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Qué queremos decir cuando hablamos de impago

El objetivo de las auditorías ciudadanas de la deuda es determinar qué parte de la deuda contraída por las administraciones puede contener indicios de ilegalidad o, en otro plano, de ilegitimidad

No se trata de que un gobierno declare unilateralmente un impago generalizado, sino de distinguir qué parte de la deuda podría estar sujeta a renegociación o ser susceptible de nulidad

La ortodoxia económica neoliberal se desacredita por sí misma ante la situación actual y con unas políticas que atienden solamente a las cifras macroeconómicas, mientras naufragan estrepitosamente en otros muchos aspectos

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EFE

Hace escasamente una semana, en un programa de televisión dedicado al análisis de la actualidad política, un economista hacía referencia a los “puntos negros” del programa económico de Podemos, refiriéndose con esta expresión a las propuestas del partido liderado por Pablo Iglesias sobre la gestión de la deuda. El experto cuestionaba la conveniencia de plantear un hipotético impago y realizaba una mención concreta al concejal de Economía y Hacienda del gobierno municipal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, quien según sus palabras se había manifestado públicamente a favor de dicha medida.

Refiriéndose como ejemplo a un país que acude a los mercados con el fin de obtener financiación, el economista decía que habría que “explicarle a este señor” cómo funcionan los bonos de deuda pública emitidos por los estados. A continuación señalaba cómo estos títulos se pueden poner en circulación con un descuento en la emisión sobre su valor nominal, debiendo satisfacerse en el momento de su amortización la totalidad del mismo. ¿Qué pasaría si el estado que emite ese bono se negara a pagar las cantidades adeudadas en el momento del vencimiento, afectando por ejemplo a un fondo que gestione el dinero de las pensiones públicas de otro país? Evidentemente, en este caso se estaría perjudicando injustamente un interés legítimo.

Como no puede ser de otra manera, todo el mundo tiene derecho a discrepar, pero escuchando hablar a esta persona no pude evitar lamentar el poco grado de conocimiento que existe sobre algunas alternativas que se plantean desde las izquierdas y la facilidad con que éstas se despachan en los foros de máxima audiencia. De entrada, ya en algunos momentos llega a provocar hastío el tono condescendiente y las dudas sobre la capacidad de las personas que, sin haber desarrollado su carrera en la política, recientemente han accedido a las instituciones a través de las candidaturas de confluencia o las listas de Podemos.

Para el caso al que estamos haciendo referencia, Carlos Sánchez Mato, una persona con una trayectoria destacada como activista, no ha sido ajeno al desprestigio promovido por algunos medios contra los concejales de Ahora Madrid y, ya en general, contra cualquier economista que se aparte de la línea ortodoxa. Una ortodoxia que, paradójicamente, se desacredita por sí misma si atendemos a la situación actual y salimos de la estrechez de miras de unas políticas que atienden solamente a las cifras macroeconómicas, mientras naufragan estrepitosamente en otros muchos aspectos.

Detengámonos, sin embargo, en el tema de la deuda. Vaya por delante que hablar directamente de impago es simplificar una cuestión que exige un mayor desarrollo, y es que realmente el punto de partida del proceso que se ha venido reclamando desde hace décadas por muchos colectivos, ONGs y movimientos sociales es el de la realización de auditorías ciudadanas de la deuda.

La auditoría ciudadana es un ejercicio de transparencia que puede ser impulsado desde las instituciones pero que, como su propio nombre indica, debe tener como protagonista a la ciudadanía. Se trata, ni más ni menos, de que ésta conozca y comprenda cómo operan los mecanismos a través de los cuales se genera la deuda, así como sus efectos. Por otra parte, es importante señalar que puede realizarse en los diferentes niveles en los que se despliegan las administraciones públicas: local, autonómica y estatal, si nos referimos al estado español. A través de este proceso el objetivo es determinar qué parte de la deuda contraída por las administraciones puede contener indicios de ilegalidad o, en otro plano, de ilegitimidad.

