La experiencia de Angrois hace 13 años: laberinto judicial para las víctimas y una espera eterna para señalar responsables

Doce años y medio después, el accidente del Alvia que descarriló en Angrois y en el que murieron 79 personas y sufrieron heridas 143 sigue pendiente de la Justicia. En julio de 2024, justo cuando se cumplían 11 años, llegó la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela que condenó a dos años y medio de cárcel tanto al maquinista, Francisco Garzón, como al que era director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en funcionamiento la línea, Andrés Cortabitarte. Pero casi nadie se conformó con esa conclusión y recurrieron 52 víctimas, una de las asociaciones de perjudicados, Fiscalía, Adif, Renfe, las dos aseguradoras –Allianz Global y QBE– y los dos condenados.

El choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) –uno de ellos operado por Renfe y el otro, por la empresa privada Iryo–, en el que hasta el momento se contabilizan 40 personas fallecidas y 152 heridas, ha traído a la memoria lo ocurrido a la entrada de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. Aquel día, la víspera de su fiesta grande, la capital gallega congeló las celebraciones con la noticia de que un tren había descarrilado en Angrois. En este caso, el propio maquinista apuntó desde el primer momento a la causa: admitió que se había despistado y que aquel era un tramo crítico, de cuyo peligro habían avisado los maquinistas sin que se modificase la señalización. Se trataba de una zona en la que había que hacer una reducción brusca de velocidad, de 200 a 80 kilómetros por hora, para entrar en la curva de A Grandeira y que no estaba cubierta por el sistema de seguridad más avanzado, el ERTMS, sino que la responsabilidad recaía totalmente en quien guiaba el convoy.

La sentencia recogió los dos factores para explicar el siniestro: el maquinista se despistó tras atender una llamada del interventor, pero en ese tramo no se habían tomado las medidas de seguridad necesarias para mitigar los riesgos. Por ello consideró culpables a los dos acusados y los condenó por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave.

En los años siguientes al accidente, las víctimas fueron recibiendo, en general, compensaciones que fueron adelantando las aseguradoras, pese a que la tragedia tardó más de nueve años en llegar a juicio. Lo hizo en el otoño de 2022 tras una larga instrucción en la que hubo imputaciones y desimputaciones de cargos de Adif y Renfe y en la que se acumuló un abultado sumario. Finalmente, se sentaron en el banquillo el maquinista y el que había sido responsable de seguridad en la circulación de Adif cuando la línea empezó a funcionar.

El proceso estuvo marcado por la movilización de las víctimas, que insistieron en poner el foco en la cadena de decisiones que habían llevado a poner en marcha esa conexión de alta velocidad y en la investigación desarrollada en España sobre lo ocurrido. Las indagaciones técnicas fueron responsabilidad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La plataforma de afectados criticó en aquellos años que ese órgano, que debía revisar un evento en el que tanto Adif como Renfe tenían intereses directos, integraba a técnicos vinculados a estas dos empresas públicas. La CIAF se va a hacer cargo también del caso de Adamuz –como lo hace con cada investigación de un accidente ferroviario–, pero la manera de elegir a sus integrantes ha cambiado desde el siniestro de Angrois.

Las críticas a la CIAF

La comisión se creó en 2007, mediante un real decreto que establecía que tanto el presidente como los vocales serían nombrados directamente por el titular del Ministerio de Fomento –ahora denominado ministerio de Transportes–. Después pasaron a ser elegidos a propuesta de ese ministerio, pero con la supervisión de la comisión competente en la materia en el Congreso de los Diputados, que podría vetar a los miembros. El presidente de la CIAF es, desde 2023, Ignacio Barrón. Cuando fue nombrado, la plataforma de víctimas de Angrois afeó la elección: recordó que fue quien lideró la comisión técnica que promovió Fomento, con Ana Pastor al frente, tras el accidente de Santiago para que diese asesoramiento en materia ferroviaria. En la actualidad está pendiente la puesta en funcionamiento de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

La falta de independencia de la CIAF cuando indagó sobre Angrois fue una de las cuestiones que la Agencia Ferroviaria Europea criticó en un informe de 2016. No fue el único: consideraba que su análisis del siniestro era incorrecto, al atribuirlo en exclusiva al despiste del maquinista. Ese documento se dio a conocer en julio de 2016, pero estaba preparado desde principios de ese mismo año. El Gobierno español, entonces dirigido por Mariano Rajoy (PP), maniobró para sostener su versión oficial sobre el accidente, que descargaba las responsabilidades básicamente sobre el maquinista. En mayo de 2016 –un mes antes de unas elecciones generales que volvió a ganar el PP–, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, remitió una carta a la responsable de Transportes de la Comisión Europea, Violeta Bulc, para intentar evitar que se publicase el informe en los términos en los que estaba redactado.

Desde que se conoció el informe europeo, la Comisión Europea ha pedido a España que realice una nueva investigación técnica, pero la CIAF, se negó en varias ocasiones. Aquel informe crucial se elaboró por la insistencia de las víctimas, que denunciaron reiteradamente las trabas que se encontraban en España. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 pidió amparo en Europa y ese fue el impulso para que la agencia ferroviaria de la Unión Europea elaborase el análisis. Lo firmó el que era el jefe de seguridad de este organismo, Christopher Carr, que también declaró en el juicio. Ante la jueza insistió en que el riesgo de descarrilamiento en la curva de Angrois “no se percibió y no se mitigó” y agregó que haber cubierto esa curva con el sistema de control constante de velocidad ERTMS habría sido “una buena forma” de reducir el peligro.

La solidaridad de las víctimas

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia emitió un comunicado tras conocer lo ocurrido en Adamuz. Trasladan su “más sentido pésame y solidaridad” a todas las personas afectadas. “Acompañamos a víctimas y familiares en este momento de profundo dolor y nos ponemos a su disposición, desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia”, añade.

No citan directamente el tortuoso proceso vivido tras el siniestro de Angrois, pero aseguran que confían en que a las víctimas del choque de Adamuz “se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan”.