (uno de los más altos del mundo occidental) y un subsidio de desempleo del 98% del salario durante cinco años tras el despido, lo cual supondría una solución prácticamente socialista.

Pero si lo que buscamos es acabar con la dualidad a la vez que crear un mercado laboral que proteja al trabajador y le asegure que ‘nunca se va a quedar solo’ (sin subsidio y sin trabajo) y a la vez permitiendo que las empresas puedan ajustar su plantilla a la producción (lo cual es una política particularmente ‘social’ en un país donde el 95% de las empresas son micro, pequeñas o medianas), entonces una buena idea será la siguiente: hacer la indemnización por despido creciente, de manera que se incremente a medida que éste lleva más años en la empresa. Esto suprime la brecha de coste actual a favor de la temporalidad y protege a los trabajadores de más edad, que, como sabemos, tienen más dificultades para reincorporarse al mercado.

En términos de protección social, cabría habilitar la llamada ‘mochila austríaca’: cada trabajador es beneficiario de una cuenta de prestación por desempleo. El empleador haría aportaciones (iguales) a esa cuenta. Si el empleado es despedido, podría rescatar su prestación de esa cuenta; si decide no hacerlo, o no la necesita, al final de su vida laboral esa cuenta se incorporaría a su pensión.

Esta propuesta combinada cumple todos los requisitos que un socialdemócrata puede pedirle a una política para ser tomada como propia: se dirige a un colectivo desprotegido, busca incrementar la igualdad ‘por arriba’ terminando con la precariedad, respeta sin dejar de regular el comportamiento empresarial, y supone una mejora media en el nivel de protección social actual. En una izquierda socialdemócrata responsable y conocedora de la situación, no cabe una defensa del statu quo actual. Es necesario encontrar alternativas sólidas y factibles. Como la que aquí se ha presentado.

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