Bajemos a lo concreto y centrémonos en el caso de España, donde sabemos la urgencia con que se aprobó una reforma de la Constitución para situar el servicio de la deuda por encima de cualquier otro gasto que pudiera acometer el Estado en el ejercicio de sus funciones.

Así, si ponemos el foco en la administración general del estado, el interés residiría en explicar cómo la deuda generada por la pérdida de valor de los activos inmobiliarios en manos de los bancos tras la explosión de la burbuja española ha pasado, de ser fundamentalmente una deuda privada de las entidades financieras a formar parte, vía rescates, de una deuda pública de la cual debe responder el conjunto de la ciudadanía.

Por otro lado, y a nivel de administraciones de rango inferior como la autonómica o la local, resulta igualmente interesante poner en relación su sistema de financiación y sus competencias con el uso que se ha hecho de los recursos públicos en actuaciones que poco tienen que ver con el interés general. Los casos de corrupción que se han ido destapando sucesivamente en los últimos años ponen de manifiesto una lógica en la cual las comisiones y adjudicaciones de contratos públicos, los sobreprecios y otro tipo de prácticas no han constituido algo excepcional sino que han sido habituales.

Siempre puede argumentarse, como hacía el economista invitado al programa de televisión, que un tercero no tiene por qué sufrir las consecuencias de una serie de acontecimientos que se desarrollan en el ámbito interno de los estados y que, en aras de mantener la confianza de los mercados, aquellos deben atender sus obligaciones de pago por encima de todo como así ha quedado recogido en el propio texto constitucional. Ahora bien, ¿debe ser así en todos los casos? ¿Qué tipo de incentivos se están creando cuando un tipo de prácticas que han puesto en peligro la estabilidad económica global no se sancionan? ¿Acaso no se están alentando conductas de riesgo, a través de las cuales se puede obtener una mayor rentabilidad, sabiendo que a la hora de la verdad tales riesgos los asumirá el conjunto de la sociedad? En otras palabras, ¿no deben acreedores y gestores asumir ningún tipo de responsabilidad?.

En definitiva las auditorías, además de servir al empoderamiento de la ciudadanía, cumplen la función de determinar que parte de las obligaciones a las que debe hacer frente el estado se han podido contraer contraviniendo la ley o en perjuicio del interés público que deben salvaguardar las administraciones. No se trata pues de que un gobierno declare unilateralmente un impago generalizado, sino de distinguir qué parte de la deuda podría estar sujeta a renegociación o ser susceptible de nulidad.

Esto nos lleva a otra cuestión, y es que conviene ser asimismo conscientes de los límites que pueden tener este tipo de procesos y que han quedado reflejados en las negociaciones que tuvieron lugar durante el pasado año 2015 entre Grecia y la Troika. En una situación de antagonismo y de conflicto de intereses, este tipo de argumentos pueden valer muy poco cuando una de las partes tiene un poder abrumador sobre la otra para imponerle sus condiciones. Sin embargo, aquí nos salimos ya del terreno de la inefabilidad económica para entrar en el campo de la política.

Y es que precisamente porque este tipo de negociaciones deben leerse en clave política, lo primero que habría que hacer es posicionarse en función de los intereses de cada parte, y lo que es absurdo es pensar que en política no hay conflicto y todos tenemos las mismas aspiraciones. Los intereses de la mayoría no pueden coincidir con los del 1%, aunque intenten convencernos de lo contrario.

Debemos tomar conciencia de la importancia de establecer redes con otros países europeos afectados por la austeridad y sometidos al yugo de la deuda. Debemos cuestionar conjuntamente la construcción antidemocrática de una Europa que amenaza con perpetuar los desequilibrios entre el centro y la periferia, a través de una división del trabajo que condena a las economías de países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia o España a la subsidiariedad, con las consecuencias que ello conlleva en términos de precariedad, pérdida de derechos laborales y deterioro de los servicios públicos. Las auditorias pueden ser una herramienta para llevar a cabo estos objetivos y reforzar las posiciones de los deudores en una hipotética mesa de negociación.

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

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